La Paz, 21 nov (EFE).- El Defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, demandó hoy a las autoridades la eliminación del régimen de semiesclavitud y otras formas de explotación laboral a las que están sometidos cerca de 14.000 guaraníes en el sureste del país.

En la localidad de Monteagudo, situada a 1.063 kilómetros al sur de La Paz, en el departamento de Chuquisaca, Albarracín exigió a las autoridades erradicar todas las formas de sometimiento que afectan a esas familias indígenas, informó la oficina del Defensor del Pueblo.
El pedido fue planteado a través de una resolución de la entidad dirigida a varios ministros del Ejecutivo boliviano, además de las autoridades judiciales de Chuquisaca y las de los municipios donde se encuentran las familias en cautiverio y sometidas a sus patrones.

La resolución emplaza a las autoridades a plantear en 90 días una solución a estos problemas, que afectan a 60 comunidades formadas por cerca de 14.000 guaraníes.
Según un informe de Albarracín, los propietarios de las haciendas mantienen "arreglos verbales" con los indígenas, que implican jornadas laborales de entre 10 y 12 horas diarias, sin pagar un salario mensual formal, sino sólo alimentos, ropa o pagos diarios de entre 60 centavos de dólar y menos de dos dólares.

La investigación también encontró niños guaraníes entregados a préstamo por sus familias a los hacendados a cambio de que los menores puedan asistir a una escuela, pero mientras cumplen servicios domésticos o agrícolas para ellos.
Según el Defensor, las comunidades guaraníes del Chaco boliviano han sido sometidas a esos regímenes que violan tratados internacionales y la Constitución Política del Estado sin que los sucesivos Gobiernos actuaran hasta ahora para revertir esa situación.

En Bolivia, donde un 62 por ciento de la población reconoce su origen indígena, los guaraníes forman una etnia minoritaria con una población total calculada en alrededor de 62.000 personas, frente a las comunidades indígenas predominantes, que son la aymara y quechua.