La Habana, 26 sep (PL) Estados Unidos dilató hoy su farsa al conceder dos semanas más para decidir la extradicción a Venezuela del terrorista Luis Posada Carriles, reclamado por explotar un avión civil cubano que provocó la muerte a 73 personas.

En la continuación hoy de la vista administrativa de migración en El Paso, Texas, el juez William L. Abbott concedió 15 días a la Fiscalía para presentar alegatos que permitan decidir si el criminal es extraditable o no al país sudamericano.

Hoy los abogados del gobierno no presentaron testigos ni evidencias, ni permitieron tampoco la presencia de la prensa, señalaron los analistas del programa televisivo cubano Mesa Redonda Informativa.

Observadores consideran que todo está organizado para que el terrorista sea liberado por las autoridades norteamericanas.

La fiscal Gina Garrett Jackson declaró que el Gobierno está preocupado por el sistema de justicia de Venezuela y sus vínculos con Cuba, pero carece de pruebas acerca de la posibilidad de que el enjuiciado sería torturado en la nación sudamericana.

Cuba ha reiterado que no tiene interés en que el asesino sea enviado a la Isla, pero sí a Venezuela, donde debe ser juzgado de acuerdo con las leyes internacionales.

Los panelistas analizaron el Tratado contra la tortura, en vigor desde 1987, y precisaron que Washington se comprometió con ese convenio en 1999, y ahora esgrime que su aplicación no se corresponde con este caso.

En las anteriores vistas de esta audiencia inconclusa, los días 29, 30 y 31 de agosto último, se observó claramente el montaje de un falso proceso para liberar a Posada Carriles, señalaron los panelistas.

Durante las presentaciones de Posada Carriles, recluido bajo acusación de entrada ilegal a territorio norteamericano, se omite deliberadamente su historial como uno de los criminales más peligrosos del mundo.

En el colmo de la prepotencia, los abogados afirman que solicitarán la ciudadanía norteamericana para el terrorista, lo que por la propia Ley de ese país no sería viable.
También adelantaron que apelarán cualquier opción que no les satisfaga, lo cual aplazaría todo intento de extradición.

En todo caso, no convendría a la administración de George W. Bush, si el acusado revela en un juicio imparcial su condición de asesino a sueldo de ese gobierno y la mafia anticubana de Miami.

Uno de los abogados del terrorista, Matthew J. Archambeault, expresó que su cliente sabe mucho y si habla podría ser dañino para la Agencia de Central de Inteligencia y el Buró Federal de Investigaciones, en claro reconocimiento a los estrechos vínculos del asesino con el gobierno estadounidense.

Al amparo en un acuerdo suscrito con Washington en 1922, las autoridades venezolanas piden la extradición de Posada Carriles, acusado por la voladura en 1976 de una nave de pasajeros de Cubana de Aviación que mató a 73 personas.

Hace ocho años, Posada planificó una ola de atentados contra instalaciones hoteleras en La Habana, y en 2000, intentó asesinar al presidente de Cuba, Fidel Castro, junto a cientos de personas, durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Panamá.