Nueva York. En una decisión que provocó escalofríos en toda la profesión periodística de Estados Unidos, un tribunal federal falló el 15 de febrero que no existe el derecho de mantener confidenciales las fuentes de reporteros en una investigación criminal federal.

El fallo, emitido por tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, desechó el argumento de dos periodistas, quienes se han negado a divulgar sus fuentes durante la investigación de un gran jurado sobre la filtración del nombre de una agente clandestina de la CIA por funcionarios del gobierno de George W. Bush.

Multados y encarcelados.

El derecho de los periodistas a proteger la identidad de sus fuentes no está garantizado explícitamente en la Constitución, y siempre ha sido sujeto a la interpretación de jueces a lo largo de décadas. Varios periodistas han sido multados y encarcelados por su renuencia a cooperar con órdenes judiciales que los obligaban a revelar sus fuentes. En este caso, los dos periodistas ahora enfrentan una posible pena de hasta 18 meses de cárcel si no divulgan sus fuentes.

Matthew Cooper, de la revista Time, y Judith Miller, del NewYork Times, han rehusado divulgar sus fuentes en la investigación encabezada por el fiscal federal especial Patrick Fitzgerald sobre si se cometió un delito cuando personas identificadas como altos funcionarios del gobierno de Bush en varios reportajes revelaron la identidad de la agente de la CIA Valerie Plame en 2003.

Ni Cooper ni Miller tuvieron algo que ver con la divulgación de la identidad de Plame, sólo hablaron con sus fuentes después del hecho, y Miller investigó el tema pero nunca escribió una nota sobre el asunto.

La identidad de Plame fue revelada en una columna sindicada del comentarista conservador Robert Novak publicada el 14 de julio de 2003, en la cual citó a dos altos funcionarios del gobierno de Bush como sus fuentes.

Antecedentes.

Esta disputa es antigua en este país. Como recuerda el reportero Mark Bowden en el Columbia Journalism Review, hay casos como el de 1848 cuando John Nugent, reportero del New York Herald, rehusó informar al Congreso quién fue la fuente que le entregó el borrador de un tratado secreto entre México y Estados Unidos, y fue encerrado en el Congreso durante un mes por desacatar la orden de revelar su fuente.

En1957 Judy Garland demandó a una reportera por escribir que la estrella estaba deprimida, y cuando rehusó revelar su fuente sufrió 10 días de cárcel.

Time, Life, Newsweek y varias televisoras enfrentaron órdenes para revelar fuentes durante los años 60.

Afalta de una mención específica de este derecho en la Constitución, los medios han tenido que depender de la interpretación de los jueces de la ley, como la opinión disidente del juez William Douglas, la única vez que la Suprema Corte ha considerado este tema en 1972.

Pero la opinión mayoritaria dio la razón al Gobierno, y sus consecuencias fueron que unos 35 periodistas acabaron en la cárcel durante los ocho meses después del fallo en 1972.

Para contrarrestar esto, varias legislaturas estatales, tribunales y otros han tratado de promover leyes para proteger a periodistas de posibles abusos contra ellos por fiscales, pero nadie desea enfrentar el asunto directamente ya que la base legal constitucional es muy tenue. Con el fallo del 15 de febrero, se debilitó un poco más.