|
Redactado en Caracas, 9 de julio 2002 (NOTA: Estimado lector: Este mensaje no vulnera su derecho a la privacidad en mayor medida que la señal de cualquier estación de televisión: cuando usted enciende el aparato, no tiene poder alguno para decidir el contenido de la transmisión; lo mismo ocurre con el contenido del diario que con ventas menguantes ofrecen en el kiosco. Si no le interesa leerlo, basta con que elimine el mensaje de su buzón, de la misma manera que puede cambiar de canal, apagar el televisor, o dejar de comprar la prensa. Aún así, le recomendamos su lectura, para ampliar la base con la que ejerce su libertad de elección y de conciencia. Saludos) Indice:
1. La derecha transnacional y los factores conspirativos, a tres meses del golpe Son diversos los elementos que se vienen aclarando a tres meses del golpe de Estado adelantado por diversos sectores de oposición y secundado por diversos altos oficiales de la FAN. El primero y quizás más dramático tiene que ver con la constatación incontestable del carácter antidemocrático de buena parte de los representantes visibles de diversos sectores opositores, así como el posicionamiento progolpista de otros factores sociales, que en conjunto configuran la vanguardia de choque contra el proceso de cambios, y que copan en práctico monopolio las principales tribunas mediáticas del país. A pesar de su insistencia en ser representativos de "las mayorías del país", han sufrido un notable desgaste en su narcisismo intolerante, pero siguen siendo los protagonistas casi absolutos y voceros "autorizados" en la mayoría de medios comerciales. El segundo factor es precisamente la persistencia de una práctica informativa conspirativa, antidemocrática y progolpista que adelantan con una creciente furia un gran número de medios de comunicación nacionales, en alianza con las corporaciones transnacionales de la desinformación. De ello se viene hablando y analizando aqui y en el exterior, con creciente profusión y profundidad, para la indignación de las mayorias nacionales y la comunidad crítica internacional y la indiferencia de editores y propietarios. El tercero es la continuación de los intentos de lograr alianzas con sectores internacionales proclives a apoyar las estrategias desestabilizadoras – ámbito en el cual se han topado con un inesperado escollo en la OEA, que a pesar de la intención progolpista de Colin Powell, emitió un comunicado de condena del golpe y de apoyo inequívoco a la democracia; un tibio aliado en la Comisión de Derechos Humanos de la misma, incapaz de deslastrarse de su naturaleza netamente liberal, y por ello reticente al complejo proceso de redistribución del poder político que vive Venezuela; y con un lamentable aliado en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que a pesar de la solidaridad mostrada por el movimiento sindical independiente internacional, no repudió de manera contundente el sindicalismo golpista de la dirigencia ilegítima de la CTV. El cuarto, es la constatación de las alianzas claras o tácitas con gobiernos y sector privado de diversos países hacia la intentona de abril, donde destaca la profunda implicación de gobierno y clase empresarial españoles, así como de sectores relevantes de la administración Bush y del FMI, brazo organizativo del neoliberalismo económico global. Si bien la profundidad de la implicación de los EEUU no ha terminado de salir a flote, más allá del ensayo público y notorio de legitimar la dictadura, se manejan hipótesis que van desde la segura participación de ciertos sectores (a la cabeza de los cuales el ultraderechista secretario para asuntos latinoamericanos Otto Reich, que hoy asoma su hocico criminal en la convulsionada hermana República de Argentina), a la cercanía de tropas estadounidenses a las costas venezolanas, y la inminencia abortada de un desembarco de marines en caso de que se hubiera concretado alguna manifestación de confrontación militar. De ser cierta esta última hipótesis, es aún mayor el agradecimiento debido al comportamiento democrático de la Fuerza Armada Nacional en la resolución del conflicto. Por otro lado, la maquinaria conspirativa y las alianzas con militares de la derecha y la ultra derecha se vienen afinando, hacia la plausible concreción de un nuevo golpe de Estado. En este proceso, los sectores duros cuentan con el inestimable apoyo de diversos actores, que una vez más incluyen el papel preponderante de los medios de comunicación, el tácito y en ocasiones explícito aval de la jerarquía eclesiástica (que mereció un sonoro jalón de orejas