Es importante anotar que este conflicto, de carácter económico, político y social, atraviesa la historia nacional colombiana. Desde la insurrección de los comuneros que levantaron la bandera de “opresores contra oprimidos” y la consigna de “ni un paso atrás y lo que ha de ser que sea”. Después de varios acuerdos o procesos de diálogos, el cuerpo del líder de los comuneros José Antonio Galán fue materialmente descuartizado y sus partes esparcidas en forma de indicación de los cuatro puntos cardinales, con el objeto de generar terror y desmoralizar al movimiento social de los comuneros. Así quedó demostrado el carácter sanguinario de lo que se puede denominar la naciente burguesía colombiana.
En 1928 fueron masacrados por el Ejército 6 mil obreros de la zona bananera del Magdalena colombiano cuando los trabajadores exigían mejores condiciones laborales. Este acto fue igualmente execrable pero quedó en la total impunidad.
A finales de los años 40, periodo en que fuera presidente Eduardo Santos, tío abuelo de Juan Manuel Santos, actual presidente colombiano, se inicia un fuerte movimiento social y político con Jorge Eliécer Gaitán a la cabeza, entre otros líderes populares. Con el asesinato del dirigente democrático Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1949, la burguesía emprende una atroz persecución contra el pueblo, utilizando los más criminales métodos canibalezcos para continuar la práctica de terror contra el pueblo y aniquilar el movimiento social. En este periodo de profunda crisis económica, social y política se crearon las condiciones subjetivas para que el pueblo decidiera armarse para enfrentar a la burguesía nacional y el imperialismo. El movimiento social campesino se levantó en armas liderado por Guadalupe Salcedo, quien después de un proceso de diálogo y acuerdos fue asesinado por la espalda el 6 de julio de 1957, en la ciudad de Bogotá. Estos hechos continuaron agudizando las contradicciones de clase, de manera tal que surge un fuerte movimiento armado, iniciando los años 60, en el que participaron el ELN, las FARC, el EPL, y luego en los años 70 el M-19, seguidos por el Quintín Lame, entre otros.
En resumen, tenemos las experiencias infructuosas de diálogos desde los Comuneros hasta Guadalupe Salcedo. Pero en 1985 se dieron los diálogos FARC-Gobierno (presidente Belisario Betancourt), y como fruto de este proceso de diálogo se fundó la Unión Patriótica; otra vez los resultados fueron infructuosos y criminales: los paramilitares asesinaron, masacraron y desaparecieron cerca de 3.800 militantes de este partido, mientras otros pasaron al exilio.
Es decir, la burguesía colombiana ha sabido aprovechar los procesos de diálogo para romper con la correlación de fuerzas favorables al pueblo y ponerla a su favor, exterminando el movimiento popular.
En las últimas dos décadas la burguesía colombiana profundizó todas las formas de exterminio contra el pueblo. El paramilitarismo, como instrumento del Estado, se encargó de las más brutales masacres contra el pueblo desarmado; recientemente, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el Ejército aplicó los falsos positivos, procedimiento que consistía en uniformar a campesinos para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate para justificar la guerra; se suman miles de desaparecidos, asesinato de dirigentes sindicales, estudiantiles, comunitarios y políticos, en fin la destrucción total del tejido social. Esto hizo que la lucha armada en Colombia se legitimara, que la insurgencia se mantuviera vigente y que hoy fuera posible un nuevo acercamiento.
Hay que sentarse con el Estado burgués para buscar la solución política al conflicto. Pero es indispensable que el diálogo pase de ser un acuerdo insurgencia-Estado a un diálogo entre el pueblo que defina las conquistas necesarias, es decir, un diálogo entre el movimiento social, insurgencia y Estado.
El Estado colombiano siempre será burgués, representa a lo más recalcitrante de la burguesía mundial y de los intereses imperialistas, representa a los más feroces grupos económicos nacionales e internacionales, financieros, terratenientes y narcoparamilitarismo devenido también en lo que hoy se conoce como narcoparapolítica, instaurada con el beneplácito del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Ese es el Estado con el cual la insurgencia va a dialogar en Colombia. Los serios problemas estructurales económicos, políticos y sociales, aunado a la creciente violencia institucional, le ha ocasionado al presidente Santos la más baja popularidad ante el pueblo colombiano, popularidad cercana a 40%. El resurgimiento de la lucha social, política y la legitimidad de la insurgencia han ido minando la legalidad del régimen. Por lo tanto no cabe duda de que Santos puede aprovechar este proceso de diálogo para legitimarse en el gobierno y buscar la reelección.
La situación política en Colombia y la coyuntura política venezolana nos permite visualizar varios escenarios en el futuro inmediato.
