Estado español: masacrar a la ciudadanía

La pasada huelga general en el Estado español, 14 de noviembre, dejó imágenes espeluznantes en las que la Policía antidisturbios masacraba a golpes a menores de edad y una mujer perdía un ojo, entre otros muchos heridos que se manifestaban pacíficamente.

El Sindicato Unificado de Policia español (SUP) denunció la actitud del Gobierno del Partido Popular (PP) que por medio de sus superiores y del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, obliga a los antidisturbios a ser más «contundentes». El SUP asume que lo que quiere el Gobierno es «un muerto, ya sea policía o ciudadano para distraer la atención y justificar mayor dureza hacia los que protestan por los recortes».

Que el Gobierno reprime violentamente a los manifestantes lo sabemos todos. En tiempos del PSOE la Policía reprimía igual que ahora, con total libertad e impunidad sin que hicieran falta «órdenes superiores». La práctica sistemática de la tortura y la negativa de los jueces españoles a investigarla, entre ellos Baltasar Garzón, conviertieron a las mal llamadas Fuerzas de Seguridad, en el brazo armado represor del Gobierno de turno contra la población civil desarmada e indefensa.

Agredir de palabra y obra a quienes disienten, mediante el uso de la violencia del Estado ilegítima, impune y desproporcionadamente, es la forma de mantener la «chusma a raya» que decía Chomsky. Ningún organismo internacional o ningún intelectual «iluminado» como Vargas Llosa moverá un dedo, un bolígrafo o un pelo para denunciar todas estas agresiones, aunque no puedan dormir por la «falta de libertades» en Cuba o Venezuela.

Cientos de miles de ciudadanos salen a la calle y son reprimidos por gorilas armados con uniforme y casco a los que es imposible identificar y a los que pretende proteger el Gobierno del PP de las cámaras prohibiendo su filmación.

La impunidad más absoluta blinda a estos funcionarios públicos que mantenemos con nuestros impuestos para que nos machaquen a golpes, «democráticamente», sin impotar ideología, sexo o edad, y nos recuerdan una vez más, que un régimen represor de su propio pueblo no puede llamarse democrático.

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