por parte del mismísimo Vaticano), así como una campaña de propaganda del terror de proporciones demenciales. Aún así, es necesario reconocer que múltiples actores y sectores que siguen adversando el régimen y el proceso de cambios, han marcado claras distancias antes no tan visibles con las tramas antidemocráticas, y se orientan a exigir el tránsito de la oposición por la vía institucional y democrática. Entre estos sectores, un número relevante no determinable de la clase media que apoyó y acompañó la escalada anterior, y que hoy ha retirado su apoyo a los sectores intolerantes y exige a su vez un ejercicio de oposición democrática. Este sector amerita un sólido reconocimiento de todas las fuerzas progresistas, por evidenciar, más allá de las diferencias políticas, su talante democrático en medio de la resonancia ensordecedora del operativo propagandísitico. Finalmente, en consonancia con lo anterior y a pesar de la consistencia de las tácticas y prácticas de desestabilización, se percibe una menguada capacidad de convocatoria de los sectores antidemocráticos, a la vez que se constata la preferencia mayoritaria de la población por el proyecto de gobierno y, en todo caso, por el rechazo a las aventuras golpistas. Los medios de comunicación comerciales que mantienen la beligerancia antidemocrática han visto considerablemente mermada su audiencia, sus ventas (el pasado domingo, la inmensa mayoría de diarios opositores fue obsequiado en un operativo financiado por un banco abiertamente golpista) y, fundamentalmente, han perdido su credibilidad. Aún así, debido a la constancia y poder de los factores golpistas y progolpistas, así como a su marcada exposición a raíz del golpe de abril, la maquinaria sigue en marcha, y se vislumbran momentos difíciles para la estabilidad democrática y la continuidad del proceso de cambios. Entre tanto, en medio de las dificultades económicas y las fallas de gerencia de diversas iniciativas estatales - que necesariamente deben señalarse y corregirse -, se acrecienta no sólo la escalada de confrontación antidemocrática, sino la conspiración económica por vía de la especulación y la fuga de capitales, orientadas a crear unas condiciones de crisis económica (devaluación de la moneda, escalada inflacionaria, etc.) que pueda propiciar un estallido social. Algunos analistas han señalado inclusive la injerencia de elementos externos como el criminal internacional ("inversionista") George Soros en las operaciones especulativas que han llevado a una marcada devaluación de la moneda en pocos meses. Otra de las evidencias de que la lucha del pueblo venezolano es también una lucha de los pueblos del mundo, contra las aspiraciones excluyentes del capital y sus operadores.
Bajo las consignas populares y democráticas de Ni un paso atrás y Prohibido Olvidar, los actores que participaron en la estrategia criminal del 11 de abril y que avalaron los exabruptos del golpismo fascista de Carmona y sus aliados militares han venido orquestando una campaña de desinformación, orientada a criminalizar al gobierno y sus seguidores y a hacer aparecer a los golpistas y sus seguidores como víctimas de la “opresión” y la criminalidad bolivarianas. Desde el fracaso del golpe, han mostrado una sistemática orientación a negar lo evidente – su abierta participación en la escalada y la ruptura de la democracia. Cada mes que pasa del 11 de abril, los sectores de oposición – muchos de los cuales son democráticos pero viven bajo la maraña propagandística de los sectores duros – vienen convocando actividades para exigir justicia por los hechos de abril. Hasta la fecha, siguen siendo contados los que reconocieron la comisión de un golpe de estado, y ninguno que públicamente haya reconocido que la táctica organizativa de la marcha - que no la intención del grueso de los manifestantes - estaba íntimamente ligada con la intentona. A la vez, siguen viviendo bajo la ilusión antidemocrática de que los manifestantes que ellos convocan tienen el derecho de poner y quitar gobiernos, más allá de si la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano no les acompaña. En los últimos dos meses se han vivido diversas alarmas vinculadas con la supuesta inminencia de un nuevo operativo golpista a la altura de esas expectativas. En días pasados se produjeron los ascensos militares anuales, ocasión que la oposición intentó aprovechar para generar un clima de alarma por la revisión de los expedientes de militares golpistas y la limitación de sus respectivas carreras. A pesar de la campaña desatada en torno a la