Caracas, May. 13 ABN.- La Asamblea Nacional aprobó este martes por unanimidad el informe sobre presuntas irregularidades en el Instituto Autónomo para el Desarrollo Social del estado Yaracuy, 'Fundesoy'.

El presidente de la Comisión de Contraloría, diputado Julio Moreno, defendió durante su intervención, el trabajo investigativo realizado por el ente parlamentario y acusó al gobernador Carlos Jiménez, por supuestas irregularidades.

El asambleísta exhortó a todos los Poderes Públicos Nacionales a profundizar en las investigaciones y sancionar a los responsables de supuestos hechos de corrupción de acuerdo a la ley.

Señaló que el informe está relacionado con presuntas irregularidades administrativas sobre la desviación de los recursos para el municipio Bruzual por parte de la gobernación de esa entidad federal.

Dicho proceso investigativo se inició mediante acuerdo de plenaria de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el 18 de abril de 2OO7.

Los presuntos hechos están reflejados en la adquisión de 496 cauchos y la compra-venta de vehículos automotores para el transporte público.

Otras de las supuestas irregularidades estaría en la adquisición de nueve unidades de transporte público para la ruta social y en la repotenciación, reparación y overhaul de ciento nueve unidades de transporte público del estado Yaracuy.

También el informe recoge presuntas irregularidades en la rehabilitación del edificio sede del Instituto Autónomo para el Desarrollo Social del estado y en el programa 'Bolsa de Comida' y suministro de insumo de productos de la cesta básica.

Ante esas denuncias, la Comisión parlamentaria se constituyó en el municipio Bruzual a los fines de verificar los señalamientos hechos en función de las reiteraciones de los recursos transferidos.

Una vez analizada e interpretada la conducta del gobernador de Yaracuy, Carlos Jiménez y de los funcionarios interpelados por la citada Comisión, se observa un comportamiento irregular, constituido por 'gran concentración de los recursos' que inicialmente se encontraban comprometidos.

Según el informe, lo anterior evidencia que, los funcionarios de la gobernación de Yaracuy y Fundesoy, no actuaron conforme a los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, transparencia y responsabilidad.

La proposición presentada por la Comisión de Contraloría, quien solicitó sanción política para el gobernador del estado Yaracuy, Carlos Jiménez y varios de sus colaboradores, resultó aprobada.