España, los pobres y el gasto militar
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Mientras el Gobierno español recorta los programas sociales en detrimento de la mayoría de la población, los gastos militares se incrementan y llegarán en 2013 a 16 492 millones de euros.

Un informe presentado por el Centro de Estudios para la Paz JM Delas, bajo el título Verdades y mentiras en el presupuesto militar español de 2013, señala que el presupuesto militar para el año próximo, lejos de situarse en 5 937 millones de euros como afirma ese Ministerio, el monto real será casi el triple si se toman en cuenta "los gastos consolidados de ese organismo y de otros autónomos, además de la mutua y de las clases pasivas militares, las contribuciones a organismos bélicos internacionales, del cuerpo militar de la Guardia Civil y de los créditos I+D militar del Ministerio de Industria".

El estudio informa sobre el enorme gasto en que se incurre en los "Programas Especiales de Armamentos (PEAS) y el crédito extraordinario otorgado para cubrir su elevada deuda, y producir armas que tienen escasa utilidad estratégica para las necesidades reales de la defensa".

La satisfacción de las necesidades básicas de la población española se convierte cada día en una temible odisea, y se han lanzado a la calle para reclamar sus derechos pese a la represión desatada por el Gobierno de derecha y que pese a todo continúan extendiéndose por todo el país.

La pasada semana se efectuaron 80 movilizaciones de protesta por las rebajas de sueldos y otras medidas de austeridad, que dañaron la circulación en varias arterias de la capital.

De esa forma, resultó maratónica la cuarta jornada de huelgas convocadas en el último mes, pues comenzó el lunes 23 con la de 8 600 trabajadores de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), y de los 7 600 del Metro de Madrid, en rechazo a la reducción salarial y la pérdida de calidad del servicio de transporte. El martes pasado hubo cuatro concentraciones, una de ellas, la de universidades públicas frente a la Consejería de Educación.

El viernes se desbordó el país con 47 manifestaciones en las que también participaron los empleados de 21 juntas municipales del Ayuntamiento de Madrid.

Se incluyó la ya famosa Rodea el Congreso con un enorme despliegue de fuerzas de seguridad.

El sábado 27 se manifestaron desde la Plaza España hasta Neptuno, los cientos de integrantes de la Coordinadora del 25S, y además los sindicatos de la Policía Nacional que elevan su voz contra los recortes.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Educación (UNICEF) divulgó recientemente que unos 2 267 000 menores vivían en España, en 2011, por debajo del umbral de la pobreza.

Agrega que la cifra significa que en un año el número de niños que viven en condiciones de pobreza extrema en esa nación aumentó en 80 000 personas y equivale a una variación de 1 %.

El organismo explica que si en 2010 la tasa de pobreza infantil fue de 26,2 %, en 2011 llegó a 27,2 %, mientras el número de infantes que viven en alta pobreza creció un 0,7 %.

A esas cifras se suma un desempleo galopante que se acerca a 25 % de la población económicamente activa y que entre los jóvenes alcanza cerca de 50 %.

UNICEF señala que existe un total de 760 000 familias con niños donde ningún adulto trabaja, lo que significa 46 000 hogares empobrecidos más que en 2010. En 2012 con los recortes y medidas extremas de austeridad, la situación ha empeorado aún más.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la Encuesta de Condiciones de Vida según la cual uno de cada cinco ciudadanos residentes en España ( 21,1%) se encuentra en 2012 por debajo del umbral de riesgo de pobreza.

Mientras esto sucede el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró ante el Parlamento que "No hay dinero en las arcas para pagar servicios públicos, y este Gobierno está actuando por necesidad". Según afirman los trabajadores es imperioso cubrir la deuda del dinero perdido en los bancos que ha ido a parar a manos de los ricos y poderosos.

A mediados de julio, el Parlamento aprobó otro profundo recorte presupuestario que comenzó a regir el pasado septiembre e incluye una subida del tipo general del IVA (Impuesto del Valor Añadido) de tres puntos -de 18 % a 21%-, y la supresión de la bonificación extraordinaria por Navidad para todos los funcionarios que cobren más de 962 euros (1 182 dólares) al mes. Solo 14 000 de los 2,7 millones de empleados públicos españoles se libran del recorte.

La intención es ahorrar 65 000 millones de euros (79 900 millones de dólares) con la suma de todos los ajustes que recoge el plan de austeridad.

Profunda es la crisis económica y social por la que atraviesa España y dramática ha sido la forma en que el Gobierno del Partido Popular ha tratado de amortiguarla.

Para la mayoría de los analistas, la baja producción, el alto desempleo, la disminución del consumo y los recortes sociales solo agudizarán la recesión y retrasarán la cada vez más difícil recuperación.

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