La libertad de expresión es uno de los fundamentos del sistema democrático y una forma válida de su vida política. Todos estarán de acuerdo con la afirmación de que si no hay libertad de expresión en una sociedad, tampoco hay democracia . Huelga decir que la libertad de expresión es la vía que tiene el pensamiento para revelarse y comunicarse sin cortapisas. Sin embargo, ninguna libertad es ilimitada o infinita. Con la excepción de Baruch Spinoza, quien establece que incluso Dios está sujeto a la necesidad que impone su propia esencia, la casi totalidad de los teólogos reservan solamente a Dios la facultad de poseer esa libertad sin límites. Esta idea que impone ciertas restricciones a la libertad la comparten también los filósofos: Desde un punto de vista ontológico, cada ente es una parte del todo, en estrecha relación con los otros entes y dependiente de ellos. Así, pues, como toda libertad, la de expresión tiene sus limitaciones, y la más importante de ellas es el requisito de que esa libertad personal no obstaculice o impida la legítima libertad de los demás ni ocasione daños o perjuicios al ejercicio de sus derechos. A esta incuestionable exigencia se le ha de añadir otra no menos fundamental, cual es que la libertad de expresión no perjudique o lesione el bien público. La libertad de expresión bajo un sistema democrático no es, como ciertas actitudes, declaraciones y artilugios publicitarios de medios privados de comunicación social en nuestro país parecen suponer, una especie de derecho congénito irrestricto, no controlable por regulaciones de ninguna especie.

Más aún, la libertad de expresión supone, al menos, dos condiciones básicas para su ejercicio: una es la de que todo ciudadano de un país democrático tenga acceso, cuando menos potencial, a esos medios que permitan que quien use dicha libertad pueda transmitir sus ideas, sentimientos u opiniones al conglomerado social al que van dirigidos; la otra, que quien use la libertad posea suficiente información, educación y capacidad reflexiva como para que sus expresiones posean sentido y trascendencia. Es evidente que si no se cumple la primera de las condiciones no puede haber, democráticamente hablando, libertad de expresión. Ella estaría reservada a unos pocos privilegiados y así se negaría la libertad a la mayoría de la población. En cuanto al incumplimiento de la segunda, si es que se da la primera de las condiciones, convertiría la libertad de expresión en una cháchara insustancial que sería contraria al significado y propósito de esa libertad. Como veremos más adelante, ninguna de las dos condiciones se cumplen en este país, ni, valga añadirlo, en la mayor parte de los países del mundo. Tal situación, lamentablemente, pone en entredicho la realidad de la democracia, si no en todo el conjunto de naciones, sí en las llamadas marginales o subdesarrolladas, en las cuales la palabra democracia es más un juego o una burda patraña que una realidad social y política.

En Venezuela nunca ha habido libertad de expresión en el sentido auténtico del término. Sin embargo, es desde la época en que se afianza una democracia representativa no interrumpida, ya hace más de 40 años, cuando se manifiesta de modo más patente esta carencia. En las dictaduras que cubrieron casi completamente el siglo anterior, la ausencia de libertad de expresión pasaba casi desapercibida. Existía muy poca conciencia al respecto. Eran escasos los medios de comunicación social; escasa la disidencia política ilustrada y alerta con respecto al mal social, y el país entero estaba pasivamente acostumbrado a la servidumbre. Con el correr del tiempo, la progresiva y acelerada urbanización del país, el crecimiento de la marginalidad y de la pobreza, la multiplicación de los medios privados de comunicación social, y especialmente la aparición de la televisión y de la tecnología de la computación, van, por reacción, constituyendo el germen de una conciencia generalizada acerca de la carencia de libertad de expresión, así como del privilegio que gozan unos pocos, que tienen los medios de comunicación en sus manos, de poder imponer sus ideas e intereses (comerciales y políticos) utilizando técnicas manipulatorias, que bien pueden ser calificadas de hipnóticas, Vemos así que en la medida en que crece en cuantía y diversidad el poder de manipulación de los medios mal llamados de comunicación social , también va despertándose la conciencia popular acerca de ese poder y de su influjo dictatorial.

Bajo el nombre de “medios de comunicación social masiva” (mass media) comprendemos los periódicos, la televisión, el cine, las radioemisoras y los que ahora ofrece el computador (el “internet”). En vista del enorme poder que les es inherente y de la enorme influencia que ejercen sobre las comunidades, los medios de comunicación social han de funcionar bajo estrictas condiciones de ética profesional y tener como propósito principal el bien público. Los medios de comunicación social masiva son organizaciones públicas o privadas que deben cumplir los siguientes objetivos primordiales: a) informar a la colectividad con veracidad, objetividad e imparcialidad acerca de los acontecimientos locales o universales de interés general o especial cuyo conocimiento es importante para la ilustración de esa colectividad y para la toma de decisiones actuales o futuras de sus integrantes; b) constituirse en un medio de educación y difusión cultural para toda la colectividad; c) servir imparcialmente a los fines de expresión de las opiniones, pareceres, discrepancias y críticas que surjan del conglomerado social, cualquiera que sea su origen, e independientemente de la agrupación política o social o línea de pensamiento de donde provengan. Estos objetivos excluyen expresamente cualquier parcialidad política de los medios como tales. Como objetivos secundarios pueden mencionarse los del esparcimiento por medios que no vayan contra la moral y las buenas costumbres, y el de la publicidad comercial, la cual no debe falsear los hechos ni engañar a los posibles consumidores. Esa publicidad comercial, además, debe evitar la incitación al consumo suntuario o superfluo, el cual tiende o contribuye al agostamiento de los recursos naturales, a la contaminación del ambiente y a la depauperación de las clases menos favorecidas.

