CARACAS, Noviembre 07-07 (Especial).- Jóvenes que se identificaron como integrantes de la Federación Bolivariana de Estudiantes y del Instituto Municipal de la Juventud, de la Alcaldía de Libertador, acudieron ante la Fiscalía General de la República para entregar un documento donde denuncian la alteración de orden público y daños al patrimonio de la ciudad, causadas el pasado 01 de noviembre, por los marchistas convocados por la Federación de Estudiantes Universitarios de la UCV para llegar hasta la sede del Consejo Nacional Electoral.

El documento está suscrito por Carlos Sierra, Enrique Ramos, Deomar Alvarado y Leomar Solórzano, actuando según lo dispuesto en los artículos 285 y 287 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales establecen la obligación de formular o denunciar ante un fiscal del Ministerio Público, cualquier hecho que pudiera constituir un delito de los contemplados y sancionados en el Código Penal Venezolano o cualquier otro ordenamiento jurídico.

La información fue suministrada por Leomar Solórzano, presidente del Instituto Municipal de la Juventud de Libertador y por Deomar Alvarado, directora nacional de la Federación Bolivariana de Estudiantes, quienes precisaron que durante la marcha de los estudiantes de la oposición, el pasado 01 de noviembre hasta el CNE, se utilizaron armas de fuego, explosivos, materiales inflamables como gasolina, objetos contundente, “causando daños patrimoniales en los espacios públicos y ornato de la ciudad, violando todas las disposiciones legales, generado malestar y angustia en los ciudadanos”.

En tal sentido aseguraron que se cometieron delitos contra libertades políticas, del trabajo, resistencia a la autoridad, agavillamiento, incitación a la guerra civil y desorden e intimidación al orden público.

Mediante el documento que entregaron al Fiscal Superior del Ministerio Publico, del área metropolitana de Caracas, igualmente solicitaron se aplique lo contemplado en los artículos 283 y 300 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia a lo previsto en la Ley del Ministerio Público y se oficie al Síndico Procurador Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital a fin de que le informe si hasta la fecha a ejercido alguna acción relacionadas con las respectivas responsabilidades.

“Primero fue la Asamblea Nacional, luego fue el Consejo Nacional Electoral, ahora es el Tribunal Supremo de Justicia, por tal motivo hemos decidido acudir ante la Fiscalía, porque no es posible que en un estado revolucionario, socialista, se siga permitiendo la impunidad ante daños al patrimonio público” Señaló Solórzano.

El representante del Instituto Municipal de la Juventud de la Alcaldía de Caracas recordó que el Ministro del Poder para las Relaciones de Interior y Justicia y el Alcalde de Caracas, Freddy Bernal, enfatizaron a los organizadores de las marchas la necesidad de mantener el orden y no ocasionar perjuicios a la ciudad y los ciudadanos. “Por eso exigimos ante el Ministerio Público la aplicación de la Ley para evitar daños patrimoniales”.

Reiteró que los estudiantes bolivarianos defenderán la revolución y tomarán las instalaciones de la UCV para colocar globos y afiches de la campaña por el sí, y “al mismo tiempo haremos pintas de carros, murales, etc; para mantener a los jóvenes en la calle defendiendo la revolución de manera pacífica. Y advirtió que si los estudiantes de oposición vienen de manera agresiva y con otras intenciones, “responderemos con contundencia contra aquellos sectores que no creen en la democracia”. Concluyó Leomar Solórzano.