A profundizar la revolución para derrotar a la derecha
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Hugo Chávez ha sido reelecto como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. De esta forma la revolución que alumbra el camino de las luchas populares en Nuestra América y el resto del mundo se mantiene en el poder y se dispone a profundizar las transformaciones socialistas que le han permitido obtener el respaldo de millones y millones de ciudadanos dentro y fuera de la patria de Simón Bolívar.

Pero los resultados de estas elecciones presidenciales expresan un significativo crecimiento de los votos de la derecha, acercándose a los votos logrados por Chávez. Para verlo mejor, en el 2006 Chávez superó a Rosales con un 26 % de los votos. Hoy ha superado a Capriles por sólo un 9 ó 10 %.

La oposición ha mantenido un constante crecimiento de su votación desde 1998. Podemos verlo en el siguiente cuadro:


Año

Votos opositores

Votos por Chávez o chavismo

1998 (presidenciales)

2613161

3673685

2000 (presidenciales)

2359459

3757773

2004 (referéndum revocatorio)

3989008

5800629

2006 (presidenciales)

4292466

7309080

2007 (referéndum reforma const.)

4504354

4379392

2009 (referéndum enmienda const.)

5193839

6310482

2010 (parlamentarias, voto parlatino)

5077043

5268939

2012 (presidenciales)

6386155

7860982


Mientras el crecimiento de votos opositores es constante, el crecimiento de los votos por Chávez o por el chavismo no crecen de la misma forma, y tienden al estancamiento. Esta realidad es la que explica la reducción de los porcentajes de diferencia ya mencionados.

Mirando hacia las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes, el desempeño en votos de la oposición amenaza con obtener significativas victorias que pudieran comprometer la gobernabilidad de la nueva gestión del presidente Chávez.


La explicación de estas tendencias electorales puede desafiar toda la lógica política y revolucionaria. Un gobierno como el de Chávez, que enarbola el programa político más avanzado del mundo, que reivindica los derechos sociales y laborales de la ciudadanía, en un contexto internacional signado por la imposición brutal de planes neoliberales que por el contrario aplastan esos mismos derechos ciudadanos, debería contar con un apoyo ampliamente mayoritario de la población, que creciera exponencialmente a medida que avanzara la obra del gobierno revolucionario.

A 14 años de revolución bolivariana, la diferencia de votos entre el chavismo y la oposición debería haber aumentado considerablemente con relación a lo obtenido en los primeros años. Pero resulta que la tendencia electoral de los venezolanos pareciera avanzar en sentido contrario, indicando un claro desgaste del respaldo popular hacia Chávez y el chavismo, y un creciente fortalecimiento electoral de la derecha.

Una de las limitaciones que hemos indicado reiteradamente en años recientes es la ausencia de democracia interna en el chavismo. Las tradiciones históricas del movimiento socialista mundial siempre han reivindicado que la organización de los revolucionarios refleje en sus mecanismos internos las relaciones democráticas y de igualdad que aspiran a construirse en toda la sociedad. Pero este proceso bolivariano ha impuesto de manera totalmente exagerada el principio de la cooptación, que en general no hay que rechazar, pero que aplicado en la mayoría de las circunstancias termina imponiendo un modelo organizativo que nada tiene de democrático ni de socialista.

La cooptación ha permitido construir un liderazgo unipersonal, reconocido como cierto por el propio Chávez en agosto de 2011, sacrificando la existencia de un liderazgo colectivo que sería lo que concordara con el proceso revolucionario que intenta promoverse. Un liderazgo colectivo implica trabajar en común con sectores y tendencias revolucionarias que no necesariamente esperan que Chávez hable para gritar “sí mi comandante”, sino que expresen opiniones propias que puedan diferenciarse de los criterios del presidente. Un liderazgo colectivo implicaría incluso que se pudiera desarrollar un mecanismo democrático para la toma de decisiones en el alto gobierno en el cual el propio presidente Chávez pudiera quedar en minoría y tenga que asumir los criterios de la mayoría.

