El día 16 de noviembre pasado el presidente Putin firmó un decreto para formalmente retirar a Rusia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)

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http://www.politico.eu/article/how-trumps-victory-could-give-russia-another-win-putin/

Rusia es signataria del Estatuto de Roma, documento que formaliza las bases para el establecimiento de la corte el año 2000 sin embargo, Moscú no ha ratificado el tratado.  De acuerdo con la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, la Corte Internacional de

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Justicia “fracasó al tratar de convertirse en un verdadero, respetable e independiente organismo internacional de justicia”.  La declaración señala que el organismo oficial es ineficiente y unilateral.  Durante catorce años ha pronunciado solo cuatro sentencias habiendo gastado más de mil millones de dólares en su ejercicio.

Algunas de las cláusulas del Estatuto de Roma contradicen la constitución de Rusia, incluyendo la transferencia obligatoria a la CIJ de personas que están siendo investigadas, el derecho de querellarse contra jefes de estado y funcionarios de gobierno y el no cumplimiento con el principio de que nadie deber pronunciado culpable dos veces por el mismo delito (“ne bis in ídem”).

A comienzos de este año, el tribunal inició su primer caso fuera de África: se trató de una investigación de la guerra de Rusia y Georgia el año 2008.  A pesar del hecho que la Comisión Europea investigó el conflicto y declaró que este fue iniciado por Georgia tildando las acciones de Tbilisi como injustificadas, la CIJ decidió abrir una investigación enfocada sobre las acciones de soldados rusos y sud-osetianos.

El ataque georgiano contra Tsjinval y las consiguientes víctimas civiles y de la fuerza de paz rusa culminó en acusaciones de parte de la CIJ contra la milicia sud-osetiana y los militares rusos.  El eventual dictamen sobre las actividades de funcionarios georgianos fue dejado a la discreción de la justicia de Georgia.  Este es uno de los numerosos ejemplos de los prejuicios e ineficiencias de la Corte Internacional de Justicia.

El informe de la Corte Internacional de Justicia sobre “la temporal ocupación de Crimea” por parte de Rusia fue la última gota que colmó el vaso y Rusia decidió retirarse.  El día 14 de noviembre la corte emitió un informe preliminar  que describía a Crimea como “como un conflicto armado entre

https://www.icc-cpf.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf
Ucrania y la Federación de Rusia”.   El documento ignoraba el hecho que un referéndum popular efectuado el año 2014 con el propósito de determinar el status de la península.

La corte fue establecida con el propósito de juzgar individuos acusados de genocidio, crímenes  contra la humanidad y crímenes de guerra.  El organismo fue investido de jurisdicción sobre delitos internacionales cometidos en cualquier parte del mundo en un esfuerzo por iniciar una nueva era de justicia internacional.

De acuerdo con el Estatuto de Roma, la CIJ puede ejercer su jurisdicción en las siguientes situaciones: cuando la comisión de los delitos es referida por un Estado como parte o; cuando el Consejo de Seguridad de la ONU se refiera a la materia o cuando el fiscal de la CIJ inicie una investigación.

Por otra parte, la CIJ puede  ejercer su jurisdicción solo si  “el estado en cuyo territorio los hechos en cuestión ocurrieron” o si “el estado del cual la persona acusada es originaria”,  y  si este es signatario del Estatuto de Roma.  Incluso las partes no estadales, es decir, países que no han firmado el Estatuto de Roma pueden acercarse a la CIJ presentando una declaración ante el Registro de la Corte.

Desde su mismo inicio el organismo ha sido objeto de severas críticas que incluyen su selectividad, limitaciones estatutarias y potencial extra limitación.  La CIJ enfrenta serios desafíos en relación a su credibilidad y legitimidad.

http://blog.oup.com/2015/11/three-challenges-international-criminal-court/

Algunos estados expresan su preocupación por el uso que hace la CIJ contra partes no estatales por razones políticas.  Ellos insisten en que la corte debiera juzgar a un individuo solo cuando se den dos condiciones, es decir, el estado en cuyo territorio se cometió el delito y el estado bajo cuya custodia está el detenido y ambos estados den su consentimiento.  Los estados también objetan el poder que ostenta el Consejo de Seguridad de la ONU para referir la situación de un estado a la CIJ aunque ese estado no sea signatario del Estatuto de Roma

También se critican las atribuciones del fiscal.  Muchos estados consideran inapropiada la atribución de un individuo para iniciar investigaciones porque esto pone al fiscal a la par con estados al referir un caso a la Corte Internacional de Justicia.