El advenimiento del actual Gobierno, voz que denuncia los privilegios de que han venido gozando los estratos altos de la sociedad, ha dado cierto impulso al rechazo popular de la acción de los grupos que poseen esos medios privados de comunicación y los utilizan, no para cumplir una función social de información objetiva, imparcial y veraz o para sanos fines educativos o de diversión, sino para distorsionar los hechos, ofrecer falsas visiones de los mismos y hasta mentir descaradamente con propósitos de mantener y aumentar su poder político oligárquico, o para fomentar el consumo superfluo y dispendioso, tan perjudicial para las mayorías empobrecidas y contrario a una adecuada política conservacionista y protectora del ambiente.

Los medios de que se valen estos grupos de poder, siempre asociados a las cúpulas que han manejado estos países para su exclusivo beneficio material, son eficaces, aunque de índole perversa: estimulan los más bajos apetitos, exaltan los instintos antisociales, favorecen la ruptura de toda norma ética, quiebran la racionalidad y sumergen la población en la ignorancia política, la visión deformada de la realidad y la sumisión irreflexiva. Las técnicas de manipulación psicológica de multitudes a través de estos medios son bien conocidos desde los tiempos del nazismo. Produjeron en el pueblo alemán, uno de los pueblos de mayor cultura en Europa, un fenómeno de hipnosis colectiva que condujo una hecatombe bélica y al asesinato en masa de millones de seres humanos. Esas mismas técnicas están en vigencia en los EE.UU. para llevar adelante sus planes imperialistas que cubren el mundo entero. En Europa, aunque menos notable que en los EE.UU., también se observa la parcialidad y el intento manipulador en un buen número de estos mass-media.

En la época que hoy vivimos, en la que las tendencias utilitarias, el afán de atesorar dinero y adquirir poder mediante las riquezas son dominantes y apartan toda otra dimensión del ser humano, aunado todo ello al alcance y pasmoso desarrollo de la tecnología creadora de un mundo virtual, es inmenso el poder de los mass media −en beneficio de los dueños de esos medios y de los grupos de poder que ellos representan o a los que están asociados− para fomentar ideas, visiones, opiniones y actitudes que poco o nada tienen que ver con la realidad. De este modo, con desprecio del mal social que ocasionan y de otros perjuicios colaterales, esos medios se lanzan, con todo el poder que poseen, a la tarea de engañar a los receptores de sus mensajes, a alterar la realidad o a crear falsas imágenes. Los seres humanos son, por esencia, sugestionables, y el poder de sugestión aumenta en la medida en que las colectividades carecen de la educación adecuada que les permita reflexionar por sí mismas y desarrollar un sentido crítico suficiente que impida el dominio de una sugestión científicamente dirigida.

Es, entonces, deseable que en las condiciones abiertamente presentes en nuestro país en las que la mayor parte de los medios de comunicación social masiva privados violan de modo iterativo y persistente todos y cada uno de los principios que deben guiar sus actividades, el Estado ejerza su derecho y cumpla con su deber de imponer un freno, un control, a esos medios, dueños prácticamente exclusivos de “la libertad de expresión” y que confunden libertad con libertinaje, alentando conductas antisociales y atentando contra el bien público.

No se nos escapa que la acción del Estado en poner límites a la famosa “libertad de expresión” puede caer, con relativa facilidad, en una coerción de la auténtica libertad de pensamiento y palabra. No debiera ser necesaria ninguna medida de este género por parte del Estado. La contención, la ponderación y la preservación de los principios éticos de los medios de comunicación social masiva debiera estar en manos de sus propios dueños y de su personal directivo. Ellos, y no otros, debieran ser los celosos y cuidados vigilantes de que no se violen esos principios. Pero, cuando ostensiblemente no es así, como lo vienen demostrando en demasía en nuestro país los que acaparan la comunicación social, es obligación de los poderes públicos contener el desborde e impedir el daño que ocasiona. No debe tolerarse la constante y descarnada exhibición de la vulgaridad, de la violencia, del desenfreno sexual, de la histeria y del crimen que se unen a la publicidad engañosa, al falseamiento de la realidad y a la incitación a la frivolidad, al consumo de bienes innecesarios y a la exaltación de los más bajos apetitos y pasiones. No debe permitirse, bajo la hipócrita sacralización de una presunta “libertad de expresión” ilimitada, que se despliegue sin traba alguna esta interminable marea nociva propagandística que satura las mentes, somete los espíritus, invalida la reflexión y conspira con diabólica eficacia contra la tarea de formar y educar los integrantes de las nuevas generaciones como seres sociales y no como animales de rapiña.

Mérida; Junio de 2003