Esa es la verdadera democracia socialista. Como ha repetido mil veces Fidel Castro, no existe ningún manual escrito que indique como se construye el socialismo. Por tanto, el proyecto socialista bolivariano debe modelarse con el debate y la participación de todos aquellos interesados en el mismo, y no sólo de quienes siguen incondicionalmente al presidente Chávez.


El trabajar sólo con los incondicionales, práctica que ha impuesto el presidente Chávez particularmente en los últimos años, trae como consecuencia el debilitamiento de los cuadros en funciones de gobierno. Toda dirección unipersonal y carente de controles democráticos tiende a promover a los mediocres en desmedro de los cuadros políticos con experiencia y opiniones propias. El fracaso reiterado de numerosas gestiones ministeriales hay que buscar su origen en esta promoción de incondicionales. Porque detrás de la incondicionalidad se oculta de manera astuta el arribismo político. Los que desean ocupar y usufructuar espacios de poder sólo tienen que insertarse en la maquinaria de los “sí mi comandante”, y escalar rápidamente posiciones hasta llegar al propio consejo de ministros, gobernaciones y diputaciones.

Un ejemplo claro de esto ha sido la política laboral del gobierno bolivariano. Como hemos defendido públicamente en múltiples foros y actos públicos, la nueva LOTTT aprobada en 2012 expresa una clara progresividad de los derechos de los trabajadores, pero a la vez ha sido promulgada con más de una década de atraso y deuda con el mandato constituyente de 1999. Esta nueva LOTTT choca con una gestión de gobierno que se caracteriza por violar reiteradamente esos mismos derechos laborales que consagra la constitución y las leyes. A todo esto, se une la construcción burocrática de una central bolivariana de trabajadores que excluye de sus órganos directivos a casi todas las corrientes revolucionarias que respaldan a Chávez, prevaleciendo allí una sola de esas corrientes, la FBT, la cual está muy lejos de ser mayoritaria y que en todo caso tampoco se ha consolidado sobre mecanismos democráticos sino recurriendo a la ya criticada cooptación. Por ello no extraña que un programa laboral tan avanzado como el de Chávez sea derrotado en varias empresas básicas de Guayana en donde se han perdido diversas elecciones sindicales con fuerzas opositoras.

También en el plano del socialismo como proyecto de gobierno, hemos sostenido que hasta ahora esto ha sido más tinta y palabras que realizaciones concretas. Los programas sociales que han tenido mayor impacto en el pueblo no pasan del modelo de “estado de bienestar keynesiano” aplicado en un contexto histórico diferente. Las propuestas que apuntan verdaderamente al socialismo, como ocurre con el desarrollo de un poder popular de base que nazca de los Consejos Comunales y las Comunas, que desplaze progresivamente a la estructura del estado burgués que heredamos de la cuarta república, se ha quedado en las leyes y definiciones, y los propios gobernadores, alcaldes y ministros bolivarianos actúan como freno burocrático al nacimiento de ese poder comunal desde las bases populares. Igual ha ocurrido con la propuesta de los consejos de trabajadores, que han sido torpedeados y tergiversados desde la burocracia de la administración pública, y que espera por una ley especial (derivada del mandato de la LOTTT) que permita avanzar hacia una verdadera participación de los trabajadores en la construcción de una economía socialista.

Este proceso bolivariano no ha sido capaz siquiera de saldar cuentas en términos legales con los crímenes de la cuarta república. La ley aprobada en 2011 para castigar los delitos políticos entre 1958 y 1998 se ha quedado hasta ahora en letra muerta, pues a casi un año de su promulgación todavía no se constituye la Comisión de la Verdad que iniciaría las investigaciones para esclarecer y castigar crímenes horrendos cometidos por la partidocracia adeco-copeyana, como ocurrió con el Caracazo, Cantaura, Yumare y El Amparo. Y esto es grave, pues dicha ley sólo tiene tres (3) años de vigencia para cumplir ese mandato de esclarecer los crímenes políticos de la cuarta.

Lo anterior es una primera reflexión sobre los resultados electorales del 7 de octubre. Mi intención es abrir el debate sobre un aspecto que considero muy significativo: ¿Porqué aumentan los votos opositores si nuestro programa político revolucionario y transformador debería contar con el apoyo del 80-90 % del pueblo venezolano?


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