¿Qué es lo que se discute?

 Unas desafortunadas declaraciones del Presidente Chávez, donde determina que la lucha armada está fuera de orden, han generado una amplísima polémica donde la irreflexión también ha ganado un espacio.

 Cuando se habla de lucha armada, se especula en la última instancia, en una realidad donde matar o morir es una posibilidad palpable, no utópica. Se juega todo en el intento de lograr un fin que es el impulso de un proyecto político que, por las razones que sean tenía la vía pacífica vedada. Cuando se está dispuesto a realizar la mayor entrega que un individuo pueda hacer, como es ofrendar su vida, está ínsito en sus propósitos lo mejor del ser humano.  

 Por ejemplo en el caso colombiano, uno de los fines de la guerrilla, de los varios que conforman su proyecto, es que la democracia permita la polémica sin riesgo para la vida de quien manifiesta sus discrepancias.

 Esa es una condición, que a los alzados en armas se le había asegurado en otros procesos de paz anteriores, que  fueron incumplidos por el gobierno de turno y como consecuencia perdieron la vida  miles de personas que creyeron en ese tipo de promesas. Este elemento es el que tiene que tener en cuenta quien quiera opinar. Sin previo aval de salvaguarda, cualquier conminación a la FARC-EP para que deje las armas, es tontería.

 No puede nadie que pretenda comprender el conflicto que afecta a Colombia, dejar de lado la perversa manipulación de la información que a ese respecto realizan los medios de comunicación. El ejemplo más claro de ese nefasto resultado que produce esa adulteración de lo real, se observa en la carencia de argumentos sólidos de los defensores del establecimiento, que no tienen otro recurso que el insulto. Pero sí sirve para comprender de donde se nutre el sistema que no le queda otra opción que los estratos más bajos de su sociedad.   

                                          Antecedentes de otros intentos de Paz

 Por ignorancia, por olvido, por desmemoria, por amnesia, o por la razón que sea, cuando se habla de procesos de paz en Colombia, quienes lo hacen solo se refieren a los que se llevaron a cabo con el gobierno de Belisario Betancur (1982 - 1986) que se conoce con el nombre de Acuerdo de la Uribe, y luego a los que se efectuaron en el gobierno de Pastrana (1998 - 2002) en el lugar ya hoy muy famoso del Caguán. Pero…, hubo un caso más, que fue el primero con las FARC-EP como protagonista.

 Aceptando un decreto de amnistía, un 8 de septiembre de 1953, cerca de 10 mil guerrilleros dejaron las armas. Los que ocupaban territorio en el Tolima y estaban al mando de Manuel Marulanda y de Isauro Llosa no se desarmaron. Se retiraron y siguieron luchando contra la represión que desató Rojas Pinilla, luego que exterminó a varios miles de combatientes pacificados que creyeron en las palabras de paz de un felón.

 Ignacio Ramonet, en el prólogo del libro de Hernando Calvo Ospina El Terrorismo de Estado en Colombia, en su párrafo inicial de la página 11, escribe: “En una fecha tan lejana como es el 2 de septiembre de 1958, esos campesinos guerrilleros le hacían llegar una carta al presidente Alberto Lleras Camargo: “la lucha armada no nos interesa, y estamos dispuestos a colaborar por todas las vías a nuestro alcance en la empresa pacificadora que decidió llevar este gobierno.” Entre los firmantes, Manuel Marulanda Vélez, actual jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC”. Como se ve, ya desde aquel viejo tiempo, las FARC-EP estaban abiertas a cualquier proceso de Paz.

 La Unión Patriótica, que nace por los Acuerdos de la Uribe del 28 de mayo de 1985, entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur Cuartas, asume la condición de partido político legal, incluyendo en su seno, además de los pacificados de la guerrilla, otros sectores de izquierda ajenos a la lucha armada.

 En las primeras elecciones en las que participa (1986), obtiene un caudal electoral que le permite contar con 5 senadores, 9 diputados, 14 diputados departamentales, 351 concejales y 23 alcaldes y sedes que le representaban en todos los rincones del país. Ese era un buen augurio, pero sobre todo, era la Paz. No vamos a extendernos en lo que ya conoce el lector, como es el exterminio masivo al cual fueron sometidos sus militantes hasta erradicarlos del espectro político colombiano.

  Cuál ha sido hasta ahora la conducta de los gobiernos al exterior del país

 El 13 de febrero de 2001, en la urbanización Santa Mónica de Caracas, agentes de INTERPOL, junto a miembros de la policía secreta colombiana, detienen a José María Ballestas acusado de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional ELN. Gobernaba en Colombia Andrés Pastrana. El alerta que les dieron a las autoridades venezolanas permitió frustrar lo que era un vulgar secuestro.

