La reciente decisión de la Procuraduría General de la República de sancionar al ex Ministro de Agricultura del gobierno uribista y “delfín” político para las pasadas elecciones de
mayo del 2010, Andrés Felipe Arias, con dieciséis (16) años de
suspensión de su derecho a ejercer cargos públicos, por la presunta
comisión de actos de corrupción y la decisión del Tribunal
Superior de Bogota de abrirle juicio penal y enviarlo a la Cárcel de
‘La Picota”, por las mismas causas relacionadas con el programa de Agro Ingreso
Seguro, ASI, descubre toda la trama de corrupción que la
versión colombiana de “Robespierre El Incorruptible”, montó desde el
palacio de Mariño para ponerlo al servicio de los viejos y nuevos grupos
oligárquicos colombianos, teniendo como aliados fundamentales el
narco-paramilitarismo y el gobierno de los Estados Unidos y su plan “Patriota”.
Tales
decisiones se unen hoy al escándalo de las escuchas (“chuzadas”)
ilegales ordenadas por el expresidente Uribe a sus subalternos del
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, de la
señora Hurtado (hoy exiliada en Panamá), que lo mismo espiaban a sus
enemigos políticos, como a magistrados de la Corte y periodistas, como a
sindicalistas y miembros de las organizaciones de Derechos Humanos; la
alianza de congresistas, gobernadores, alcaldes con el paramilitarismo,
el encubrimiento de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” del general Naranjo, los fraudes a la ley con la iniciativa reeleccionista del uribismo, la asociación delictuosa con la
familia mafiosa de los Nulles, las estafas en el sistema
educativo, en las EPS de salud y en la DIAN, responsable del cobro de
impuestos; todas las cuales tienen como común denominador su origen en
el gobierno del Alvaro Uribe Vélez.
El
caso del exministro Arias es particularmente importante, no solo por la
siamesa relación de éste con Uribe Velez, sino porque, en el caso de los delitos investigados alrededor de la trama de Agro Ingreso Seguro, AIS, y
el Instituto de Investigación y Cooperación Agraria, ICCA, organismo
relacionado con la OEA, se trató de una operación política organizada,
planificada y desarrollada desde el poder del palacio de Nariño,
dirigida a construirle la campaña electoral al presunto
sucesor de Uribe Vélez en la presidencia de la República de Colombia,
con recursos del Estado y la connivencia de grupos económicos de la
costa Caribe, beneficiarios de elevados préstamos de dinero, que
debieron ser destinados para los campesinos y pequeños productores
colombianos.
Tan
importante como lo hechos anteriormente expuestos es que las decisiones
administrativas y judiciales contra el grupo mafioso agrupado alrededor
de “Varito”, evidencian una ruptura del “Pacto de las
Elites” de la oligárquica colombiana, por cuanto tales decisiones
cuentan, por lo menos, con el consentimiento de uno de sus más
importantes aliado durante su presidencia, el ex Ministro de la Defensa y
hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos - con el apoyo de
los partidos tradicionales y emergentes de la "Unidad Nacional" -
quien pareciera que, de esa manera, trata de quitar del escenario
político neogranadino, la intratable presencia de un enemigo que
pretende seguir decidiendo el curso de la política colombiana desde las
sombras de sus “peones y afiles” sobrevivientes en el gobierno y las
Fuerzas Militares y Policiales colombianas, y su twiter; carente
ya del apoyo de sus amigos imperialistas del gobierno de los Estados
Unidos, que lo están abandonando a su trágica suerte.
Estos
acontecimientos, que parecieran tener como motivación la confrontación
de dos figuras del poder oligárquico colombiano por el control y
beneficio del Estado Colombiano, tiene signos que indican que esta
relacionada con el nuevo liderazgo que pretende asumir el gobierno de
Colombia, como portavoz de una corriente de gobiernos minoritarios que
participan en el proceso de integración y tratan de
impedir o frenar, el avance de las fuerzas progresistas y
revolucionarias en América Latina; propósito que no puede ser
desarrollado con el esquema nacional e internacional de confrontación política y militar que sigue promoviendo por Alvaro Uribe Vélez y, con el estado de descomposición de las élites
gobernantes, que exige una relegitimación ética del Poder, solo
alcanzable con la atenuación de la guerra interior y la superación de la
tensión con sus vecinos y la proscripción de los grupos corruptos y narcoparamilitares que le sirvieron de sustento al proyecto mafioso de “El 82”.
