Así lo asegura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), que agregó que este grupo irregular sigue violando el cese al fuego.

"A pesar del compromiso de cese de hostilidades por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, continúan los actos de violencia e intimidación contra la población civil", señaló el organismo en un informe sobre el plan de paz con esa organización que será presentado al gobierno colombiano.

La relatora para Colombia de la CIDH, la peruana Susana Villarán, dijo que dispone de documentos que responsabilizan a los paramilitares involucrados en el diálogo de varios ataques a la población civil, especialmente indígena.

La CIDH -con sede en Washington- observó la falta de un marco jurídico para la desmovilización de los paramilitares acusados de crímenes atroces, señalando que el Estado está en la obligación de dotar dicho proceso con una ley que atienda los principios de verdad, justicia y reparación.

Mayor esfuerzo de Estado colombiano

Asimismo, advirtió que no se "detecta por parte del Estado colombiano esfuerzos destinados a establecer la verdad de lo sucedido" con las violaciones a los derechos humanos en las que han incurrido los paramilitares y los "grados de involucramiento oficial con esos grupos".

"Corresponde hacer un cuidadoso seguimiento de las condiciones bajo las cuales los miembros de los grupos armados al margen de la ley se plieguen al proceso de desmovilización, a fin de evitar que se torne en un conducto hacia la impunidad", señaló el documento presentado a la prensa por Villarán.

En ese sentido, la CIDH recomendó "la adopción de un marco legal integral que establezca condiciones claras para la desmovilización de grupos armados al margen de la ley, en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado".

Sus planteamientos coinciden con la presentación al Congreso colombiano de una serie de proyectos que fijan una condena mínima para los desmovilizados incursos en crímenes atroces, los cuales han originado una discusión pública sobre la dosis que de justicia que debe aplicarse en los procesos de paz.

La controversia se ha trasladado al propio gobierno que mantiene una posición dividida frente al proyecto que presentó al Legislativo y que establece penas entre cinco y diez años para los responsables de esas violaciones, confesión -sin delación- y devolución de bienes adquiridos ilegalmente.

Incluso el presidente Álvaro Uribe debió disuadir al comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, de retirarse del cargo ante las discrepancias que mantiene con otros funcionarios por esa propuesta, que a su juicio desestimula el desarme de los irregulares.

Sobre el particular, la CIDH consideró saludable la discusión, pero aclaró que el organismo no intervendrá en la misma y se limitará a comprobar que la ley que se adopte cumpla con las exigencias internacionales.

"Lo que sí es competencia nuestra es asegurar que cualquier ley o marco jurídicos relacionados con procesos de este tipo tengan en cuenta los principios de verdad, justicia y reparación", señaló Santiago Cantón, miembro de la Comisión.

El organismo de la OEA subrayó que si el Estado colombiano no esclarece adecuadamente los crímenes atroces cometidos por rebeldes o paramilitares, la justicia internacional asumirá la investigación.