No son pocos los compatriotas que han manifestado que el anuncio
presidencial sobre la no renovación de la concesión a RCTV se hizo a
destiempo y con mucha antelación. Argumentan, los defensores de esa
tesis, que los cinco meses transcurridos desde el anuncio, le han
permitido a Marcel y los apátridas de siempre, desarrollar la estrategia
violenta y desestabilizadora que ahora está en marcha.

Respetamos a quienes así piensan, pero no compartimos su opinión. El
presidente Chávez, con su anuncio, puso en la calle la necesaria
discusión sobre un tema que ya era hora de que se debatiera abiertamente.
La derecha venezolana venía esgrimiendo desde hace años y en todos los
escenarios posibles, su tesis de que en Venezuela se atenta contra la
libertad de expresión, al mismo tiempo que se escudaba en ella para
calumniar, vilipendiar y promover la desestabilización política.

El pueblo, por su parte, no perdía oportunidad para exigir que se
cerraran unos medios que envenenaban el alma de millones, promovían el
odio y fomentaban el irrespeto a la ley, las instituciones y sus
funcionarios.

Hoy, esa discusión se ha dado y de que manera. Gracias a ello, el pueblo
venezolano sabe que la oligarquía tiene dos concepciones sobre la
libertad de expresión. Una cuando controla el poder y otra muy diferente
cuando el poder lo ejerce el pueblo.

La primera sirve para idiotizar a las masas, para inculcarle antivalores,
para criminalizar las luchas populares, para chantajear gobiernos y para
exigir cuotas de poder. La segunda, o cuando los gobiernos representan al
pueblo, para desestabilizar; para inducir al miedo, al odio y la
violencia; para promover golpes de Estado.

Quienes piensan que lo más conveniente era esperar hasta último momento
para anunciar el fin de la concesión a RCTV, no conocen aún este pueblo y
no han comprendido el significado de la gesta de aquel 12 y 13 de abril.
En aquellos días el pueblo venezolano dio la más grande demostración de
lo que es ser inmune a las mentiras de la oligarquía y sus medios. Los
criminales golpistas habían cuidado todos los detalles para hacerle creer
al pueblo venezolano que Chávez se había convertido en un asesino y que
lo mejor que podía ocurrirle al país era salir de él.

Nadie transmitió una noticia que dijera que todo era una farsa, ningún
dirigente del chavismo tuvo oportunidad de aclararle al país lo que
realmente había ocurrido, pero el pueblo no necesitó de ello, sabía que
la oligarquía nunca juega limpio, y eso le era suficiente. En millones se
lanzaron a la calle a exigir, en primera instancia, que querían escuchar
la verdad de la voz del Presidente y luego cuando la información comenzó
a correr por medios informales, a exigir el regreso de su líder.

El pueblo venezolano demostró en aquellos días de abril 2002, como lo
demuestra hoy, que no es manipulable. Ningún efecto surten en él las
encuestas falsas, las lágrimas de cocodrilo, las canciones pegajosas, las
tomas trucadas de marchas multitudinarias, ni las declaraciones de los
representantes del gobierno gringo, de la OEA, de Reporteros Sin
Fronteras o de otras organizaciones de derecha. Por el contrario, todo
aquella persona o institución que hasta hoy ha aparentado ser neutral o
amigo del gobierno venezolano y se “cuadre” con los defensores de RCTV,
pierde automáticamente el afecto y el respeto de ese pueblo.

Y no se trata de una posición sectaria. Simplemente que ese pueblo sabe
perfectamente de que lado están sus intereses como nación, y quienes lo
defienden.

La discusión, en conclusión, ha sido intensa, pero sin lugar a dudas
esclarecedora, y ello justifica la decisión del Presidente de promoverla
con suficiente tiempo. Los que aún dudas sobre el resultado de la
estrategia, que vean los videos de la marcha del pasado sábado, en la
cual el pueblo dejó en claro cual es su posición, al vocear la consigna:
“Ahora le toca a Globovisión”.

Por cierto, sería conveniente dada la campaña de desestabilización que
promueve el canal Globovisión, que se inicie una nueva discusión sobre la
conveniencia o no de convocar a un referendo para que el pueblo, como
dueño del espacio radioeléctrico, decida si quiere que su bien lo siga
explotando esa empresa.