Caracas, 15 Oct. Venpres (Ludovico Quiñones).- Lo que exprese el primer
mandatario nacional, Hugo Chávez Frías, en su programa "Aló Presidente",
tiene connotación política y no de injerencia en otro Poder Público, según
lo clarificó este miércoles la procuradora general de la República, Marisol
Plaza Irigoyen, en la rueda de prensa que ofreció en su despacho, para
responder al comunicado de la Comisión Internacional de Juristas.

A su criterio, las opiniones que emita el jefe de Estado en su
programa tienen carácter político, porque él es un dirigente y "esto no es
fundamento para que se diga que existe una intervención del Poder Ejecutivo
sobre el Poder Judicial. Se mantiene la autonomía de la actuación de los
jueces y se ejecuta el cumplimiento de las sentencias acatándolas, aún
cuando éstas sean adversas al Gobierno". Estos planteamientos responden a la
posición de los juristas agrupados en ese organismo, cuyas opiniones tratan
de malponer el estado de derecho existente en el país.

En torno a la entrega de las armas decomisadas en meses pasados
a la Policía Metropolitana, señaló que existe una ley sobre armamentos y
explosivos que prohibe las armas de guerra en manos de organismos policiales
como ese, adscrito a la Alcaldía Mayor, así como a los municipales, cuyo
objetivo es velar por la seguridad de los ciudadanos, cumplir tareas de tipo
preventivo mas no represivo.

Además, la ley prevé la actuación de la Fuerza Armada Nacional
en material antidelincuencial cuando la policía municipal sea sobrepasada
por la acción de los hechos, advirtió Plaza Irigoyen. Enfatizó, que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene potestad para dictar
medidas cautelares a un determinado país sino hacerle un llamado al gobierno
donde presuntamente se están violando esos derechos, para que adopte, a
motus propio, iniciativas de medidas cautelares para prevenir alguna
situación en ese sentido.

"Pero, se ha vendido a través de los medios de comunicación esa
especie, siendo una gran mentira", añadió. Asimismo, advirtió que la Corte
Interamericana de Derechos puede dictar sentencia cuando está demostrado el
hecho, pero no la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.