Algunos países se oponen al “principio de complementariedad” que establece que la CIJ actúa como corte de último recurso y ejerce jurisdicción solo cuando un estado está “indispuesto o no es capaz” de procesar a un acusado.  La autoridad de la CIJ para determinar la indisposición o la incapacidad del sistema legal de un estado, viola la soberanía nacional de los estados.

Muchos estados se oponen a la jurisdicción del organismo sobre crímenes cometidos en conflictos armados no internacionales.  Los crímenes contra la humanidad que a menudo están vinculados a los derechos humanos, podrían convertir a la CIJ en una corte que maneje problemas de derechos humanos.  En consecuencia, la CIJ podría ser utilizada para interferir en los asuntos internos de los estados so pretexto de la violación de los derechos humanos.

Resulta interesante notar que la corte hasta ahora ha fracasado en modificar el Estatuto de Roma para definir el “crimen de agresión” a pesar del hecho que la expresión es empleada en sus informes y dictámenes.  El Estatuto de Roma no establece eso, es la ONU a la que le corresponde definir que un acto de agresión ha tenido lugar antes que la corte inicie una investigación.  La prioridad de la ONU sobre la jurisdicción de la CIJ no está establecida por el Estatuto de Roma.  Algunos países como Rusia, por ejemplo, piensan que esto es un grave inconveniente que debe ser rectificado si es que la CIJ deviene en un organismo internacional confiable.

Treinta y cuatro países han firmado el Estatuto de Roma pero ninguno lo ha ratificado, incluyendo Irán, Israel y Egipto.  Algunos estados como la India, China y Paquistán ni siquiera han firmado el Estatuto.

Estados Unidos no participa en la Corte Internacional de  Justicia.  Washington permanece fuera de la jurisdicción ya que los funcionarios de gobierno temen que el ingreso a ella pudiera conducir al procesamiento de soldados norteamericanos.  Según el fiscal jefe de la CIJ Fatou Bensuda, la corte

http://www.nytimes.com/2016/11/15/world/asia/united-states-torture-afganistan-international-criminal-court.html?_r=2

también está lista para investigar a Estados Unidos por crímenes de guerra in Afganistán.  Estados Unidos primeramente firmó el tratado CIJ bajo el gobierno del presidente Bill Clinton, pero su sucesor George W. Bush revocó la firma preocupado porque los procesos de la CIJ podrían tornarse políticos y acusar a norteamericanos.

La decisión de Rusia de retirarse del organismo es parte de una tendencia más amplia.  El tribunal ya se encuentra enfrentando un gran retroceso de parte de países africanos, quienes sostienen que el organismo internacional está influenciado por Occidente.  El retiro de Rusia siguió la misma acción tomada en el mes de octubre por estados africanos tales como Burundi, Sudáfrica, Gambia, Sudán, Kenia, Namibia y Uganda que también han sugerido que están considerando retirarse del Estatuto de Roma.

La amenaza de la Unión Africana de retirarse de la CIJ podría desatar el retiro de numerosos países  

http://www.dw.com/african-union-crticizes-international-criminal-court-at-member-states-meeting-18862799

africanos –y quizás hasta algunos países latinoamericanos.

Dirigentes africanos piensan que corte persigue a la “gente de color, especialmente africanos”.  Es notorio que de diez casos bajo investigación por parte de la CIJ nueve son de países africanos.

El presidente de las Filipinas Rodrigo Duterte, de manera abierta apoyó a Rusia y también amenazó con retirarse de la corte.  Duterte reiteró su intención de alinearse con Rusia y China. “Si Rusia y China deciden crear un nuevo orden mundial, yo seré el primero en unirme a ellos”, dijo el presidente Duterte.

http://edition.cnn.com/2016/11/16/world/russia-quits-international-criminal-court-/

La decisión de Rusia y la reciente racha de retiros, podría producir un cambio en el enfoque de la Corte Internacional de Justicia respecto a  su legitimidad y razón de ser ya cuestionada.  La CIJ no ha cumplido con lo que se esperaba de ella y necesita con urgencia ser reformada.  De otra manera está corriendo el riesgo de deslizarse hacia la irrelevancia.

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*Traducción desde el inglés por
Sergio R. Anacona