falsa bandera de la meritocracia, el carácter legítimo del proceso fue reconocido hasta por el ultraderechista Frente Institucional Militar. De hecho, estos ascensos han sido calificados como los “más meritocráticos” de la historia reciente del país. 11 de abril - no pudieron calentar el ambiente: Por otra parte, con carácter inminente, el próximo jueves 11 de julio tendrá lugar una nueva marcha opositora, que una vez más es anunciada y convocada hasta el cansancio por los medios como la marcha de la libertad y del fin de la opresión... Para esta ocasión, han anunciado su intención de marchar hasta el Palacio de Gobierno, lo cual ha sido contestado por el Ministro del Interior y por diversos voceros del movimiento popular, que saldrán al paso de la intención progolpista de algunos de los sectores organizadores. A su vez, a pesar de la especulación financiera y mediática, el ensayo de escalada conflictiva hacia esta nueva intentona les ha fallado estrepitosamente. A pesar de las continuas presiones quer recibe la dirigencia ilegítima y golpsta de la CTV, el anuncio del paro por sectores políticos no ha podido ser concretado a la fecha, debido a que el comité ejecutivo se ha encontrado con unas bases que – a pesar del posible descontento social derivado de la crisis económica, o incluso su antipatía por el gobierno – se niegan a acompañarles en un nuevo ensayo golpista. Entre tanto, se ha denunciado la planificación de estrategias diversas, que podrían estar orientadas a mostrar una actuación violenta de supuestos miembros de círculos bolivarianos, para propiciar un nuevo derramamiento de sangre y el consiguiente clima para el conflicto. En el día de ayer, estalló una supuesta granada en el canal de ultra derecha Globovisión. Las imágenes que mostraron los desperfectos más bien apuntan a un fosoforito. A su vez, para cualquier actor político con dos dedos de frente, es obvio que ningún simpatizante del gobierno cometería un acto así. Una vez más, como ocurrió con el 11 de abril, a quien le interesa el conflcito - la sangre de compatriotas en aquel caso - es a los sectores que apuestan por una salida de fuerza y necesitan e clima previo de confrontación. Sin embargo, todo parece indicar que han quedado expuestos no sólo ante los sectores que apoyan el proceso de cambios, sino ante la totalidad de las fuerzas y sectores que sí son democráticos. Ya solo cuentan con los medios de oposición y con los sectores de derecha dura. Así, el 11 de julio asoma como un nuevo momento de inflexión del proceso político, debido a la obcecación de esos sectores duros que encabezan las iniciativas opositoras. Definitivamente, la democracia les queda grande, como reducida resulta la capacidad reflexiva de parte de la población de los sectores medios y altos, que ha sucumbido bajo el aparato propagandístico de ultraderecha y vive convencido de que el ensayo de transformación social más democrático de la historia reciente de América Latina es una dictadura opresiva y criminal.
3. Hacia el golpe institucional El ansia y necesidad de estos sectores de oposición de salir de Chávez a costa de lo que sea, para poder contener los cambios sociales, políticos y económicos que se vienen adelantando a favor de las mayorías empobrecidas, les empuja sin asomo de vergüenza fuera de la legalidad democrática, atrincherados en las tribunas mediáticas, que a diario reinventan la intolerancia desde la supuesta autoridad moral de los más diversos ángulos del golpismo. Su apuesta sigue siendo jugar al golpe de Estado, ya sea este institucional o de fuerza. Ante la constatación irrefutable de que cualquier llamado a referéndum consultivo o revocatorio significaría una nueva victoria para el proceso de cambios, los partidos de oposición y la autodenominada "sociedad civil" han descartado esta vía para el logro de sus aspiraciones. Así, la promoción de un nuevo proceso electoral no es una salida que contemplen, al menos sin el desarrollo de estrategias previas que garanticen la inhabilitación de Chávez ante un nuevo llamado a elecciones. Además, los mecanismos establecidos para avanzar en esta vía no son suficientemente sencillos y rápidos como para satisfacer su desesperación y su obsesión inmediata de salir de Chávez. En primer lugar, la propuesta de golpe institucional se centra en la exigencia de renuncia por parte del Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Contralor de la República y – por momentos – de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Según la argumentación que sustenta esta exigencia, ninguno de ellos