Una campaña de terrorismo psicológico se ha desatado en Camurí Grande por parte del Jefe Civil de la Naiquatá, Cosme Gutiérrez, hacia los ciudadanos que han manifestado su inconformidad con las irregularidades que se presentan en la asignación de recursos y ejecución de algunas obras de la comunidad.

Según Miguel Guaita, Presidente de la Asociación de Vecinos, una de las personas agredidas el sábado por el ciudadano Jefe Civil fue la señora Xiomara Perozo, quien, en presencia del diputado Guido de Freitas y el Presidente del Consejo Legislativo del Estado Vargas, Legislador Carlos Zambrano, fue salvajemente atropellada y catalogada de loca por quien es considerado la primera autoridad civil de la parroquia, luego que se le llamó la atención por estar amenazando a las personas que se dirigían a la Asamblea de Ciudadanos y ciudadanas.

Indica Guaita que esta conducta de Gutiérrez, ha sido constante desde que se inició la ejecución del proyecto de balneario, debido a que los vecinos han estado protestando las irregularidades cometidas por este ciudadano en la contratación del personal de la obra. Entre estas irregularidades se encuentra el hecho de haber obligado a la empresa a despedir a dos trabajadores que ésta había contratado para el cuido de la maquinaria, para luego alquilarle el estacionamiento de su residencia a fin de que las guardaran allí. A nivel de sindicato también se presentó una situación irregular cuando el representante de la Unión Bolivariana de Trabajadores de la Construcción (antigua SOVICA) presentó sus credenciales como delegado de la obra y Gutiérrez, amenazando a los trabajadores y aspirantes y violando toda norma ética, forzó el nombramiento de un delegado de otro sindicato que había sido cuestionado por prácticas irregulares y que inexplicablemente cuenta también con el apoyo de la presidenta de la Junta Parroquial.

Otra de las denuncias que pesa sobre Gutiérrez es la que efectuaron unas vecinas de la comunidad ante la Oficina Técnica Nacional para la Regularización de la Tenencia de la Tierra por estar involucrado directamente con sus asistentes Isabel Delgado y Verónica Rojas en el cobro irregular de Bs. 2000 a las 250 familias del sector La Esperanza para censarlas en el Comité de Tierras de ese sector, con unas planillas llevadas a la comunidad por la legisladora Gladys Requena, cuando dichas familias ya han sido censadas por dicho comité.