El Ministerio Público apelará en las próximas horas la decisión tomada por el juez 13° de Control del Area Metropolitana de Caracas, Heriberto Durán, quien decidió hoy otorgar medidas cautelares sustitutivas de libertad a los cuatro detenidos el pasado domingo por disparar contra un grupo de ciudadanos que se encontraban en una concentración en las adyacencias de PDVSA, en la Campiña.

El fiscal auxiliar 62° de Caracas, Gilberto Landaeta, informó que ya se encuentra preparando dicha apelación. Indicó que, incluso, el juez Durán incurrió en violaciones al debido proceso por cuanto no ordenó el traslado de los imputados al Tribunal y decidió a espaldas de los mismos, obviando lo establecido en el artículo 250° del Código Orgánico Procesal Penal y el 49° de la Constitución de la República.

El fiscal Gilberto Landaeta añadió que trató de ubicar a los inspectores de Tribunales para que se levantara un acta sobre esta situación irregular, pero no fue posible encontrarlos en sus puestos de trabajo aun cuando deben permanecer en los mismos hasta tanto se realice la última audiencia en los juzgados.

Además, considera que el juez Durán contravino el derecho de las partes al tomar una decisión contraria a la que solicitaron tanto los abogados de los imputados, que pedían la libertad plena, como el Ministerio Público, que solicitó medida privativa de libertad.

El Ministerio Público imputó a los ciudadanos José Wenceslao Castillo, Vasmer Ulrich, Angel Landaeta García y Aliayube Estrella Manuel los delitos de intimidación pública, porte ilícito de arma de fuego y resistencia a la autoridad, toda vez que se enfrentaron con funcionarios policiales, por lo que exigió la privación de libertad de los mismos.

No obstante, el Tribunal 13° de Control otorgó a José Wenceslao Castillo una medida cautelar de presentación ante el Tribunal cada 30 días y prohibición de salida del país.

Al resto de los imputados les otorgó igualmente medida cautelar de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país, además de prohibición de acercarse a las adyacencias de PDVSA La Campiña y les exigió como condición dos fiadores que devenguen un sueldo superior a 130 unidades tributarias.

Para otorgar estas medidas el juez consideró que no existen los supuestos del peligro de fuga y que no hay peligro de obstaculización de la justicia por parte de los imputados.