Como en la década de los 20 y 30, siguen hoy en Venezuela los hombres y mujeres de los pueblos indígenas y comunidades rurales del oriente del país, así como de los estados Falcón y Zulia abandonando el campo para irse a la extracción, a construir infraestructuras o mano de obra en alguna fases del proceso para la transformación de los combustibles fósiles.
Debemos dar un salto cualitativo para palar la situación, para frenar la destrucción de nuestros suelos y contaminar las aguas, exterminar los bosques, los pueblos indígenas, la biodiversidad, y frenar el éxodo del campo a las ciudades petroleras y mineras. Debemos encaminarnos al uso de las energías limpias, a la agroecología. Comencemos con impulsar en todas sus etapas los parques eólicos de la Guajira y Paraguaná, a desarrollar las propuestas de energía solar que existen en algunos centros de investigación como el IVIC, o el INZI en el Zulia. Repensemos la explotación del petróleo pesado de la Faja del Orinoco y el llamado Arco Minero en el oriente del país. Cuantos posos necesitamos explotar para vivir con dignidad. Superpongamos el uso del gas al del carbón.
En el Zulia el “Ecosocialismo” lo determinan los chinos y carboneros
Esta depredadora y cruel realidad la quieren ocultar los hombres que hoy administran el Estado y usufructúan el poder con las palabras “Ecosocialismo” y “Desarrollo”, o “País Potencia”, o con la frase “quinto objetivo histórico del Plan de la Patria”. Los hechos, la realidad la ocultan con la ideología y la propaganda diaria y repetida. Estos operadores de la política y la tecnocracia en el Estado Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, como en todos sus homólogos que están en los estados nacionales de América Latina, han superpuesto sobre los pueblos y la naturaleza el extractivismo como el motor del desarrollo socioeconómico y la modernización de cada uno de sus países, y desde allí vienen sus planes nacionales de desarrollo y las alianzas regionales llámese Mercosur, Alba, IIRSA, Plan Meso Americano, Alianza del Pacífico, entre otras maneras de integrarse entre sí y con Asia, Europa y Norte América. No entran en la “Ruta de la Seda” paro son sus auxiliares en suministrar energías fósiles y en acortar sus rutas de transporte.
Esta política para integrarse desde el extractivismo y el traslado y uso de combustibles fósiles, y el mal uso y acaparamiento de la tierra generan casi todos los conflictos que se viven hoy por conquistar el buen vivir y la defensa de la tierra y la naturaleza en América Latina. Estos conflictos la mayoría están presentes en poblados campesinos e indígenas, o en áreas de bosques, ríos, montañas o lagos. Estas movilizaciones populares para enfrentar los planes extractivistas del capital mundial y del uso de la tierra son reprimidas o neutralizadas por los aparatos estatales mediáticos, jurídico y militares de los mismos gobiernos de la región, ya que son defensores no de los pueblos y la naturaleza sino más bien de los capitales de las empresas multinacionales europeas como Ancore, norteamericanas como Chevron Texaco, o asiáticas chinas como CNPC, CNOOC, Sinopec, Sinohydro, entre otras.
Del país potencia se desprende el Decreto 1.606
Esto nos lleva a entender que nuestros países latinos son la despensa de los combustibles fósiles de los empresarios dueños del mundo, sean norteamericanos, europeos, mexicanos, chinos, o rusos, o los que hacen de nuestros territorios “soberanos” sus campos para sus inversiones de capitales, sus semillas transgénicas y agroquímicos. De tal suerte que esta división internacional del trabajo que nos imponen empresas y gobiernos de Estados Unidos y Canadá, Europa o China nos transforma en una isla interconectada a sus intereses geopolíticos de tratados de libre comercios o de la “ruta de la seda” presentada en la Conferencia Económica el 28 marzo de 2015 que consolidará a Eurasia como una sola economía en donde el planeta será su fábrica y Latinoamérica su estación de servicios de combustibles fósiles.
Nuestros números a presentar como “país potencia” son en gas de oriente y Falcón (197.089.211 MMPCN), en la Faja Petrolífera del Orinoco (299.900 millones de barriles) y en el carbón del Zulia (693 MMTM). De esta realidad se desprende el Decreto 1.606 de 10 de febrero de 2015 o el debilitamiento del Ministerio del Ambiente, así como la exclusión y criminalización de algunas organizaciones y dirigentes sociales por la defensa activa y militante del ambiente y los derechos humanos de los pueblos indígenas
Este Decreto 1.606 aprobado y firmado por el Presidente Maduro fortalece el impulso del negocio del carbón, creando además de la minas de carbón en 24.932 hectáreas en zona montañosa, de aguas y poblados Wayuu, la apertura de una vía ferroviaria para transportar el mineral de la Sierra de Perijá hasta el poblado Pararú a las orillas del Mar Caribe y una planta carboelctrica en la Mina Paso Diablo, sustituidora del Parque Eólico de la Guajira. Este decreto fortalece el cambio climático y el calentamiento de la tierra y debilita la política para el uso de las energías limpias.
