Madrid, 24 nov (PL) El escándalo de presuntas cárceles de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en otros países ha creado hoy una creciente preocupación sobre el posible uso de aeropuertos españoles con ese fin.

El diario El País revela que el Gobierno español presidido por José María Aznar, flexibilizó en 2002, después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y la guerra de Afganistán, los controles sobre los aviones estadounidenses que sobrevuelan o hacen escala en España.

Señala que el Protocolo de Enmienda al Convenio de Cooperación para la Defensa instauró las autorizaciones genéricas de carácter trimestral, en lugar de las individuales, y eliminó la necesidad de notificar el tipo y la finalidad de la misión de dichos aviones.

Este escándalo, ligado al de las llamadas cárceles secretas y entregas de detenidos a países donde se practica la tortura, se ha extendido ya por toda Europa, expresa el diario.

Añade que el Gobierno se negó a que José Luis Rodríguez Zapatero contestara ayer en el pleno del Congreso una pregunta sobre el tema y a que comparezcan en la Comisión de Secretos Oficiales, los ministros de Interior y Defensa y el director del Centro Nacional de Inteligencia.

Pero, a cambio el ministro Moratinos ha ofrecido la máxima transparencia en el tratamiento del caso.

El periódico señala que la última modificación del convenio de Defensa con Estados Unidos de abril de 2002, relajó notablemente los controles sobre los aviones estadounidenses, pero mantuvo la obligatoriedad de presentar el correspondiente plan de vuelo.

De esa manera, explica, las autoridades españolas deben saber si se ha producido algún viaje directo desde España a la base de Guantánamo (territorio de Cuba ilegalmente ocupado por Estados Unidos), donde 500 supuestos miembros de Al Qaeda permanecen presos.

El Ministerio de Defensa no pregunta al Pentágono qué hay dentro de los aviones que hacen escala en las bases españolas, ni controla el pasaje ni los inspecciona, pero Estados Unidos violaría el convenio si trasladara presos en condiciones ilegales, dice El País.

Esto último sería así porque dicho convenio excluye expresamente el tránsito de aviones con "pasajeros o carga que pudieran ser controvertidos para España".

Falta por aclarar si los vuelos que investigó la Fiscalía de Baleares, 10 escalas en el aeropuerto de Son Sant Joan (Palma de Mallorca) de un B-737 y un Gulfstream, se hicieron al amparo del convenio, indica el diario.

El artículo 25 del tratado bilateral permite que toda aeronave que opere por o para las Fuerzas Armadas de aquel país pueda utilizar cualquier aeropuerto español, solicitando autorización a través del Comité Permanente hispano-americano con una antelación de 48 horas.

Pero la exigencia de "notificación previa del tipo y finalidad de la misión" se eliminó en la reforma de 2002.

El Comité Permanente autorizó mil 682 escalas de aviones estadounidenses en Son Sant Joan en los últimos siete años.

Un récord se alcanzó en 2002, con 373 escalas, que se redujeron a sólo 138 el año pasado.