estaría en condiciones para adelantar sus respectivas funciones, pues tendrían una actitud genuflexa ante el gobierno. Esto es esencialmente un pase de factura ante la posición de defensa de la democracia y la institucionalidad que adelantaron el Fiscal y el Defensor frente al golpe de Estado y la efímera dictadura (actitud que la oposición descalifica por prochavista, sin disimulo de sus preferencias “carmonistas”); así como una estrategia para intentar un proceso de elección de nuevas autoridades, a través de un procedimiento que debe ser decidido en la Asamblea Nacional. A pesar del inmenso aparato mediático y organizativo orientado a la recogida de firmas para hacer presión en ese sentido, esta campaña sólo logró la recogida de algunos centenares de miles de firmas (entre 350 y 650 mil según fuentes, un millón según los organizadores y medios antidemocráticos) En cuanto a la estrategia para la elección de un nuevo fiscal, los partidos de oposición y sus maquinarias apuestan a arrebatar la mayoría parlamentaria al polo patriótico (pro-gubernamental), utilizando no solo la presión mediática sino la compra de los votos por sumas exorbitantes de dinero (como denunciaron diversos parlamentarios del MVR). La intención es, a partir de este cambio en la composición de la Asamblea, elegir como Fiscal a una ficha que sea fácilmente manejable por las elites de la oposición, para que inicie una eventual investigación que saque al Presidente de su cargo. Una vez identificado el carácter inviable de la vía electoral para salir de Chávez, la oposición se centró en el desarrollo de una propuesta de enmienda constitucional que ha concentrado gran parte de sus esfuerzos de negociación. Se trataba de diseñar un dispositivo constitucional, que requiere del referendo para su concreción, y que permitiera el próximo fin del mandato presidencial y la imposibilidad de Chávez de acudir a una nueva contienda electoral. Las negociaciones entre los diversos sectores antidemocráticos han producido nuevas fisuras en la alianza opositora, pues diversos partidos se han enfrascado en discusiones orientadas al cálculo de los efectos sobre el poder adquirido que pudiera tener su concreción. El propósito general de la enmienda es reducir el mandato presidencial de seis a cuatro años y de impedir la reelección inmediata. En todo caso, a medida que se daban las discusiones, diversos voceros se dieron cuenta que el escenario electoral les sería desfavorable, y se concentraron en diseñar el método que permitiera la prohibición de que Chávez se presentara ante una nueva contienda electoral – lo cual evidencia el carácter político y no constitucional de la enmienda, pues se orienta a cumplir con las expectativas de un sector minoritario y en ningún caso a mejorar el orden constitucional. Por último, vista la ausencia de frutos concretos de la presión ejercida contra el Fiscal, la oposición enfila todas sus baterías al Tribunal Supremo de Justicia. La campaña orientada hacia esta instancia persigue cooptar las voluntades de los magistrados, impedir que se haga justicia condenando a los responsables del golpe de Estado, y avanzar hacia el enjuiciamiento del Presidente. Recientemente, en una sentencia dictada por este tribunal, se estableció que todos los ciudadanos que sean víctimas directas de una falta por parte de un alto funcionario público pueden solicitar su enjuiciamiento (en lugar de concentrar la iniciativa de investigación en el Fiscal General). Los medios de comunicación, abogados antichavistas y otros adversarios del gobierno han tratado de mostrar a la opinión pública que a partir de aquí, la salida de Chávez es casi inminente. Se ha introducido ya, en escasa semanas, un conjunto de denuncias contra Chávez, que desde el punto de vista jurídico tienen pocas perspectivas de prosperar. Esta vía, que ocupó la prensa las últimas semanas, pareció calmar temporalmente la intolerancia de la oposición dura, por las expectativas falsas que lograron crear los más diversos juristas de pantomima. La nueva Constitución no establece que si el Presidente es enjuiciado deba abandonar su cargo durante la investigación. Sin embargo, la obsesión antichavista trasciende cualquier análisis racional. Aunque no hay que menospreciar el inmenso poder económico, mediático y político con el que cuentan estos sectores para forzar cualquier mecanismo, así como el poder que ejerce sobre un número considerable de magistrados el otrora número uno del MVR, Luis Miquilena – hoy cabeza visible si aún discreta de uno de los ejes de la conspiración.
