(Caracas, 20 de mayo de 2008) La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, consideró que el informe presentado por la International Criminal Police Organization (Interpol) ante las autoridades colombianas está viciado de nulidad, pues las pruebas analizadas no fueron obtenidas a través de un procedimiento legal.

"Pretenden ahora bañar con un manto de legalidad un hecho que desde su nacimiento es ilícito. Resulta que, presuntamente, estas computadoras fueron obtenidas en virtud de una invasión, de una intromisión que hacen al Estado ecuatoriano. Son unas pruebas contaminadas", agregó.

Destacó la titular del Ministerio Público que la Interpol no tiene facultades investigativas ni expertos con pericia en esta materia. "Está realizando experticias que no forman parte de los estatutos de su
organización", dijo.

Explicó que en la rogatoria enviada por el Ministerio Público al gobierno de Colombia por este mismo caso, se solicitó información sobre si se inició una investigación, cuáles fueron las personas comisionadas, y los elementos criminalísticos que colectaron en el procedimiento realizado, "porque no
sabemos bajo qué figura lo hicieron, porque eso es una invasión a la soberanía".

Tales declaraciones las emitió la Fiscal General luego de su salida del auditorium del Tribunal Supremo de Justicia, lugar donde minutos antes fue anunciado el diferimiento de la audiencia de solicitud de antejuicio de mérito contra el Gobernador de Yaracuy.

A juicio de la titular del Ministerio Público, fue correcta la decisión del TSJ de diferir para el próximo 27 de mayo la audiencia de antejuicio de mérito contra el Gobernador del estado Yaracuy, Carlos Giménez, quien juramentó este martes a sus abogados defensores.

La máxima representante del Ministerio Público manifestó que de haberse decidido lo contrario, se le hubiera violado el debido proceso al mandatario regional. "La defensa tiene que imponerse de las actas y del contenido del expediente para poder armar los argumentos y alegatos que corresponden", explicó Ortega Díaz.

Consultada sobre el pacto de no agresión que habría acordado el gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuit, con la víctima; la Fiscal General aclaró que en el caso de la solicitud de antejuicio de mérito por presuntas lesiones contra el mandatario regional, la causa no se ha paralizado, pues
se trata de un delito de acción pública.

"El legislador sabiamente ha señalado que esos son delitos de orden público, que una vez que entra a conocer el Estado los particulares no pueden llegar a convenios", explicó.

Caso Anderson

En cuanto a las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público respecto al presunto forjamiento de actas en el caso del fiscal Danilo Anderson, informó que los fiscales que hasta ahora estaban investigando sobre este hecho fueron relevados.

En este sentido, informó que la fiscal 50° nacional, Liseth Rodríguez Peñaranda, será la encargada de dirigir la investigación en este caso.

Aclaró que el cambio de fiscales obedece a una decisión interna del Ministerio Público, y aprovechó la oportunidad para anunciar que para las próximas semanas se estarán presentado varios actos conclusivos en relación con esta causa.

Por último, señaló que el fiscal 56° nacional Hernando Contreras, quien se encontraba de reposo desde el mes de diciembre, fue removido de su cargo este lunes.