El gobierno boliviano tiene previsto transferir más de 400 millones de dólares para salvar de la ruina a los sectores empresariales más enriquecidos del país y que hoy se encuentran en una virtual bancarrota.

Una de las primeras medidas, que está en análisis del Congreso Nacional, es la condonación de aproximadamente 160 millones de dólares que los sectores empresariales adeudan al Estado por concepto de multas e intereses de sus deudas en mora con Impuestos Internos. Estos recursos debían ingresar al erario público para sufragar los gastos estatales en la provisión de obras e infraestructura social de apoyo a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

El 'perdonazo' tributario alcanza a los más grandes e influyentes empresarios que tenían incluso sentencia ejecutoriada, como es el caso del empresario cervecero y líder de la cogobernante Unidad Cívica Solidaridad, Johnny Fernández, y del constructor Andrés Petricevic, uno de los accionistas de la transnacional Andrade Gutiérrez, ligado al gobernante Movimiento Nacionalista Revolucionario.

De aprobarse esta condonación parcial de deudas, el empresario cervecero Fernández deberá pagar solo la tercera parte de casi 10 millones de dólares, que adeuda al fisco. Lo mismo acontecería con otros influyentes empresarios vinculados a las esferas del poder político.

Junto al 'perdonazo', el gobierno también tramita la concesión de 250 millones de dólares para rehabilitar empresas que afrontan graves problemas financieros. Los recursos serían desembolsados a través de la banca privada en condiciones muy favorables para los sectores empresariales que actualmente afrontan una deuda de más de mil millones de dólares con Impuestos Internos, el sistema bancario, las Administradoras de Fondos de Pensiones y la Caja Nacional de Salud.

Sin embargo, el apoyo financiero que el Estado se apresta a brindar a los sectores empresariales ha sido cuestionado por amplios segmentos de la población empobrecida, que sufre con mayor rigor los efectos de la crisis económica y que está huérfana de todo respaldo gubernamental. Este es el caso de los trabajadores asalariados, pequeños productores campesinos, informales y trabajadores por cuenta propia.

Así, el dirigente de la Central Obrera Departamental de La Paz, Genaro Torrico, advirtió que los recursos que el Estado transferirá a los sectores empresariales solo agravará la extrema desigualdad en la distribución del ingreso. 'Están subvencionando a los más ricos con el dinero que será pagado por los más pobres', dijo.

Otra crítica de la Central Obrera señala que la subvención estatal al sector empresarial no tendrá efectos positivos sobre la generación de empleo ni sobre los trabajadores por la escasa relevancia que tiene este sector en el ámbito laboral. Los datos oficiales revelan que en Bolivia el empresariado nacional genera menos del 20 por ciento del empleo y que más del 65 por ciento de la fuerza laboral está concentrada en la informalidad y los pequeños talleres, que trabajan en condiciones precarias y sin ningún apoyo técnico ni financiero.

'El gobierno dice que el 'perdonazo' tributario favorecerá también a los trabajadores, pero esto no es cierto. Los trabajadores, campesinos e informales seguimos sin recibir nada, todo es para los empresarios', aseguró Torrico.