El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Roberto Hernández,
escuchó y recibió los planteamientos en consulta pública efectuada en
los alrededores del Palacio Federal Legislativo, donde acudieron
voceros de los trabajadores del sector de la propiedad intelectual
El acto denominado: La Propiedad Intelectual y la Reforma
Constitucional con Trabajadores de la Economía Informal, formó parte
del debate público del Proyecto de Reforma Constitucional que adelanta
el Poder Legislativo en todo el país.
En esta ocasión, se desarrolló en los espacios exteriores (ala Norte)
del Palacio Federal Legislativo, el cual contó con la presencia del
director encargado del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual
(SAPI), Eduardo Samán; además, los asistentes recibieron el articulado
de la propuesta presidencial.
El diputado Hernández señaló, al final de las exposiciones, que la
problemática por la cual pasan los trabajadores del referido sector
compete a todo el pueblo venezolano que está inmerso en la reforma de
la Carta Magna.
Resaltó que la población está muy interesada en participar y discutir
la propuesta, por lo que acuden masivamente a las convocatorias de un
día para otro, tal como ocurrió en esta oportunidad y el pasado viernes
en Maracaibo.
Al respecto, destacó que es una fortuna que la formación del citado
partido coincida con la discusión de la Reforma de la Constitución para
que los batallones socialistas perciban qué es el socialismo desde el
punto de vista institucional.
Previo a las declaraciones, el diputado Hernández hizo una amplia
exposición a los asistentes sobre los alcances de la citada propuesta.
Sector Informal Intelectual
Américo Lugo, en nombre de los trabajadores intelectuales del sector
informal del estado Portuguesa, propuso la creación del Banco de la
Economía Informal para contar con una instancia financiera que los
apoye. Denunció ser objeto de atropellos constantes por organismos
públicos quienes los ‘matraquean’ y les decomisan la mercancía,
situación que ha sido corregida en Barquisimeto, pero continúa en otros
estados.
Pastor Yépez, vocero de los trabajadores del estado Lara, pidió el cese
de la persecución y el decomiso de mercancía a los trabajadores de
discos compactos y películas CD en todo el país. También solicitaron la
realización de un censo nacional de los trabajadores en todo el
territorio nacional.Denunció que el Seniat los ha perseguido con el decomiso de las
computadoras, televisores y otros artículos con los cuales desempeñan
su trabajo, a pesar de que no existen denuncias en contra de ninguno de
ellos en los tribunales del país. Pidió a la Fiscalía General de la
República abrir una averiguación sobre el matraqueo diario al que son
expuestos, además de descartar que fueran piratas, como han sido
calificados.
Raúl Gutiérrez, por los trabajadores de la plaza Diego Ibarra, El
Silencio-Caracas, se pronunció por la creación de una junta comunal de
la economía informal para poder trabajar en forma independiente.
Resaltó que se han convertido en promotores de la revolución con la
edición de CD de la música revolucionaria.
Resaltó que desde hace tres años trabajan conjuntamente con el director
del SAPI, a quien le han presentado propuestas y buscado alternativas,
entre estas, la conformación de la citada junta.
Cerró las intervenciones Luvino Silva en representación de la Fundación
de Pequeños Comerciantes, Expendedores de Videos, CD y Cassette, dijo
que trabajan en función de legalizar y apoyar a los trabajadores del
referido sector, además de apoyar el proyecto de reforma.
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