La historia reciente de los palestinos, particularmente desde la década de 1940 en adelante, ha estado signada por las confrontaciones, el segregacionismo, el hacinamiento, y los desplazamientos geográficos masivos por diferentes regiones de Medio Oriente.
Para el derecho internacional, Palestina es el área de 27.000 km2 situada al oeste del río Jordán, que la Sociedad de Naciones entregó a Gran Bretaña como potencia "mandataria" en 1918. El ministro de Relaciones Exteriores británico, lord Balfour, había prometido al movimiento sionista el establecimiento de un "hogar nacional judío" en Palestina. Pero su propuesta de partición del territorio –en un estado judío y otro árabe- fue rechazada por los árabes. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña pasó el problema a la recién creada Organización de Naciones Unidas (ONU).
Dicha instancia ha emitido, desde la década de los cuarenta, numerosas Resoluciones sobre el conflicto Árabe-Israelí, entre ellas, pueden mencionarse por su importancia en el reconocimiento del pueblo palestino: la resolución 181, votada el 29 de noviembre de 1947, la cual recomienda la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo régimen internacional particular; la resolución 446 adoptada por el Consejo de Seguridad el 22 de marzo de 1979. La misma declara que la creación de asentamientos por parte de Israel en los territorios árabes ocupados desde 1967 no tiene validez legal y constituye un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en el Oriente Medio; la resolución 3236 del 22 de noviembre de 1974 que reafirma el derecho inalienable de los palestinos a regresar a sus hogares, recuperar sus bienes desde donde quiera que se encuentren desplazados, desarraigados, pide su retorno y el derecho de la autodeterminación del pueblo palestino.
A pesar de las presiones ejercidas por los Estados Unidos e Israel, y todas las resoluciones vetadas en el Consejo de Seguridad de la ONU, por este primer país, a favor de derechos del pueblo Palestino, el 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó la resolución 67/19, para la admisión de Palestina como Estado observador no miembro de la Organización, la cual fue votada por la amplia mayoría de sus miembros, con 138 votos a favor, 41 abstenciones y 9 en contra. Los nueve países que votaron en contra de Palestina fueron: Estados Unidos, Israel, Canadá, República Checa, Panamá, Palau, Micronesia, Nauru, y las islas Marshall. Palestina se convierte así en el segundo estado observador en la ONU, semejante a la situación de la Santa Sede, sin embargo su aspiración desde el año 2011, es convertirse Estado de pleno derecho.
El justo reconocimiento efectuado a Palestina como estado observador de la ONU, le otorga derecho a asistir de forma permanente a las Sesiones de la Asamblea, pero no tiene derecho a voto, ni puede ser miembro de algunos órganos principales de la ONU, como el Consejo de Seguridad o el Consejo Económico y Social. Puede adherirse a algunos de los organismos o agencias especializadas de la ONU, cuyos estatutos así lo permitan (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) o la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), fondo de la ONU para la infancia (UNICEF) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). De la misma manera puede adherirse a tratados internacionales, tales como: el Estatuto de Roma o las Convenciones de Ginebra. El primero, que está abierto a la adhesión de cualquier Estado, regula la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal internacional. Palestina intento sin éxito ante la Corte Penal presentar denuncias contra políticos y militares israelíes por crímenes de guerra y lesa Humanidad, pero no prosperaron por no tener el estatus de Estado parte. Su adhesión al Estatuto de Roma y su condición de Estado observador, le permitirá plantear sus denuncias de forma oficial.
Palestina continúa la lucha para lograr su reconocimiento como Estado independiente y el fin de la ocupación Israelí. De alcanzarse esta aspiración acabarían con 60 años de ocupación, genocidio y discriminación. Es por ello que en diciembre de 2014, presentó una nueva resolución ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para lograr su reconocimiento como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, siendo ésta nuevamente vetada por los Estados Unidos.
Los países miembros de la ONU deben plantear de manera urgente la reforma del sistema de gobernanza de las Naciones Unidas, y eliminar el derecho a veto, puesto que en nada contribuye con el afianciamiento de la paz y la resolución de los problemas internacionales. No es justo, ni legal que sólo cinco países se abroguen el derecho a decidir sobre el destino de una nación a ser libre, soberana e independiente.
