El hundimiento de la economía española

La batería de medidas anunciadas el día 11 de julio por Rajoy en medio de los indignos aplausos de su bancada constituye un ataque contra la mayoría social y supone una declaración de guerra contra la población asalariada. De entre ellas destaca, por el grado de desprecio que representa hacia las personas más débiles, la referente a los recortes de la prestación de desempleo. Por ello no es extraño que hayan suscitado inmediatamente reacciones contrarias por parte de las organizaciones sindicales y sociales.

Que las medidas adoptadas son duras agresiones antisociales ni el presidente del gobierno se atreve a desmentirlo. Que todo el ajuste presupuestario se ha venido realizando hasta la fecha sobre el recorte del gasto y no se ha abordado la cuestión central del aumento de los ingresos fiscales –en caída libre desde hace años–, hoy es acerbo común. Y, sin embargo, Rajoy ha presentado estas medidas en sede parlamentaria –siguiendo el dictado impuesto por el BCE, la Comisión europea y el FMI- como necesarias e ineludibles, como la “única” solución posible. Es más, les atribuyó, como en su día hizo con la contrarreforma laboral, una carga de eficacia económica que nos asegurará la recuperación. El trilero intenta, una vez más, engañarnos con sus pases de mano y su supuesto sentido común y, encima, lo hace de forma terriblemente contraproducente para el futuro inmediato de la economía. Y en esto radica su talón de Aquiles.

Mientras tanto, el PSOE con Rubalcaba a la cabeza interviene sin capacidad de incidir en el debate político, atrapado por su pasado inmediato (¡mayo 2010!), su concepción social liberal de la economía y la UE (que le impide disponer de una alternativa diferenciable) y su papel (que nadie le otorga ni agradece) de partido que hace política de estado en momentos que hay que hacer política de mayoría social frente a la barbarie.

Creando depresión y otras penas

En 1966 el filósofo, lingüista y sicólogo Maurice Godelier cuestionó la razón capitalista desde el título mismo de una de sus obras Racionalidad e irracionalidad de la economía. Pareciera que actualmente Bruselas, Berlín y Madrid se debaten de nuevo entre ambos términos de la dicotomía, tal y como corresponde a la naturaleza contradictoria del capitalismo. Por un lado, los principales gobiernos europeos y las instituciones de la UE actúan como representantes de los intereses del capital financiero, garantizando que las deudas contraídas sean cobradas por los acreedores. Para ello, el Memorando que impone al estado español el “rescate” de la UE obliga –con el objetivo de recapitalizar la banca española y que ésta pague a sus acreedores extranjeros– a liberar los recursos necesarios mediante recortes en los gastos sociales, ajustes salariales, aumentos impositivos, etc.

