El 31 de Agosto de 2016 será siempre recordado como el día de la
afrenta contra la Constitución de la República de Brasil por la manera
fraudulenta con que se burló en esa fecha la soberana voluntad de 54
millones de brasileños que refrendaron con su voto, apenas 2 años
antes, la reelección como su legítima Presidenta de Dilma Rousseff.

El juicio político en el Senado a que fue sometida Rousseff tuvo
muchas características que añaden singularidad al proceso. Por
ejemplo, el hecho de que la Jefa del Estado separada de su alta
investidura no fue acusada de corrupción, malversación de fondos, ni
otra forma de infracción criminal. La mandataria sólo fue acusada de
haber firmado tres decretos presupuestarios con los que encubrió
cuentas por pagar del Gobierno a fin de pedir a los bancos nuevos
créditos sin haber restituido aún anteriores préstamos.

Calificar esta infracción como un “crimen de responsabilidad”, única
acusación por la que un presidente puede ser sometido a un juicio de
este tipo (impeachment) en Brasil, ha sido el tema principal de la
discusión parlamentaria, escenario donde el Partido de los
Trabajadores que respalda a Rousseff no tiene mayoría, pese a ser la
formación política con más partidarios a escala nacional.

Sin dudas es contrastante que, sin estar Dilma formalmente acusada de
corrupción, al menos 49 senadores de los 81 que han juzgado a la
presidenta (un 60% del total de los senadores que la condenaron) sí
tienen procesos pendientes con la justicia por delitos que van desde
lavado de dinero, crímenes contra el orden financiero, corrupción y
crímenes electorales. Se ha resaltado, además, que las acusaciones de
corrupción afectan tanto a parlamentarios a favor del “impeachment”
contra Dilma Rousseff como a quienes se han pronunciado en contra.

Según trascendió, cuando la senadora del PT Gleissi Hoffman dijo el
jueves que el Senado brasileño “no tiene ninguna autoridad moral” para
juzgar a Rousseff la frase cayó como una bomba, especialmente en un
Senado al que se le acusa de “golpista” por aceptar un delito de
maquillaje de cuentas como crimen de responsabilidad, algo nunca visto
hasta ahora.

La actual expresidenta Dilma Rousseff advirtió poco antes de conocerse
el veredicto del tribunal a que la sometió el Senado Federal que la
juzgaba en el proceso de impeachment, que Brasil, ha dado un paso que
constituye una grave ruptura del orden constitucional y democrático
porque, en un régimen presidencialista como el que tiene Brasil, la
casación del mandato que le fue conferido en las urnas por más de 54
millones de electores no es una facultad de una mayoría
parlamentaria; sólo el pueblo en las elecciones puede hacerlo.

La defenestrada Jefa de Estado reafirmó ante el pleno senatorial al
que se presentó para asumir su autodefensa en el juicio político que
se le siguió que no cometió delito de responsabilidad alguno, por lo
que -dijo- es acusada injusta y arbitrariamente, y aseguró que no
luchaba por su mandato o por apego al poder, sino por la democracia,
la verdad, la justicia y por el bienestar del pueblo. Insistió en que
tiene la conciencia tranquila por el modo en que ejerció la
Presidencia de la República.

Resaltó que lo que estaba en juego era el respeto a las urnas, la
voluntad soberana del pueblo y la Constitución; las conquistas
sociales alcanzadas en los últimos 13 años; la inserción soberana del
país en el escenario internacional; la autoestima brasileña, y la
defensa de los recursos naturales del país y su futuro.

Enfatizó que la élite conservadora brasileña quería el poder a
cualquier precio y luchó con todos los medios para desestabilizar y
desgastar a su gobierno. Los resultados de las elecciones de 2014 en
la que ella fue reelecta constituyeron un duro golpe para ellos, que
hicieron todo lo posible, primero, por impedir que ella tomara
posesión del cargo y luego para imposibilitarle gobernar.
Refiriéndose al proceso de impeachment, señaló que éste fue abierto
por chantaje explícito del expresidente de la Cámara de Diputados
Eduardo Cunha y ha estado marcado, de principio a fin, por un
clamoroso desvío de poder.

Los pueblos de America Latina toda tienen muchos motivos para
responder con intensa solidaridad a este golpe contra el pueblo
brasileño. Si no fuera así, de poco valdría el resultado de la gestión
de los gobiernos de Lula Da Silva y Dilma Rousseff, sus programas de
salud, habitacional y otros que golpeaban el corazón de la desigualdad
en América latina sacando de la extrema pobreza a millones de
brasileños.

Ellos representaron iniciativas concretas y serias contra la hegemonía
de Estados Unidos en el continente al asociarse con la India, Rusia,
China y Sudáfrica en el grupo BRICS de países avanzados en la vía del
desarrollo en demostración de un pleno ejercicio de su independencia
política.