4. Porqué el diálogo no avanza: hay que ser democrático Independientemente del carácter antidemocrático evidenciado por los factores sociales, políticos y militares de derecha y ultraderecha que se alzaron el mes de abril, y de su intención de acabar con el proceso de cambios, es indudable que surgía la necesidad de abrir un proceso de diálogo para intentar transformar la intolerancia y el clima político social. Sin embargo, y a pesar de los relevantes esfuerzos e iniciativas del gobierno central y de diversas gobernaciones, desde sus inicios el proceso fue calificado por factores como Acción Democrática, Primero Justicia, medios de ultra derecha beligerantes, etc. como una farsa, y bombardeado desde todas sus instancia. Por su parte, los sectores que apoyan los cambios plantearon algunas exigencias: la continuidad de los cambios, la paridad en el diálogo de sectores populares con sectores representativos de los intereses de poder económico, y la exigencia de justicia contra los golpistas y conspiradores que atentaron contra la democracia. Avanzar en ese proceso de diálogo se convirtió en una meta titánica, habida cuenta la obcecación de los factores antidemocráticos en calificar de gesta por la libertad la intentona de abril, negando su carácter golpista y – fundamentalmente – la abierta participación de los múltiples factores de oposición dura en la escalda y la trama que pretendió atentar contra la democracia. Ni siquiera la condena de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, diversos gobiernos del mundo y otras tantas iniciativas internacionales ha permitido a la fecha que cambien de interpretación sobre los hechos y su papel en los mismos. Aún así, ha habido logros relevantes en el proceso de concertación, fundamentalmente a nivel de las gobernaciones, que emitieron un comunicado conjunto por el diálogo; así mismo, se han instalado mesas de diálogo regionales en la mayoría de los estados, y recientemente se ha invitado al mismísimo exPresidente Carter para facilitar el proceso. Para entender la voluntad que muestran los sectores duros, basta recordar que el conjunto de partidos de oposición decidieron no acudir a una reunión que ya habían pautado con el Presidente Chávez y con Carter de mediador. Ese nuevo signo de la negativa de la oposición a apostar por los espacios de diálogo evidencia una vez más que no tienen interés en dialogar, sino en tumbar al gobierno.
5. Fracturas en las instituciones públicas. La brutal embestida de los últimos meses contra el gobierno constitucional y los efectos dramáticos del golpe, han mermado considerablemente el poder de control y administración independiente de relevantes factores estatales. En las últimas semanas, se ha venido evidenciando como diversos ámbitos del Estado podrían responder en distinta medida a intereses conspirativos, en lugar de a intereses institucionales y del Estado de derecho. La policía política y de extranjería han incurrido en hechos lamentables, como lo son la propia fuga del ex dictador Carmona, así como el proceso de acoso a la comunidad vasca. Queda la duda de si la deportación ilegal de uno de los refugiados políticos de la comunidad vasca de Venezuela responde a un secuestro de estas instancias públicas por parte de sectores reaccionarios, o de si por el contrario se trata de una política de negociación del Estado venezolano con gobiernos implicados en la conspiración. En cualquier caso, se ha incurrido en una violación de principios fundamentales del debido proceso, tal como han manifestado miembros de la comunidad vasca y grupos sociales aliados al proceso de cambios. En cuanto a la Fiscalía General de la República, se evidencia una preocupante falta de control institucional y direccionalidad en el proceso de investigación y fiscalización de los procesos de establecimiento de responsabilidades de los hechos de abril. Mientras se concreta una actuación implacable y en diversos aspectos jurídicamente cuestionable con relación a los simpatizantes del gobierno que el 11 de abril respondieron al fuego de la Policía Metropolitana (PM), no se han adelantado (o al menos hecho públicas) investigaciones relevantes con respecto a las responsabilidades de los factores civiles y de poder público – alcaldes, policías y gobernadores golpistas – en la trama de abril, y las de los militares avanzan con lentitud y obstáculos de diversa naturaleza. Es indudable que la filmación de los disparos desde el Puente Llaguno debe dar lugar a una investigación, pero hasta la fecha existen evidencias gráficas de que los accionantes de dichos disparos respondían a una agresión previa y premeditada de efectivos de la PM (bajo la responsabilidad de un alcalde opositor) contra los manifestantes pro-gobierno, mientras que no existe prueba alguna de la argumentación repetida hasta la saciedad por la oposición de que "masacraban" a una manifestación pacífica. Así lo evidencia el propio testimonio del director de la PM, Henry Vivas, quien afirmó que la marcha nunca llegó al lugar. Otras evidencias inquietantes, como los guantes quirúrgicos que portaban los efectivos policiales, la presencia de policías armados de otras jurisdicciones, la casuística indiscriminada de víctimas de ambas concentraciones o inclusive la liberación de supuestos francotiradores por autoridades bajo el régimen fascista de Carmona no han dado lugar a acciones relevantes. Entre tanto, la acción pública viene respondiendo a la tesis mediática de oposición (que adelanta un operativo masivo de linchamiento público contra quienes dispararon desde el puente) al inculpar a esas personas de homicidio calificado - imputación a todas luces absurda ante el carácter de acción de defensa y la falta de identificación de víctima imputable ocasionada. La justicia por los hechos del 11 de abril deber orientarse a su concreción en todos los casos y atropellos, sin tintes políticos ni persecuciones. Sin embargo, los distintos procesos adelantados están decantando esa balanza de manera absolutamente desproporcionada en un sentido, a través de causas viciadas, en lo que apunta a la supremacía ante la justicia institucional de la tesis de los conspiradores, repetida hasta la saciedad por los altoparlantes mediáticos y aparentemente avalada por la mayoría de las acciones institucionales orientadas a esclarecer los hechos. La tesis, en fin, que afirma que quienes desviaron una marcha para provocar el enfrentamiento, quienes abrieron fuego contra la concentración en apoyo al gobierno, quienes usurparon el poder bajo esa cortina de humo, eran unos defensores de la democracia y el orden; mientras quienes se concentraban para defender el gobierno legítimo, quienes respondieron en defensa a esos disparos, y quienes salieron a la calles para defender las instituciones y el gobierno democrático, son unos criminales. Así, a pesar del clamor popular contra la impunidad, la imagen de un régimen consolidado, que garantice la consecución de la justicia y reviente de las aspiraciones de impunidad y de las sentencias dictadas por los golpistas y los medios de comunicación que promovieron sus acciones, está distante de la realidad venezolana actual.