Por otro lado, no obstante, las medidas que vienen aprobando Montoro, De Guindos y Rajoy, incluidos los nuevos ajustes, son una buena muestra de la irracionalidad e incompetencia de estos servidores de los mercados, dado que las efectúan en nombre de un supuesto saneamiento económico necesario para salir de la crisis y, sin embargo, no hacen sino reforzar la situación actual de depresión. El trío no parece saber muy bien ni qué hacer ni qué consecuencias tienen sus decisiones, aunque éstas han situado a la economía española en el centro de un cenagal de arenas movedizas. La chulesca imposición de Montoro –aprisa y corriendo– a las Comunidades Autónomas de un objetivo de déficit aún más severo que el “aprobado” hace dos meses, producirá nuevos recortes sociales en servicios públicos básicos como sanidad, enseñanza y dependencia, pero también supone un duro golpe económico para diversos sectores que conocerán más recesión y más paro. La eliminación de la paga extra de Navidad para decenas de miles de empleados de la función pública supone la enésima agresión salarial al colectivo y tendrá, también, efectos sobre los gastos y la demanda de los mismos con consecuencias similares a lo expuesto. Las privatizaciones de los restos de las joyas de la corona como RENFE, sólo traerán reducciones de plantilla, peores servicios públicos y mayores ganancias privadas. En todos estos casos el “ahorro” o el “ingreso” van a ser menores que las pérdidas económicas que van a generar para el conjunto de la sociedad. En medio del marasmo aprovechan además para anunciar la disminución del importe de las cuotas a la seguridad social (un nuevo regalo para los patronos a costa de nuestro salario y nuestras coberturas), así como un impuesto sobre la energía con finalidad recaudadora. Este nuevo impuesto, lejos de resolver la estafa del déficit tarifario, se traducirá en aumentos de precios finales para los pequeños consumidores, sin que logre tampoco reducir la demanda global energética efectiva ni redunde en cambios hacia las energías renovables que verán peligrar su futuro. La novedad en esta situación no son las anunciadas e imprescindibles movilizaciones populares. Lo novedoso es que, por primera vez desde la constitución del gobierno del PP, la orientación de éste ha provocado críticas muy severas desde diversos sectores empresariales en torno al efecto pernicioso de la disminución de la masa salarial de los empleados de la función pública y muy especialmente ante la subida del IVA que regirá a partir del 1 de septiembre. Buena parte de los empresarios y de sus analistas temen que el incremento impositivo deprima aún más la demanda. Tal es el caso del sector turístico, para el que Exceltur estima que cada punto de incremento del IVA que se traslade directamente al precio provocará una reducción de ingresos de 1.005 millones de € al año, lo que puede implicar una merma de millares de empleos. Rosell, el patrón de patronos de la CEOE, sigue mostrando su comprensión y apoyo hacia las medidas del PP, pero la unidad monolítica que mantuvieron ante la reforma laboral se ha resquebrajado.

Ante todo ello, tenemos que convenir con Ernest Mandel lo que en 1983 planteó en una de sus conferencias universitarias en la hoy torturada y combativa Atenas: “La sociedad burguesa en su conjunto se caracteriza por una combinación sui géneris de racionalidad parcial y de irracionalidad global”.

El aumento del IVA como paradigma

Por fin el PP ha decidido aumentar los ingresos fiscales subiendo fuertemente los impuestos. Pero al igual que recientemente hizo con el IRPF sobre las rentas salariales, la subida pesará y recaerá sobre las clases trabajadoras. La pieza clave del aumento de ingresos radica en el incremento del IVA. El resto de medidas impositivas van a tener menos incidencia inmediata.

Como es sabido, el IVA es un impuesto indirecto que pagan los consumidores finales y tiene una fuerte carga regresiva, pues tiene escasas modulaciones para corregir los efectos perversos que provoca. Es un impuesto “fácil” que pesa sobre la población –con escasos recursos para oponerse– y no sobre los detentadores de las fuentes de riqueza –ricos también en instrumentos de presión–.

La subida del tipo general del 18% al 21% y del reducido del 8% al 10% supone que el 60% de los bienes y servicios reflejados por el PIB se verán afectados. Además diversos bienes y servicios dejan de tributar con el tipo reducido y pasan al general. Ello significa que no solo se incrementa para bienes de lujo o bienes prescindibles, sino también para bienes de primera necesidad como el vestido, el transporte de viajeros, la vivienda, la electricidad o el agua, y afectará a bienes y servicios como telefonía, gafas graduadas y lentillas, pañales, peluquerías o alimentos elaborados, así como a bares, restaurantes y hoteles.

El tipo más bajo quedará en el 4% y afectará a alimentos frescos –como leche, huevos, frutas, verduras y legumbres–, libros y periódicos, material escolar, medicamentos y viviendas de protección oficial. Pero ello no significa que los precios de, por ejemplo, los alimentos no vayan a subir pues los productores repercutirán en sus precios los 400 millones de € que deberán pagar por el incremento de dicho impuesto en sus consumos y adquisición de maquinaria.

Ningún bien, por tanto, se verá exento del encarecimiento. Los precios subirán de forma generalizada, contribuyendo con ello a la erosión de la capacidad adquisitiva y a un mayor deterioro de la demanda agregada. La OCU cuantifica el incremento medio del gasto al año en 415 € por familia, y otras estimaciones en casi 800 €.

