Estados Unidos en Paraguay: señales de alarma Por: Carmen Moreno*,
E-Mail: serviex@prensa-latina.cu



Un comunicado de la embajada de Estados Unidos en Paraguay para
justificar el arribo de contingentes de militares en la pequeña nación, y
rechazar conjeturas sobre la posible apertura de una base militar, no
consiguió sosegar las señales de alarma en la región.

Parlamentarios, expertos en temas castrenses y activistas humanitarios
mantienen el criterio de que Washington alcanzó su legendario propósito de
colocar un peón adelantado de cara a la Triple Frontera y otros puntos
geoestratégicos de Sudamérica.

La versión surgió luego del ingreso (con inmunidad total) de 500
uniformados estadounidenses, con el expreso argumento de efectuar ejercicios
conjuntos con sus pares paraguayos.

El cuartel escogido sería el aeropuerto semiclandestino que existe desde
hace algunos años en el Chaco paraguayo, con posibilidades para albergar
hasta 16 mil militares, aterrizar aviones B-52 y Galaxy, y desembarcar
material bélico pesado.

La pista aérea, de tres mil 800 metros de largo -suficientes para
misiones de ese tipo-, está situada en Mariscal Estigarribia, a unos 200
kilómetros de la frontera con Bolivia.

En su información, la sede diplomática calificó de "disparatadas" las
advertencias lanzadas por analistas a partir de la entrada a Paraguay del
primero de 13 contingentes de soldados, aviones, armas y equipos del
Ejército de Estados Unidos.

El gobierno de Washington "no tiene intención alguna de establecer una
base militar en ningún lugar de Paraguay", ni de "apostar aquí a soldados
por un período largo de tiempo", proclama el comunicado.

En cuanto a la situación de Ciudad del Este (en la Triple Frontera),
aclara que Estados Unidos no pretende ninguna intervención "excepto el apoyo
a programas para la creación de empleos para paraguayos en esa ciudad".

El ex mayor del Ejército de Bolivia Juan Ramón Quintana, analista de
temas de seguridad, considera una ingenuidad "pensar que las intervenciones
militares norteamericanas tienen como finalidad exclusiva la lucha por el
terrorismo o acciones humanitarias".

Advirtió que la estrategia utilizada es "el maquillaje de una ocupación
militar orientada a apropiarse de los recursos naturales de los países".

Ahora en Paraguay, y hasta diciembre de 2006, los soldados
norteamericanos poseen las mismas prerrogativas de un funcionario
diplomático, no tienen que responder por los daños que causen a la salud o
al medio ambiente, ni tampoco a los recursos de la población.

Llamaron la atención también las reuniones privadas del vicepresidente
paraguayo, Luis Castiglioni, con su homólogo Richard Cheney; el secretario
de Defensa, Donald Rumsfeld, y el subsecretario de Estado para Asuntos
Hemisféricos, Roger Noriega.

De todos esos encuentros, efectuados en un reciente viaje de Castiglioni
a Washington, sólo se dijo que otro grupo de expertos del Centro de Estudios
Hemisféricos de Defensa, una institución dependiente del Pentágono, llegaría
en septiembre a Asunción.

Pese a la insistencia de los comentarios sobre la conformación de la base
militar, en Paraguay sólo la cancillería se ha pronunciado. Un comunicado
emitido recientemente aclara que el gobierno "no suscribió acuerdo alguno"
al respecto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo recordó que estos
ejercicios e intercambios militares se efectúan desde 1943, en el marco de
la cooperación bilateral paraguayo-estadounidense.

Los cuestionamientos de bolivianos, argentinos, brasileños e incluso
paraguayos tienen que ver -además de las prerrogativas- con la extensa
permanencia de los uniformados (hasta el 31 de diciembre del próximo año).

El coronel Elio Flores dijo que "por razones de calendarización y
presupuesto, y sólo por esta ocasión, Estados Unidos nos presentó un paquete
de los ejercicios hasta el 2006, pidiendo autorización en conjunto y no en
forma unitaria para cada ejercicio".

Uno de los primeros países en llamar la atención sobre la eventual
instalación de una nueva base militar en el Cono Sur fue Bolivia, distante a
sólo 250 kilómetros del aeropuerto que Estados Unidos mantiene en Paraguay.

De hecho, el Legislativo boliviano encargó a una comisión especial las
indagaciones pertinentes.

Para el diputado Santos Ramírez y el presidente de la Asamblea de
Derechos Humanos, Sacha Llorenti, el despliegue del poderío bélico de
Washington apunta a la estrategia de establecerse en regiones ricas en
recursos energéticos.

Con esta "cercanía", Estados Unidos podrá controlar las reservas
gasíferas y petroleras de Bolivia, ya que el pozo boliviano de La Vertiente,
ubicado en Tarija (yacimiento de gas más grande del país) está conectado con
el pozo paraguayo Independencia 1.

También el senador liberal brasileño Pedro Simón, ex ministro de
Agricultura y ex gobernador de Río Grande del Sur, reveló que la comisión de
Relaciones Exteriores y Defensa Nacional decidió pedir informes a las
autoridades de su país sobre el asunto.

La decisión del Congreso de Paraguay de permitir el ingreso de tropas con
inmunidad y libre tránsito es -para analistas- uno de los golpes más fuertes
que Washington ha descargado sobre el Mercado Común del Sur y la Triple
Frontera.

Este punto de convergencia entre Argentina, Brasil y Paraguay funciona
como llave de acceso político y militar a la región amazónica, área en la
cual se encuentra la mayor reserva de agua potable del mundo, el manto
Acuífero Guaraní.

Las tropas norteamericanas que entraron a Paraguay a fines del año pasado
fueron vistas en distintos puntos de la zona fronteriza, entre ellos
Concepción, el Chaco y Encarnación, limítrofe con Argentina.

El boliviano Antonio Peredo, diputado del Movimiento al Socialismo,
denunció en los últimos días los planes estratégicos de Estados Unidos para
controlar y dominar los recursos naturales de América Latina, entre estos
los grandes yacimientos de gas natural.

Peredo recordó que Washington ha intentado antes establecerse
militarmente en el Cono Sur y recordó que en 1986 una fuerza militar
norteamericana desembarcó en Bolivia sin permiso y permaneció varios meses
en supuesta misión de lucha contra el narcotráfico.

Gildo Angulo, contralmirante en retiro y conocido defensor de la
nacionalización de los hidrocarburos, dijo que el acuerdo posibilitó la
construcción de instalaciones para establecer allí personal militar en forma
masiva.

*La autora es la Jefa de la Redacción de Sudamérica de Prensa Latina.