6. Campaña de terror y posibilidad de enfrentamiento civil A poco más de un mes del golpe, los sectores más reaccionarios desataron una campaña de terror, especialmente entre sectores de clase media y alta, para crear un clima propicio para un enfrentamiento civil de carácter violento. Grupos de orientación fascistoide se han encargado de difundir rumores y mensajes sobre un eventual enfrentamiento violento entre los sectores populares (afines al gobierno) y sectores armados antichavistas. Se ha reforzado el dispositivo de reinventar la gesta popular del 13 de abril, insistiendo en que el objetivo del pueblo al salir a las calles era aterrorizar a la clase media, en lugar de combatir por la democracia. Los mensajes, fundamentalmente electrónicos pero ampliamente difundidos por los medios, han generado un considerable clima de alarma, tensión y paranoia en ciertos sectores; en ellos se dan instrucciones sobre cómo defenderse y actuar ante un inminente ataque de los círculos bolivarianos a las urbanizaciones de clase media y alta. Comunicadores y medios reconocidos han participado abiertamente en estos actos de terror e incitación a la violencia. Tal es el caso de la periodista Patricia Poleo, que hizo público un video en el cual supuestos militares encapuchados amenazan a la población civil simpatizante del proceso con que saldrán a la calle a exterminarlos. El video, en el que se amenazaba de muerte públicamente a los miembros de los círculos bolivarianos, fue trasmitido y difundido hasta el cansancio por la mayoría de medios de comunicación, sin ningún tipo de reparo. Un elevado número de asociaciones de vecinos y juntas de condominio de las urbanizaciones de clase media y alta convocan y realizan reuniones para discutir temas de seguridad ante un posible ataque de sectores adeptos al gobierno (es decir, de sectores “marginales”). La agenda de las reuniones incluye listado de víveres e insumos que hay que almacenar, sistemas de comunicación que hay que implementar, acciones a tomar (bloquear las calles, cerrar las edificaciones, subir a las azoteas), así como también el tipo de municiones más adecuadas y las armas de las que puede disponer. Estos temas se discuten y conversan públicamente, sin considerar sus implicaciones. Columnistas, periodistas y comentaristas de medios audiovisuales dan instrucciones a sus interlocutores (de sectores medios y altos) sobre tipos de armas, municiones, barricadas y radios. Figuras públicas como Ivan Simonovis (exsecretario de seguridad de la Alcaldía Metropolitana), o el Alcalde golpista de Baruta, Capriles Radonski (del partido Primero Justicia) participan en este tipo de reuniones, que se presentan a manera de excusa como iniciativas defensivas de los vecinos pacíficos ante una “eventual contingencia” o ataque de sectores violentos a sus vidas o propiedades. Son muchos los ciudadanos de clase media que más allá de sus preferencias, protestan en sus comunidades contra estas muestras de intolerancia fascista. Con este tipo de acciones y discurso se ha venido generando una situación de tensión, desconfianza y miedo entre la población aventajada, que podría tener consecuencias lamentables. Se abona conscientemente el terreno para un enfrentamiento violento ente sectores civiles opositores y partidarios del gobierno. En su discurso del 29 de junio, Chávez criticó duramente a los grupos que promueven y se benefician con este tipo de iniciativas, llamándolos “perros de la guerra”. Pero tal como van las cosas, la posibilidad de un enfrentamiento civil no parece una opción tan alejada de nuestra realidad. Se trata de una lamentable opción, puesta en el tablero de juego por los sectores más intolerantes y violentos entre los factores antidemocráticos – incentivada a su vez por el interés comercial de la iniciativa de armamento. Adicionalmente, a mediados del mes de junio surgieron los primeros comunicados de las supuestas autodefensas, que anunciaron los círculos bolivarianos y destacados líderes del chavismo como objetivos militares – el primero de los cuales, el propio Presidente. Si bien se trataría de una evidente malcriadez de grupos fascistas minoritarios, Carlos Castaño, el líder de los paramilitares colombianos de ultraderecha, manifestó su apoyo y entrenamiento a la iniciativa venezolano, lo cual es un motivo de alarma adicional. Si los voceros con ascendencia mediática y engañoso cariz “democrático” perdieron completamente los papeles, y hoy justifican a como dé lugar el golpismo, no es de extrañar que sectores extremistas descerebrados caigan en el juego de la guerra.
