LAS bibliotecas son las residencias de la cultura, y pedir un canon por el préstamo de un libro es como cobrar una entrada, ofrecer a tu invitado una charla amable para exigir que te la compre después, convertir a los autores en ladrones de la palabra y a los lectores en cómplices de un delito de apropiación indebida, pues el lenguaje y la inteligencia no son de nadie, aunque algunas Administraciones pretendan convencernos de lo contrario. Lógicamente el autor y el editor deben cobrar por su trabajo, pero cuando un libro llega a una biblioteca ha saltado una barrera, del mismo modo que pasados 70 años desde su muerte los derechos sobre la propiedad intelectual de un autor pasan a ser de la humanidad, al fin y al cabo la fuente de la que el primero bebió y que le permitió escribir una obra que se unirá a la larga senda del conocimiento humano, en la que los escritores ostentamos un muy modesto papel. La Biblioteca de Andalucía, sin ir más lejos, es una suerte de templo donde se encuentran lectores y escritores, donde coinciden presentaciones de libros y lecturas solitarias, el enfermo de literatura y el visionario, muchos padres con sus hijos para que éstos puedan también aprehender el mundo a través del papel. Sin embargo, en la 'Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas', ley elaborada a instancias de una directiva europea y que ya está en el Parlamento, se va a incluir el préstamo de pago; concretamente, las bibliotecas tendrán que abonar 20 céntimos por libro prestado, en lo que es una aplicación demasiado rigurosa de la normativa existente sobre propiedad intelectual, cuando no un caso flagrante de doble imposición, paradójicamente en este caso por parte de unos particulares -editor y autor-, aunque auspiciada por el Estado. Pues la realidad es que ese libro se ha tenido que pagar previamente para que llegue a una biblioteca, con lo que ya están cobrando sus derechos tanto la editorial como el autor. Y no nos vale tampoco el argumento de que va a ser el Estado quien se haga cargo de pagar ese canon -si es así finalmente-, pues a nadie se le escapa que ninguna Administración presta un servicio público que no sea sufragado de un modo u otro con los tributos de los ciudadanos. Por otra parte, un escritor a lo que aspira es a que le lean, y en este sentido somos los escritores los que estamos en deuda con las bibliotecas y sus funcionarios. Tanto quejarnos del descenso del nivel cultural en nuestra sociedad, de las dificultades de las políticas de fomento de la lectura, y ahora vamos a introducir una traba más, guiados únicamente por esa ley universal del lucro exagerado. Soy miembro de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) y publico en una editorial que forma parte de un gran grupo comercial, los dos grandes beneficiados -entidades gestoras y editoriales- de esta medida 'comercial'. Pero me niego -como muchos otros escritores- a que en mi nombre se materialice esta nueva expresión del mercantilismo inane de la cultura. Ésta no se encuentra en el bolsillo de nadie, sino en nuestro corazón y en nuestras cabezas. ¿No al préstamo de pago en las bibliotecas!