Si a las actuales subidas añadimos las habidas en julio de 2010, cuando el tipo general pasó del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%, nos encontramos con que el IVA –tan regresivo en términos sociales– aumentó en dos años un 23,8% en el tipo general y un 30% en el tipo reducido. O sea, cada familia gastará de media 800 € más que en 2010, lo que significa que para una gran parte de la población casi un sueldo mensual se le irá en aumentos del IVA. En 2010 la recaudación se incrementó en 5.000 millones de euros anuales. Ahora el gobierno estima que aumentará en 7.500 millones en los doce meses posteriores a la entrada en vigor del impuesto. Craso error, la situación de estancamiento hoy es más grave que hace dos años. Es por tanto más que probable es que la recaudación no aumente, porque el aumento del tipo se verá contrarrestado por la bajada de actividad. Desde medios gubernamentales se argumenta que Alemania estableció una subida de tres puntos en el IVA en 2007, del 16% al 19%. Lo que no aclaran es que lo hizo en un momento en que su economía crecía por encima del 3%. En el caso español, la previsión del gobierno para 2012 es que el PIB caerá un 1,7% y la demanda interna un 4,4%. En nuestro país, debido al fin de la metástasis inmobiliaria, la permisividad con el fraude fiscal y la bajada incesante de impuestos sobre las rentas del capital desde 1996, la presión fiscal sobre el PIB se ha situado en niveles muy por debajo del área comunitaria, particularmente del área euro. Ello ha sido una de las principales causas del rápido incremento del déficit público, cuando en 2007 se partía de un superávit. Y, por tanto, es uno de los factores que presionan sobre el incremento de la deuda pública.

A partir de este momento se va dar la paradoja de que España sea a la vez uno de los países de la UE con menor presión fiscal y sin embargo tenga uno de los IVA más altos. O, sea, incrementa la regresividad fiscal. Desde el inicio de la crisis actual, de los 27 estados miembros de la UE, 17 han subido el IVA. Solo Hungría y Rumanía aprobaron un incremento superior al anunciado por el gobierno, pero partían a su vez de tipos menores. En la zona euro, solo Grecia, Irlanda, Portugal y Finlandia mantendrán un tipo impositivo, el 23%, superior al español.

Sí, se puede

¿No hay más soluciones que las propuestas por el trío español y la troika comunitaria? Las hay y en todos los órdenes. Basten unas pistas hacia otro horizonte. Si hablamos de deudas: ¿Ha de pagar la ciudadanía las deudas de bancos y empresas? ¿Toda la deuda es legítima? ¿Hay que pagar de golpe toda la legítima? Si hablamos de finanzas: ¿Por qué no convertir el negocio financiero privado en una gran banca pública que invierta en actividad productiva y maximice el bienestar social? ¿Por qué no combatir la depresión de la demanda con incrementos generalizados de salarios y pensiones? Si hablamos de paro y producción: ¿Por qué no repartir el trabajo y el empleo reduciendo la jornada laboral? ¿Por qué no impulsar inversiones masivas en energías alternativas, sanidad, enseñanza o investigación? Si hablamos de déficit: ¿Por qué no combatir y erradicar el fraude fiscal, estimado en un 6% del PIB (es decir, un monto de 70.000 millones €, equivalente a lo que el gobierno quiere ahorrar y recaudar sobre las espaldas de los más débiles)? ¿Por qué aceptar las transacciones con paraísos fiscales? ¿Por qué no incrementar la imposición sobre las ganancias empresariales y acabar con refugios como las SICAV en un país donde el Impuesto de Sociedades tiene un tipo efectivo en torno al 10%, debajo incluso del tipo nominal de la Irlanda pre-rescate situado en el 12,5%? ¿Por qué no restituir el impuesto sobre patrimonio y crear además un impuesto a las grandes fortunas? Estas y otras muchas preguntas apuntan hacia medidas posibles y razonables, que harían posible que la crisis no la pagasen las clases trabajadoras y populares. Para ponerlas en pie se necesita acumular energías sociales y políticas que acaben con la orientación antisocial que ofrecen quienes gobiernan en la UE y en Madrid.


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