Caracas, 11 Mar. ABN (Marlitza Matheus).- El contralor general de la
República, Clodosbaldo Russián, expresó este jueves que carece del
derecho para sancionar penalmente a los funcionarios que cometan
irregularidades durante su gestión.

A pocos días de presentar el informe de gestión del año 2004
ante la Asamblea Nacional (AN), aclaró que su responsabilidad no es
poner preso a ninguna persona, por cuanto las funciones policiales las
ejercen instituciones como el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC).

Señaló que la función de la Contraloría General de la
República es sustanciar los expedientes de acuerdo a los recaudos
presentados.

Agregó que posteriormente se determinan las responsabilidades
y, de conformidad con esto, se imponen las sanciones administrativas
correspondientes.

Igualmente, recalcó que si hay indicios de carácter civil o penal, el
expediente se remite a la Fiscalía General de la República (FGR),
órgano con competencia para imputar ante los entes jurisdiccionales.

Russián dejó claro que se debe hacer un esfuerzo por
transitar el camino para adecentar el país. Afirmó además que los
delitos contra la administración pública no tienen color político ni
ideologías.

Al respecto, mencionó que son actos cometidos por los seres humanos,
quienes tienen una gran cuota de responsabilidad.

Dijo que en la medida en que los venezolanos entiendan que son
contralores sociales, se pueden reducir los hechos de corrupción y, en
ese sentido, la coerción disminuirá.

El contralor general de la República agregó que la presencia del sector
privado es un aspecto que se deja a un lado cuando se analiza el
fenómeno de la corrupción.

Por ello, puntualizó que algunas personas, en nombre de instituciones,
acusan de corrupto a un gobierno. "Al analizar estos señalamientos se
evidencia que no tienen ninguna consistencia".

Insistió en que señalar de corrupto a un gobierno por la
percepción de los medios de comunicación social, sin tomar en cuenta si
es en el ámbito de la República, estado o municipio, es una
inconsistencia evidente.

En opinión de Russián, por esa causa la nación paga un costo muy caro,
debido a que aumenta el riesgo país, así como las tasas de interés que
cobran los organismos internacionales prestadores de recursos.

Explicó que otra forma de corrupción es cuando la industria de la
construcción soborna a los funcionarios en los municipios, a fin de
obtener los permisos de construcción y hacer los cambios de
zonificación, tal y como ocurrió en Vargas.