7. Aumenta la organización y movilización popular A tres meses del levantamiento que restauró el orden constitucional en el país, debe seguir subrayándose el papel decisivo que tuvo la movilización popular en ese acontecimiento inédito e histórico de restitución de la democracia, especialmente debido a la intención de actores de oposición de desconocer e ignorar el papel de la población civil, presentando los hechos del 13 como una sublevación de carácter meramente militar y el levantamiento popular como una sucesión de saqueos. Asimismo, después del Golpe de Estado de derecha en contra del Presidente Chávez, se ha generado una suerte de efervescencia organizativa, de movilización y fortalecimiento de las iniciativas existentes, en los sectores populares, de izquierda y demás colectivos afines al proceso bolivariano. La última gran movilización del pasado 29 de junio, denominada la “Toma de Caracas”, contó con la asistencia de más de un millón de personas de todo el país, quienes demostraron la enorme capacidad de convocatoria y de movilización con que cuentan los sectores afectos al proceso, así como la creciente combatividad de la gente expresada en las formas de participar y comunicar. Asimismo, se realizaron grandes marchas en numerosas ciudades, para exigir la renuncia de gobernadores y alcaldes progolpistas. Una de ellas, la de la ciudad de Valencia, culminó con una fuerte represión ordenada por el gobernador Salas Feo, desde ya candidato presidencial, y que dejó un saldo de 5 heridos entre los manifestantes. Ha habido un salto gigantesco, desde el punto de vista cuantitativo, en los Círculos Bolivarianos (instancias organizativas promovidas por sectores populares apegados al proceso de cambios) que, según el Ministro del Interior, Diosdado Cabello, han pasado de ser 70 mil a ser 130 mil después del golpe (y según voceros de la oposición no sobrepasa las 7 mil). Se han fortalecido procesos organizativos como los Comités de Tierra Urbanos, constituidos por habitantes de barrios populares con el fin de llevar adelante la dotación de títulos de propiedad de tierra para estos sectores (los más desfavorecidos y más numerosos del país); así como de Círculos Zamoranos, en los que se aglutinan campesinos y trabajadores rurales sin tierra. Se percibe una proliferación de iniciativas de acción y organización política autónomas, pero de respaldo al proceso de cambios: movilizaciones, caravanas, concentraciones de calle, vigilias, campañas de boicot a los medios (y a los productos de empresas involucradas en el golpe) creación de grupos de trabajo, cientos de periódicos, folletos, foros, seminarios, etc. Destacan dentro de éstas, la creación de Comités de Usuarios de los Medios, creados con el fin de vigilar el desempeño de los medios de comunicación y defender el derecho de todos los ciudadanos a estar informados (el cual se ha visto severamente cercenado desde la incorporación de los medios a las filas de la conspiración y el golpe). Sin embargo, si bien se han abierto nuevos espacios para ello, se mantiene la debilidad de las estrategias gubernamentales para apoyar el proceso de concreción de poder popular. A tres meses de los sucesos de abril, el movimiento popular no encuentra una respuesta suficientemente enérgica y eficiente de apoyo a sus exigencias complementarias de justicia y fortalecimiento de las iniciativas de cambio político. Otras iniciativas independientes: que no se orientan a fortalecer el proceso bolivariano, pero sí a generar conciencia democrática y control social son: el capítulo Venezuela del Observatorio Mundial de Medios, impulsado por personalidades como Ignacio Ramonet, Bernard Cassen y Richard Gott, conjuntamente con periodistas, intelectuales y organizaciones nacionales vinculadas al tema. Y el Foro Social Nacional, en el cual participan “organizaciones de base y movimientos sociales, sindicatos, cooperativas, ONG, académicos, intelectuales y artistas, con el objetivo de FORTALECER UN ESPACIO DE DIÁLOGO SOCIAL para contribuir a profundizar la democracia participativa y protagónica”. 