En estos momentos en que la Ex presidenta Michelle Bachelet está elaborando el programa de gobierno como candidata presidencial, ya está adelantando la necesidad de hacer una nueva Constitución y según sus palabras, hay que trabajar en esta propuesta primeramente en el contenido y luego en los mecanismos a implementar.
Aunque no apoya abiertamente un proceso constituyentista, tampoco rechaza esta opción. Es obvio que el tema de la activación de una Asamblea Constituyente es un tema álgido para la cultura política nacional sobre todo cuando se cuenta con un marco constitucional heredado del ideario pinochetista.
La voz que ha impulsado la idea de convocar a un proceso constituyentista dentro del comando de campaña de Bachelet, fue la de Fernando Atria que inmediatamente de su enunciado, recibió las amenazas del abogado Hermógenes Pérez de Arce, columnista de El Mercurio, quien asomó la posibilidad de un nuevo golpe de estado, pues considera que la sola idea produce una crisis institucional. A buen entendedor, pocas palabras ¿a qué se refiere con crisis institucional? Sospechamos que esa posible crisis estaría representada por la posibilidad de crear las condiciones para que los subalternos tomen la palabra en el diseño de los lineamientos de un nuevo modelo de nación. Para Pérez de Arce hacer cambios representa una trasgresión y más específicamente un atropello a la Constitución.
Esta reacción inmediata y amenazante nos sitúa en un escenario minado difícil de transitar pues no se trata de contar con el apoyo de las mayorías excluidas sino del rechazo tajante de los grupos poderosos que han sido beneficiados por más de 30 años con este protocolo político-jurídico.
Para la derecha chilena entonces la Constitución Política de la República de Chile aprobada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet, es un mandato metafísico. Llama la atención su carácter estatista que invisibiliza y desmoviliza a la ciudadanía pues sus enunciados apuntan básicamente a vigilar la seguridad nacional sin responsabilidades sobre los derechos humanos fundamentales. En el Capítulo 1 por ejemplo, se anuncia una institucionalidad de control:
Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación.
El estado no tiene responsabilidades con las necesidades básicas de los sujetos, sino la familia. Aunque el estado se torga tiene todos los mecanismos de control ciudadano, no asume el compromiso de invertir en la formación ciudadana y solamente otorga especial protección ¿?:
Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.
No solamente para Michelle Bachelet sino para todos los candidatos presidenciales de los partidos políticos más progresistas, es importante comenzar a debatir esta posibilidad de renovar la Carta Magna de acuerdo a valores verdaderamente más enfocados en el respeto a la ciudadanía desde una perspectiva más social que jurídica y policial.
La autora pertenece a: Red de Apoyo con Michelle Bachelet, desde Venezuela