La no renovación de la concesión de uso del espectro radioeléctrico a la estación de televisión privada Radio Caracas Televisión (RCTV), perteneciente al Grupo 1 Broadcasting Caracas (1BC), la cual se venció el 28 de mayo pasado, ha generado diversas posturas en el ámbito mediático nacional e internacional.

La iglesia venezolana no ha estado exenta de ello, pues muchos son los argumentos que emiten los eclesiásticos venezolanos en relación al caso de RCTV, testimonios que muestran una vez más la posición contrapuesta de la iglesia ante las acciones del Gobierno Bolivariano de Venezuela.

Monseñor Ubaldo Santana, Arzobispo de Maracaibo, estado Zulia, consideró que no renovar la concesión de la señal radioeléctrica del Estado Venezolano a RCTV es una medida restrictiva para los medios de comunicación privados, “el gobierno cuenta con un abultado número de medios en el espectro radioeléctrico, por lo cual no necesita acudir a ese tipo de medidas”.

Para el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) monseñor Roberto Lücket, la no renovación de la licencia ha sido el “más grave error político” del gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías, que busca una “hegemonía comunicacional”. Según él, es una medida que no hiere sólo el sentir de los oligarcas del país sino también el del propio pueblo venezolano.

Sin embargo, los comentarios de los clérigos se contraponen, a su vez, con los preceptos establecidos en el Documento de Puebla, escrito resultante de III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en Puebla de los Ángeles, México, el 28 de enero de 1979, la cual fue presidida personalmente por el Santo Padre Juan Pablo II; reunión que fue, indudablemente, un gran acontecimiento eclesial para los señores cardenales, arzobispos y obispos de la iglesia peregrina de Latinoamérica de la época.

En sus líneas más resaltantes el Documento de Puebla, en distintos numerales, expresa:

"1069.- ...Debemos denunciar el control de estos Medios de Comunicación Social y la manipulación ideológica que ejercen los poderes políticos y económicos que se empeñan en mantener el statu quo y aun en crear un orden nuevo de dependencia-dominación o, al contrario, en subvertir este orden para crear otro de signo opuesto. La explotación de las pasiones, los sentimientos, la violencia y el sexo, con fines consumistas, constituyen una flagrante violación de los derechos individuales. Igual violación se presenta con la indiscriminación de los mensajes, repetitivos o subliminales, con poco respeto a la persona y principalmente a la familia.

1070.- Los periodistas no siempre se muestran objetivos y honestos en la transmisión de noticias, de manera que son ellos mismos los que a veces manipulan la información, callando, alterando o inventando el contenido de la misma, con gran desorientación para la opinión pública.



1071. El monopolio de la información, tanto de parte de los gobiernos como de parte de los intereses privados, permite el uso arbitrario de los medios de información y da lugar a la manipulación de mensajes de acuerdo con los intereses sectoriales. Es particularmente grave el manejo de la información que sobre nuestros países o con destino a los mismos, hacen empresas e intereses transnacionales.

1072.- La programación, en gran parte extranjera, produce transculturación no participativa e incluso destructora de valores autóctonos; el sistema publicitario tal como se presenta y el uso abusivo del deporte en cuanto elemento de evasión, los hace factores de alienación; su impacto masivo y compulsivo puede llevar al aislamiento y hasta la desintegración de la comunidad familiar.

1073.- Los Medios de Comunicación Social se han convertido muchas veces en vehículo de propaganda del materialismo reinante pragmático y consumista y crean en nuestro pueblo falsas expectativas, necesidades ficticias, graves frustraciones y un afán competitivo malsano”.

Ahora bien, considerando que lo establecido por los clérigos de entonces, dejó sentado que la Iglesia se proyectó con renovado vigor al servicio de nuestros pueblos, hay una clara evidencia de la parcialización actual del clero ante la posición mediática del país, ¿cuál es entonces la postura de la iglesia venezolana?, ¿acaso ellos asumen su rol en relación a las declaraciones acordadas por el propio Juan Pablo II en el Documento de Puebla?

Si bien el secretario de la CEV asumió una posición mediadora hoy ante la visita de cientos de estudiantes universitarios que deseaban entregar un documento en repudio a la decisión del Estado venezolano de no renovar la concesión a RCTV, estas interrogantes continúan presentes.

Es necesario que la iglesia venezolana asuma una posición coherente y objetiva ante la situación actual del país, ¿acaso es necesario recordarles el espíritu que les llevó a hacer una crítica a la actuación de los medios, tal como ocurrió en la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano?