Paulatinamente regresa el país del ambiente de confusión y desorden que le ha tocado vivir a lo largo de varios meses. Quiso imponerse por sectores altamente interesado en ello una anarquía casi total. Desobediencia a las leyes, reglamentos y principios que nos rigen como pueblo civilizado, protestas y marchas diarias para provocar la ruptura de la normalidad de la vida diaria, paralización de importantes sectores de la economía y el golpe alevoso a la industria petrolera que es el corazón de nuestra economía, desafueros y atropellos hacia las personas y sectores de la población que no se avenían a los deseos y designios de quienes aupaban y aún aupan tales acciones, insistentes llamados a la rebelión civil y militar, irrespeto a la dignidad de la persona, campaña de terror fundamentada en la falacia, esgrimiendo mentiras a granel. Toda una maquinaria bien montada y aceitada financieramente para atosigar al régimen político y subvertir el orden constituido, con efectos similares a cuando ocurren catástrofes naturales que paralizan u obstaculizan los servicios normales de una sociedad, situación que afectó la seguridad de la Nación y de la ciudadanía, rompiendo los lazos que fundamentan la vida diaria y consternando los valores, principios y garantías democráticos consagrados en nuestra Constitución. Mientras el Gobierno enfrentaba la situación con una amplia tolerancia, como jamás se había visto en nuestro país.

Ahora queda repensar las cosas ocurridas, haciendo como un alto en el camino. Estamos como en una encrucijada, que nos exige meditar concienzudamente la vía a seguir, según el punto a donde queremos llegar.

Porque en medio de lo ocurrido, pudimos percatarnos de muchas realidades que sólo la reproducíamos en el pensamiento.

Siempre se ha pensado en los monopolios y sus posibles negativos efectos, y al hacerlo así se ha querido minimizar su acción al menos en el papel. Nuestras constituciones han recogido siempre inquietudes al respecto y formulado principios, pero que lamentablemente se han quedado mayormente en lo escrito. La lucha contra los monopolios ha sido débil. El poder avasallante de los monopolios se puso de manifiesto en la actual coyuntura.

Hay, en consecuencia, que diversificar, ampliar y democratizar la base económica. La promoción y ayuda a la pequeña empresa y al pequeño productor es tarea ineludible. Las cooperativas, pequeñas y medianas empresas industriales, de artesanías y de servicios deben ser promovidas y estimuladas, y que se conviertan en formas efectivas de la organización y participación popular. Así las potestades económicas se minimizarán en poder e influencia.

Nuestra debilidad de país monoproductor se puso en evidencia y resalto. La dependencia petrolera nos obliga a pensar en la diversificación de nuestra economía. Una economía diversificada y de amplia participación en el mercado mundial. La paralización de la industria petrolera y la consecuente dificultad para su arranque normal es un llamado al botón a la conciencia nacional. Se ha hablado de la industria petrolera como una actividad vital para nuestra seguridad, y en términos de seguridad y defensa se han formulado los principios para su manejo, permanencia y proyección. Pero como que todo opera en el papel, porque era impensable lo ocurrido, y menos que las acciones fueran promovidas y realizadas por su alta gerencia. Corresponde ahora una supervisión amplia y estricta de los cuadros petroleros, para que la “gente del petróleo” no le vuelva echar tremenda vaina a los venezolanos.

Es necesario que la benignidad se imponga en toda situación en aras de la paz y la armonía; pero ello no obsta para que ante atropellos de suma gravedad y consecuencias indeseables, sean aplicadas las sanciones convenientes que los usos, las costumbres y las leyes señalan. De modo que el insistente llamado de amnistía general, especialmente para los que profanaron a PDVSA, es inadmisible. La aplicación de sanciones tiene que ser inevitable y la acción de los tribunales inflexible.

No menos grave que las acciones en PDVSA son las aplicadas en el sector educativo. Sencillamente, se está jugando con el futuro del país. Precisamente por quienes tienen en sus manos la honrosa y exigente tarea de la conducción de ese futuro. Los principios que rigen al acto educativo han sido solemnemente pisoteados.

El respeto a la libertad y su correlato la verdad es necesario, sólo con las limitaciones que establezcan las leyes, pero haciendo respetar a éstas sin contemplaciones y miramientos de ninguna especie.

No se puede abusar de las libertades, ni mucho menos fundamentando las acciones en mentiras y falacias. Esto es altamente dañino tanto en el juego político como en el uso del delicado instrumento de la información. La libertad de información, de difundir opiniones, de ofrecer explicaciones e interpretaciones, de construir escenarios posibles es connatural con la verdad. De modo que no debe verse como un simple subterfugio el abogar por la información veraz, pues de hecho ha de ser la verdad la que se le comunique al ciudadano. Sólo con malas intenciones y torvos propósitos se puede utilizar la información rodeándola de triquiñuelas, falacias y distorsiones, si se busca con ello todo tipo de oscuros objetivos.

Hay que repensar los criterios económico que rigen nuestro proceso productivo y de comercialización, para superar el carácter especulativo de nuestra economía. Hasta ahora en cada coyuntura los precios se disparan hasta el desborde, golpeando el bolsillo de la población de bajo poder adquisitivo, que son los más. ¿Será que se piensa que todos los venezolanos tienen sueldos de gerentes de PDVSA? Somos gente que vivimos del petróleo, pero no somos “gente del petróleo”.

Regresamos del caos, verdaderamente. Conviene ahora tomar decisiones firmes y ejecutar las necesarias acciones de envergadura que debemos emprender todos para la construcción del gran país que a diario deseamos, pero que sólo nos contentamos hasta ahora con decir: “El país que queremos”. Hay que ir más allá de las palabras. Hagámoslo, para bien de las generaciones futuras.