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Como novedad en el proceso, el Estado financiará por primera vez en la historia del país la publicidad de los tres mil 163 candidatos de las 26 agrupaciones calificadas en los últimos dos meses por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El vicepresidente del TSE, René Mauge, destacó este domingo que recibieron unos 30 millones de dólares para garantizar la equidad de tiempo y espacio de los futuros asambleístas en la prensa escrita, radio, televisión y vallas.
Se pretende de esta forma frenar la desigualdad que ha existido en las anteriores elecciones, cuando los grandes partidos políticos, apoyados por grupos económicos, pagaban su propaganda y otros movimientos no podían hacerlo.
Los aspirantes a los 130 asientos de la Constituyente no pueden hacer publicidad privada, ni recibir donaciones o regalos, de acuerdo con las regulaciones establecidas por el estatuto electoral aprobado en la consulta del 15 de abril pasado.
El 30 de septiembre próximo se realizarán los comicios para elegir a los miembros de la Asamblea, la cual estará compuesta por 24 representantes a nivel nacional, 100 provinciales y seis delegados de los ecuatorianos residentes en el exterior.
Un total de 130 sillas de la asamblea están en disputa. De ellas, 100 se distribuirán de forma idéntica que el actual Congreso. Las provincias con mayor representación serán: Guayas (18), Pichincha (14), Manabí (8), Azuay (5) y Los Ríos (5), detalló el diario El Comercio de Ecuador.
Asimismo, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Tungurahua y Loja tendrán cuatro curules cada una. Bolívar, Cañar, Carchi e Imbabura accederán a tres escaños. Por último, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Orellana, Zamora, Sucumbíos y Galápagos tendrán dos puestos cada una por ser las provincias con menos electores.
La campaña arranca en medio de una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, por la negativa de este último de aprobar reformas gubernamentales que buscan un cambio de la situación en el país.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, denunció la existencia de una estrategia deliberada de la prensa, controlada y dominada por banqueros y poderosos grupos financieros para desestabilizar la nación en estos meses previo a los comicios de la Asamblea Constituyente.
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