Primero: Inicio de diálogos y ruptura a corto plazo. Esto por presiones de la untraderecha colombiana aliada con el imperio. La ultraderecha y la lumperburguesía conducida por Uribe Vélez, en alianza con el imperio impedirán el proceso para continuar con la desestabilización de los procesos regionales de cambio.
Segundo: estabilización política en Colombia y desestabilización en Venezuela desde la frontera colombiana. Pudiera suceder que el proceso de diálogo en Colombia y la estabilización política lleve al imperio a conducir su fuerza contra el gobierno revolucionario del Presidente Hugo Chávez, desestabilizando al país desde los estados fronterizos Zulia, Táchira, Barinas y Apure.
Tercero: estabilización política en Colombia y avance de los procesos democráticos en América. Para lograrlo el proceso de diálogo debe finalizar con la liquidación del narcoparamilitarismo que Colombia está irrigando por el continente, porque éste tiene impacto directo en los procesos de cambio democrático que vive Nuestra América.
Desde el movimiento social venezolano presente en la Corriente Bolivariana Guevarista nos solidarizamos con el movimiento social y político colombiano, respaldamos a la insurgencia en esta iniciativa, nos comprometemos en materializar el segundo escenario y proponemos los siguientes puntos para tratar en el proceso de diálogo:
1. Suspensión de las bases militares en Colombia.
2. Reforma agraria integral y política pública integral para el retorno de más de 6 millones de desplazados.
Los últimos 60 años significan en Colombia, entre otras cosas, la apropiación terrateniente y transnacional de la tierra. Los 6 millones de desplazados han sido sacados de un volumen de entre 6 y 7 millones de hectáreas. Viejos terratenientes y las empresas económicas de exportación agrícola han usufructuado estas tierras para proyectos de producción de palma aceitera o caucho, fincas ganaderas y obras de infraestructura para la actividad minero extractiva transnacional, como lo señala el periodista colombiano Renán Vega Cantor.
En el estudio “Colombia rural, razones para la esperanza”, del Programa para el Desarrollo de la ONU (PNUD) se señala que 52% de la gran propiedad está en manos de 1,15% de la población. Este problema debe ser resuelto desde el punto de vista estructural, de fondo.
3. Ambiente: no a la renovación de la concesión del Cerrejón, no a la explotación de la mina de Cañaverales (municipio San Juan Guajira) y suspensión de los megaproyectos mineros de Santurbán (Santander y Norte de Santander).
4. Suspensión de las concesiones mineras en el Catatumbo.
Lo descrito en el tema 2, y la explotación transnacional de los recursos mineros señalada en los temas 3 y 4 son los resultados de la estructura económico social instaurada en Colombia en los últimos 25 años: con la aplicación del modelo neoliberal a finales de los años 80 se limitaron las funciones del Estado, se desarrolló la denominada “apertura” que no fue otra cosa que la internacionalización del capital, la precarización del trabajo, el arrase de las tierras cultivables, la privatización de los servicios públicos y la perpetuación del sistema social de exclusión; esta estructura tuvo como base jurídica la Constitución de 1991, aprobada durante el mandato de César Gaviria, pero además contó con más de 20 años de ajuste militar (Estado paramilitar, masacre y desplazamiento de 6 millones de campesinos), jurídico e institucional.
5. Legalización de la droga. Con la legalización estaríamos cortándole la principal fuente de financiamiento a la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), al paramilitarismo y a la nueva clase política y económica financiada y apoyada por el narcoparamilitarismo. Recordemos que los recursos derivados de la droga han permitido en Colombia la creación de una nueva clase económica mafiosa, además de lo que ha significado para el fortalecimiento de paramilitarismo: como apunta la investigación de Roberto Steiner, en los años 90 los ingresos del narcotráfico variaron entre 2,5% y 6% respecto al Producto Interno Bruto de Colombia, lo que representó más o menos 2.500 millones de dólares anuales, que luego de un proceso de blanqueo y legalización pasaron a formar parte de la estructura económica del vecino país.
Legalizando la droga, previa regulación por
parte de los Estados nacionales, se puede destinar la producción de la droga a
fines científico-médicos.
Valga decir que estos cinco temas afectan profundamente la vida de los colombianos y los venezolanos de los estados fronterizos y es nuestro interés sean tratados. Recordemos que el Plan Colombia fue diseñado inicialmente para controlar a Venezuela militarmente, no para combatir la producción de droga y el narcotráfico. Lo dijo el senador que impulsó esta propuesta desde el Congreso de los Estados Unidos, Paul Coverdell: “para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia”.
Por esta razón tenemos la plena disposición de participar desde nuestro país en este proceso porque sabemos que el conflicto económico, social y político colombiano también nos afecta en Venezuela, y afecta nuestro proceso político. Es nuestra tarea construir territorios de y para la paz.
Licenciado Jesús Rafael Gamarra Luna
Vocero de la Corriente Bolivariana Guevarista-Venezuela
Vocero CBG-Venezuela.