Las presiones de la extrema derecha

Si algo caracteriza y define la gran maniobra de oposición contra el
dictado de justicia por parte de los magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia es el cinismo con que han actuado sus voceros y medios.
Públicamente conducen una campaña de desprestigio contra sectores del
movimiento popular que lo único que han hecho es, apenas, expresar sus
opiniones como demócratas, sobre las votaciones viciadas de las ponencias
que le han sido presentadas a la Sala Plena del TSJ. Las dos, según se
conoce, postulaban la posición del Estado de Derecho y la democracia, y
contrariaban los deseos de los golpistas, en el sentido de hacer justicia
por los hechos de rebelión militar de extrema derecha de los miembros de la
Fuerza Armada que habían formado parte de los sucesos del 11 de abril y de
los días posteriores.

Cuando la votación resultó adversa a la lógica jurídica y a la democracia,
se conocieron las argumentaciones en contrario de la mayoría de los
magistrados, los medios arremetieron, por igual, contra los integrantes del
Tribunal Supremo que habían votado a favor del enjuiciamiento, olvidando
que de acuerdo a la Constitución vivimos en una sociedad democrática en la
que todos debemos respetar las instituciones, que el abuso de su poder
mediático no está ni debe estar orientado a aupar el golpismo y la
impunidad y a favorecer las conveniencias de la extrema derecha y que, en
ninguna parte del mundo, ningún medio de comunicación que sea serio puede
utilizar sus tribunas (que deben tener otros objetivos en una democracia)
para desacreditar y poner en entredicho el desempeño de ningún juez. En
todo caso, existen preceptos perfectamente establecidos para obligarles a
dar cabida a las apreciaciones democráticas y comentarios, dentro de un
clima civilizado de respeto y consideración de las instituciones
democráticas entre si.

Desde luego que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia no pueden
estar a salvo de las críticas enérgicas que los ciudadanos tengan a bien
formular, a través de actos públicos legalmente permitidos o de los
espacios de los medios de comunicación. Ello forma parte de las reglas del
juego democrático que deben estimularse para fortalecer la participación de
todos en la vida social, pero siempre dentro de un clima de paz donde
predomine el debate de las ideas. No es eso lo que procuran los medios y la
oposición al lanzar a la calle a los forajidos y malandros que conforman
las tropas de choque de varios de sus partidos, que lo único que esgrimen
como argumentos son piedras, bombas molotov y armas de guerra para emboscar
a los seguidores del gobierno y luego desatar una campaña de manipulación
de los hechos y criminalización de los manifestantes democráticos. Muy
lejos está el texto constitucional, tantas veces criticado por los medios
de extrema derecha, de respaldar en su sentido y contenido esta conducta
signada por el ventajismo, la conspiración antidemocrática y la barbarie.

Los medios y sectores políticos de la extrema derecha vienen diciendo desde
hace dos semanas que estarían muy atentos a lo que decidieran los
magistrados de Tribunal Supremo de Justicia. Muy bien conocemos las
virtudes de nuestros folklóricos sectores fascistas en este campo, y
estamos hartos de sus estudios y disertaciones en la materia en reconocidas
universidades y tribunas públicas: tenemos sobradas demostraciones de su
infinito desprecio a la democracia y de su profundo irrespeto por la
voluntad de las mayorías y la justicia. Al respecto, la vida la vida no nos
va a dar sorpresas. Bien sabemos que aprendieron las lecciones de los
fascistoides asesores gringos, pero no les servirán de mucho si tomamos en
cuenta la esencia democrática del pueblo venezolano y su hartazgo con
respecto a los loibelos difamatorios e intolerantes que representan hoy día
la mayoría de los medios de comunicación de masas. De manera que debemos
seguir soportando el gran show de la oposición y su cretina intolerancia.

Pero el gran problema para los medios y la oposición es que su público se
ha vuelto internacional. Desde otros países, así como en la ONU y la OEA
están pendientes de lo que sucede en Venezuela. Ya no se trata de evitar
una nueva aventura golpista, apoyada y avalada por los medios para tratar
de manipular al pueblo venezolano, a los representantes de la sociedad
civil o del movimiento popular. Eso le funcionó al fascismo criollo, hasta
cierto punto, el día 12 de abril. Ahora ya no es así y, para desgracia de
los sectores antidemocráticos, muchos gobiernos y observadores del exterior
le están haciendo un seguimiento a las continuas conspiraciones que, desde
la oposición, se hacen contra la Constitución. Esto resulta muy grave para
la imagen de nuestro país y para la percepción que se está formando más
allá de nuestras fronteras. Venezuela está comprometida, de diversas
maneras, con la Organización de Estados Americanos y con las Naciones
Unidas en el sentido de no permitir que se quebranten las normas que
modelan el establecimiento de un Estado democrático. Los sueños de la
oposición de imponer de nuevo un régimen que privilegia las actuaciones
autoritarias y cercena las libertades del ciudadano no va a ser aceptado
por las instancias internacionales. Ahí no hay presiones que valgan.