Para lograr la mayoría accionaria que Pdvsa requiere para darle al Estado el estratégico control sobre las mejoradoras que funcionan en la no menos vital Faja del Orinoco, Venezuela tiene dos vías: negociar con las transnacionales Statoil, Chevron, Conoco Phillips, o reformar la Constitución.

Las empresas extranjeras han guardado, hasta ahora, silencio. El Gobierno espera dialogar.

Una minoría accionaria, que oscila entre el 30% y el 49%, posee Pdvsa en las cuatro operadoras extranjeras que actualmente realizan labores de extracción de petróleo extrapesado en la Faja del Orinoco. A corto plazo, y según los lineamientos del presidente de la República, Hugo Chávez, el Estado venezolano espera revertir a más del 50% su participación.

El debate sobre el nuevo mecanismo para obtener una mayoría accionaria sobre las empresas que laboran en la Faja Petrolífera del Orinoco la encendió el presidente Hugo Chávez, el pasado lunes, durante la juramentación del nuevo Gabinete ministerial, acto que se efectuó en Teresa Carreño.

El Jefe de Estado explicó la necesidad del Estado de recuperar las empresas del área energética, ya que constituye un sector clave para el país.

Dos días después, durante su juramentación como presidente de la República, Chávez solicitó la reforma de los artículos 302 y 303 de la constitución, para que el Estado se reserve las acciones de Pdvsa así como de sus filiales.

“La nueva política que enmarca el gobernante Chávez es que el Estado, en este caso la principal empresa petrolera del país Pdvsa, posea una mayor participación, que oscile entre el 50%, 70%, o incluso, el 100% de participación sobre el control de la explotación y extracción del petróleo”, dijo el experto petrolero, Víctor Santamarín.

Revisión

Según la Constitución nacional se garantiza el control del Estado sobre las actividades petroleras, pero no contempla que Pdvsa tenga el máximo control accionario sobre algunas empresas trasnacionales. Similar situación ocurre en la nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada en el 2001, que no posee ningún artículo que sugiera el rango de participación que debe tener la estatal petrolera sobre las compañías instaladas en la Faja.

“Tal es el caso del artículo tres de esa ley que establece que todos los yacimientos de hidrocarburos, existentes en el territorio nacional, pertenecen a la República. Pero en ningún artículo se dice cuál debe ser la participación accionaria del Estado en todas las compañías extranjeras que extraen petróleo de la Faja y son dueños mayoritarios de sus acciones. Existe un vacío que hay que mejorar pronto”, a juicio de Rolando Castro, experto en derecho constitucional.

Dos opciones tiene el país para lograr obtener la mayor participación en las asociaciones estratégicas del Orinoco y denominadas Cerro Negro, Ameriven, Petrozuata y Sincor, donde participan las empresas extranjeras Statoil, Total y las estadounidenses Exxon Mobil, Conoco Phillips y Chevron.

“El Estado venezolano tiene dos caminos: negociar con las operadoras que acepten el traspaso a las llamadas empresas mixtas o modificar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través de una consulta pública”, expresó Castro.

Detalló que la Constitución, según su artículo 302, sólo garantiza al Estado el control sobre actividades petroleras, pero no sobre las asociaciones estratégicas, como ocurre en la Faja del Orinoco.

“Mientras que en el artículo 303 se establece que el Estado tiene la potestad de conservar la totalidad de las acciones de Pdvsa, pero no en el caso de las filiales y asociaciones estratégicas que se hayan constituido para el desarrollo de negocios petroleros, como es el caso de la Faja del Orinoco. En otras palabras, la Constitución sólo garantiza el control sobre actividades petroleras nada más y no sobre el porcentaje de sus acciones, si ya existe de por medio un convenio”, explicó.

El analista petrolero, Rafael Sánchez, destacó que en el caso de las empresas operadoras en la Faja del Orinoco la situación es difícil de ejecutar. “Los convenios Sincor, Petrozuata fueron autorizados por el antiguo Congreso nacional, en 1993, mientras que los convenios Ameriven y Cerro Negro fueron aprobados en 1997 bajo el artículo 5 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de Hidrocarburos. Lamentablemente los viejos dirigentes permitieron la firma de contratos, de más de 20 años, en donde se establece que el Estado tiene una minoría accionaria”.

En la actualidad, el proyecto Sincor posee como socio principal a la trasnacional Total con 47% de participación; la empresa Statoil con 15% y Pdvsa con 38%; mientras que en Petrozuata el socio principal es Conoco Phillips con 50,1% y Pdvsa posee el 49,9% de las acciones restantes.

En el proyecto Ameriven, la empresa Chevron tiene un 30% de participación, Pdvsa otro 30% y la Conoco Phillips un 40%. Por último, el convenio Cerro Negro destaca igualdad de participación entre Pdvsa y la compañía Exxon Mobil con un 41,6% de participación para cada una y un restante un 16,6% de acciones a la empresa BP.

Nuevo esquema

Sánchez añadió que desde hace varios años el Gobierno adelanta esfuerzos para que Pdvsa posea una mayoría accionaria en la Faja del Orinoco, y a través del esquema de las empresas mixtas.

“Estas empresas son más que la constitución de compañías, conformadas entre la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), las trasnacionales y Pdvsa, para la extracción y explotación de yacimientos petrolíferos en el país. El caso particular es que en todos los casos Pdvsa posee la mayoría accionaria”, aseguró Sánchez.

Posición

El nuevo ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, en declaraciones recientes, enfatizó que el proceso de nacionalización de las cuatro asociaciones de la Faja del Orinoco sólo se llevará a cabo si fracasan las negociaciones para que el país obtenga mayor participación.

“Si las negociaciones que se adelantan entre el Ministerio de Energía y Petróleo con las cuatro concesionarias estratégicas no llegan a nada, el Estado podría hacer una acto de nacionalización para recuperar la actividad productiva mayoritaria”, comentó Cabezas, en una entrevista telefónica.

Hasta la fecha, ningún representante de las empresas Statoil, Total y Exxon Mobil, Conoco Phillips y Chevron se ha manifestado públicamente sobre las negociaciones y su posición sobre el esquema accionario que adelanta el Gobierno nacional.

El Ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, indicó a la agencia Reuters, que Venezuela considera ejecutar reformas legales para pasar a tener mayoría accionaria en los proyectos de crudo pesado controlados por firmas extranjeras en la Faja del Orinoco.

“Es un asunto que sí estamos evaluando. El proceso de migración a la nueva ley debe producirse en todos los negocios”. También aseguró el funcionario que el estudio se encuentra en su etapa inicial y que los resultados saldrán pronto.