 La molestia del gobierno venezolano se trasuntó en las declaraciones del titular del ministerio del Interior, que expresó el disgusto que provocó que una policía extranjera participara en una operación de ese tipo en el país. El gobierno venezolano, por cautelar las relaciones entre ambas naciones, dio una gran muestra de tolerancia y dejó pasar el incidente por debajo de la mesa.

 Luego hubo un percance muy grave en el Estado Carabobo también con funcionarios de inteligencia colombiana que no fue muy difundido por los medios. En el Estado Zulia, al igual que en otros de la nación, han sido detenidos otros funcionarios policiales y militares colombianos. En una de esas operaciones usuales de irrespeto a la soberanía de otros países, se indujo con soborno a miembros de un componente militar para secuestrar en Caracas a Rodrigo Granda, y trasladarlo a Colombia, como se hizo. Hubo un escándalo, y el gobierno de Uribe, como es conducta ya usual en él, primero dijo que fue capturado en Cúcuta, para luego aceptar el delito  disculpándose y sanseacabó. Es un gobierno el de Uribe irresponsable y mentiroso.

 En el último día de enero de este año, se produjo en el Estado Mérida, el asesinato de un sujeto de nombre Wilber Varela, conocido como “Jabón”, y el de su guardaespaldas Antonio Pérez “el grasoso”. El primero sería un capo del narcotráfico, jefe del cartel del Norte del Valle y se le vincula con el hermano del general Naranjo, preso por drogas en Alemania. Se comentó que el guardaespaldas sería miembro de la Policía Nacional. Existen sospechas fundadas, que altas autoridades del estado colombiano fueron quienes dispusieron el crimen. El gobierno se desvinculó del asunto. 

  Es el mismo gobierno que engañó a Ecuador, cuando bombardearon el campamento de las FARC-EP. Sostuvo entonces, hasta que las evidencias lo desenmascararon mostrando lo contrario de lo que manifestaba, que habían realizado una persecución en caliente, tras haber sido hostigados por los guerrilleros que luego, al aparecer sus cadáveres en ropa interior, desmontó claramente la falacia. Uribe se disculpó con Ecuador. Pero siguió la fiesta.

 Esa operación que conocimos denominada JAQUE, muy extraña, sumamente extraña, que permitió la liberación de los 15 retenidos en poder de las FARC-EP fue una muestra más de la calidad moral del estamento gubernamental colombiano al usurpar símbolos de una institución internacional. Ni Hitler se atrevió a tanto. Hasta último momento en que se vieron desbordados, negaron haber incurrido en prácticas ilegales. Pero eso hicieron, tal como lo admitieron luego, al reconocer haber utilizado los símbolos de la CRUZ ROJA INTERNACIONAL.

 Como es ya usual en el gobierno colombiano, gobierno bien Pinocho, había negado esa posibilidad. Pero, seguramente lo abrumador de la evidencia le obligó a aceptarlo. Claro, efectúa la aclaración: “fue la responsabilidad de la acción personal de un individuo que no involucra ni a las fuerzas militares ni al gobierno”. Listo, en un santiamén, se exonera de toda responsabilidad en ese delito internacional, que eso es lo que perpetró con el hecho el gobierno de Uribe. También afirmó, no podía hacer menos, que no tomaría ninguna medida por quien se dejó llevar por el fervor y se disfrazó de miembro de esa institución internacional. Sabe Uribe que no le creen. No le importa.

 Puede que el ingenuo, el incauto, el crédulo piense que esas acciones al exterior se reduce a los países fronterizos con Colombia. No es así. También tiene funcionarios de inteligencia policial y probablemente militar, en México, los ha habido en Brasil, Argentina, Francia, España y Dinamarca. Los colombianos que viven en este último país han descubierto en estos días, a uno de esos funcionarios del cual han dado nombre y apellidos. Puede ser que los haya también en otros países no nombrados por nosotros.

 ¿Cuál es al interior del país, la conducta del gobierno?  

 Nos enteramos por KAOS que los restos de Guillermo Rivera Fúquene, sindicalista de la Contraloría Distrital, fueron encontrados en estos días. Estaban sepultados como NN en Ibagué Departamento de Tolima. Había desaparecido en Bogotá el 22 de abril de este año y fue enterrado 6 días después. Había sido, como varios compañeros de él, amenazado de muerte. Cumplieron y lo ejecutaron. Los indicios apuntan a la Policía Nacional. Era un trabajador, dirigente sindical y militante político sin relación con la guerrilla ¿por qué razón lo mataron? Por lo mismo que han matado a miles de personas en Colombia; por manifestar públicamente sus quejas, sus discrepancias.

 Revisar en la poca información que dan los medios a ese respecto, ubica ya la cifra de sindicalistas muertos en más de 30 personas en el transcurso del año. No puede generar extrañeza esta cuestión, pues es una práctica cotidiana de estado. Es que esa es una Política de Estado. Sin comprender esto, no se aprehenderá jamás las razones que explican el conflicto.

 No es que se persigue a personas por ser de izquierda, sino a quienes discrepen con los métodos que se aplican, y un ejemplo es el de ese hombre decente llamado Álvaro Leyva Durán a quien incluso con cárcel se le ha amenazado.

 Los desplazados que suman millones de personas, reciben el permiso para manifestar, pero cuando pretenden hacerlo encuentran todo tipo de dificultades que les obligan a transigir en su propósito. Los obstáculos que les crean artificialmente a periodistas que pretenden llevar a cabo sus actividades, como le ocurrió a un grupo de ellos que pretendieron reseñar uno de los enfrentamientos ocurridos el pasado 5 del corriente con bajas de personal del ejército, es una cuestión normal. No sólo no se les permitió cubrir el hecho, sino que por órdenes recibidas telefónicamente, para ahuyentarlos lanzaron dos o tres ráfagas por encima de sus cabezas.

 El ejército no cesa de hostigar a campesinos cualquiera sea el lugar del país al que lleguen. En la escuela ubicada en la Resbalosa, que pertenece y funciona con la Comunidad de Paz, soldados escribieron leyendas como la que de seguidas le damos al lector: “fuera niños guerrilleritos y campesinos guerrilleros que hacen daño a Colombia. Esto ocurrió los días 15, 16 y 17 de este mismo mes.

 En la misma vereda, llegaron hasta la casa de Juan y Dora Graciano para ultrajarlos y acusarlos de guerrilleros. Llegaron también al caserío de San Josesito en esa comunidad para avasallar y vejar con su trato a los que ahí moran y trabajan.

 La acción permanente de las Fuerzas Armadas y de los paramilitares impide con su acoso, su hostigamiento, cualquier intento sano y honesto que propenda a crear un clima donde discutir la Paz sea una realidad.

  Qué puntos serían los primarios en una negociación de Paz

 La calidad y prestigio de los interlocutores para participar en las charlas que permitan abrir los resquicios por donde ir estableciendo los temas a discutir, podrán darle consistencia a lo que se vaya acordando. Imposible sentarse a discutir la Paz sin darle condición de beligerante a la guerrilla.

 Las FARC-EP no tendrían dificultad en nombrar a sus delegados. Por el Régimen, además de quienes designe el gobierno, deben estar miembros activos de las FFAA, de  los Partidos Políticos, de los sindicatos y de toda agrupación colectiva representativa en el país.

 Cualquier discusión seria de un Proceso de Paz, no puede evitar incluir en su primera o en su segunda cláusula, la reforma en la propiedad de la tierra lo que implica la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que establecerá la nueva condición jurídica de la nación. Es menester también incluir el problema de esa tierra usurpada a pequeños campesinos y algunos de rango medio, que hacen una cifra aproximada a los 6 millones de hectáreas.

 Creemos que ahí estará la primera piedra de tranca o la más dura de todo el proceso, la más difícil de superar. Pensamos que todavía no está el campo listo para dirimir ese punto; y que la oligarquía, todavía confiada en su poder de fuego, ni siquiera aceptará ese planteo. Si se resolviera este asunto, las armas se harían innecesarias.

 Los agentes ajenos al conflicto, pero que fueron afectados por él, tienen que ser compensados. Los cuerpos de los desaparecidos, depositados seguramente en eso que llaman fosas comunes, deben aparecer para que sean sus dolientes quienes les den sepultura definitiva.

 Las garantías tendrían que ser internacionales, y afirmamos esto aún con toda la desconfianza que nos genera. Tendrían que estar investidos de una autoridad superior a la de las partes, licencia que les permitirá transitar todo el territorio nacional para lo que ellos mejor estimen y, sobre todo, destrancar el proceso cuando se frene.

 En el desarrollo de la discusión, no debe haber bajas de ninguna de las partes. Si la hubiera, las autoridades de los responsables de la misma, los entregarán a las autoridades judiciales para que, sin ningún tipo de atenuantes, sean procesados con el mayor rigor que permita la ley.

 Es concerniente al gobierno, resolver la condición del  paramilitarismo. Tal como los creó, debe proceder a su desintegración. Estas condiciones creemos que son parte de las razones que permitirían discutir un verdadero Plan de Paz.

roosbar@cantv.net