El Ministerio Público decidió solicitar medida privativa de libertad contra los militares que participaron en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, informó este miércoles la fiscal con competencia nacional Luisa Ortega Díaz.

La funcionaria manifestó que la petición fue hecha ante el Tribunal 19 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Dijo que dicha medida recae sobre los oficiales en situación de retiro vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, general de división (Ej.) Efraín Vásquez Velasco, general de brigada (Av.) Pedro Pereira Olivares y el contralmirante Daniel Comisso Urdaneta.

Los referidos oficiales participaron en los hechos del 11, 12 y 13 de abril de 2002, los cuales trajeron como consecuencia que se le diera un golpe de Estado al presidente legítimamente constituido, Hugo Chávez Frías, y asumiera el poder por pocas horas el empresario Pedro Carmona Estanga.

Restablecido el orden constitucional con la vuelta al Poder Ejecutivo de Hugo Chávez Frías, el Ministerio Público solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un antejuicio de mérito contra los oficiales.

Como ponente del caso fue designado el magistrado Franklyn Arrieche, quien recomendó sobreseerle la causa a los imputados, medida que fue aprobada por la Sala Plena del TSJ el 14 de agosto de 2002. Por ello, los militares quedaron libres de todo presunto delito.

Esta decisión fue apelada por el Ministerio Público, instancia que solicitó la nulidad de la sentencia ante la Sala Constitucional del alto tribunal de la nación.

Con ponencia del magistrado Francisco Carrasquero, la Sala Constitucional anuló el 11 de marzo de 2005 la decisión de la Sala Plena del TSJ de sobreseer la causa a los militares comprometidos con el golpe de Estado.

Con esta decisión, el Ministerio Público reinició sus acciones contra los militares rebeldes y designó para el caso a la fiscal de la vindicta pública Luisa Ortega Díaz.

Desde el mes de junio de 2005 el Ministerio Público ha venido emitiendo las boletas de citación para los militares comprometidos con el golpe de Estado.

Los intentos han sido en vano. Con insistencia se comenta que están en el exterior, situación que ha sido comprobada, porque algunos de ellos han solicitado asilo en Colombia, medida negada por el Gobierno del vecino país.

La no comparecencia de los militares ante el Ministerio Público para ser imputados obligó a Luisa Ortega Díaz a solicitar su detención ante el Tribunal 19 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

De admitir el juzgado la sugerencia del Ministerio Público, ordenará la medida privativa de libertad contra los imputados y si éstos están en el exterior oficiará a la Policía Internacional (Interpol) para su captura.