8. Los medios de la oposición: propaganda y satanización Este fortalecimiento de la respuesta y organización popular y social se produce en el marco de una campaña sostenida de satanización mediática hacia colectivos y grupos afines al proceso, inicialmente dirigido con todo su poder económico y tecnológico a los miembros de los círculos bolivarianos (catalogados de “pistoleros” y criminales), pero luego aplicado a otros colectivos como las radios y televisoras comunitarias, así como sectores específicos de las clases populares, como son los motorizados. La campaña ha apuntado a construir una imagen distorsionada de estos grupos, asociándolos a la violencia o la delincuencia, y despojándolos de su condición de asociaciones de carácter social. En el caso de los medios alternativos y comunitarios se ha iniciado una burda campaña de tergiversación de su trabajo, acusándolos de ser entes dirigidos al adoctrinamiento de la población y de ser un apéndice del gobierno para la “ideologización” de sus simpatizantes. Evidentemente, la oposición y los medios comerciales conocen el papel crucial que jugaron los medios alternativos y comunitarios en la difusión de información de los sucesos los días 11, 12 y 13 de abril, mientras las grandes cadenas silenciaban los actos de protesta. Igualmente, saben que la acción de calle y la movilización espontánea y organizada de la gente (en la cual los motorizados también sirvieron como correaje de información) fue crucial en el desenlace de los sucesos de abril, la liberación del Presidente y la restitución del régimen democrático. De allí que apunten todas sus armas a desprestigiar, desmovilizar y desarticular a los actores sociales más destacados dentro de esta trama organizativa. En un contexto en el que la estabilidad y continuidad del proceso esta aún amenazada por sectores civiles y militares casados con una salida de fuerza, dicha estrategia de criminalización parece estar destinada a deteriorar la imagen de estos actores y organizaciones, con el fin de legitimar política o moralmente cualquier acción represiva que pudieran emprender contra éstos si se sucede otra ruptura del orden constitucional – tal como ocurrió en abril pasado. Esta criminalización mediática ha estado acompañada de las primeras acciones terroristas: desapariciones de dos dirigentes del partido de gobierno y alocuciones públicas de miembros de lo que ya se denomina Autodefensas Unidas de Venezuela. Por esto, a pesar de que el aumento de iniciativas de participación, la proliferación de acciones de calle y la consolidación de procesos organizativos es hoy en día un logro indiscutible, resultan aún insuficientes las iniciativas de articulación y fortalecimiento del movimiento popular. No existen redes o estructuras de coordinación suficientemente amplias y fuertes que permitan hacer efectivo un trabajo conjunto, y son aun débiles los mecanismos y medios de comunicación que contribuyan a difundir e informar sobre estas acciones y sus alcances. Esto es indispensable, especialmente en un contexto como el actual, para que pueda consolidarse en Venezuela un movimiento popular sólido y persistente, capaz de enfrentar la arremetida de la derecha y el fascismo, que no ha parado de mover sus tentáculos y alianzas en espera de un nuevo golpe a la democracia, la justicia social y la participación popular.
Más información en: www.antiescualidos.com // www.redbolivariana.com // www.aporrea.org // www.espacioautogestionario.com (entre otras páginas) A la venta ya: El golpe de estado en Venezuela 2002. CDROM interactivo con decenas de videos, centenares de fotos y dossier informativo de la escalada y el golpe de extrema derecha. Este CDROM es el resultado de un esfuerzo colectivo nacido de los medios comunitarios, libres y alternativos, para dar a conocer una cara de la historia reciente de Venezuela, negada por las corporaciones privadas de la información y el entretenimiento: la conspiración de algunos sectores internos y externos para abortar el proceso de cambios estructurales conocido como la Revolución Bolivariana. Precio módico (alrededor de USD 5 / Euros 6). Comunícate con cdrom@antiescualidos.zzn.com. El Boletín Política Urgente es una iniciativa de contrainformación de la Plataforma por la Democracia Radical, uno de tantos espacios de articulación de la izquierda crítica y autónoma venezolana, orientado a combatir la escalada del fascismo y a brindar apoyo crítico al proceso de cambio social. Articulo leido aproximadamente 2341 veces
|