¿Y a quién le importan 80 indios?
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La representación oficial indígena venezolana padece de la misma enfermedad que acabó con el régimen puntofijista adeco-copeyano en Venezuela: el centralismo oficinesco, la politiquería acomodaticia y acrítica, que como se sabe se macera en la indiferencia, el silencio, la complicidad y la apatía por los malestares cotidianos de las comunidades.

El Ministerio de Asuntos Indígenas y, principalmente, la ministra Nicia Maldonado, ha dado muestras de su indolencia ante el sufrimiento indio, ya sea ante la desposesión de tierras, el acoso, la persecución y el asesinato continuo de yukpas a manos de un sicariato pagado por la terrofagia ganadera en la sierra de Perijá, con abierta complicidad de la guardia nacional y el ejército; ya ante la piratería aurífera en los territorios amazónicos, ya ante esta nueva masacre contra el pueblo yanomami.

80 yanomamis fueron asesinados en la comunidad Irotaheri, en pleno Amazonas. Esta masacre no debe tomar a nadie por sorpresa, y menos a la ministra Maldonado. La explotación ilegal de la minería aurífera en la zona es un hecho público y notorio y lo único que esto deja en evidencia es la desidia y la incapacidad con que se ha manejado el tema indígena en Venezuela, tanto por parte del Ministerio directamente responsable, como por las fuerzas armadas encargadas de velar por su seguridad y por la soberanía nacional.

La presencia de garimpeiros y piratas de la minería del oro en Amazonas la conocemos los venezolanos de toda la vida; el mismo tiempo que tienen este tipo de crímenes contra la población indígena yanomami. Conociéndose como se conoce esta problemática, es inaceptable que el pueblo indígena yanomami se encuentre, tras 14 años de revolución socialista, en el mismo abandono, bajo la misma política indolente, que durante la larga plutocracia adeco-copeyana.

Para más ignominia, la masacre se cometió hace ya por lo menos un mes y el pueblo venezolano no había sido informado hasta hoy. Esto pone en evidencia, una vez más, la desconexión de la ministra Maldonado, y del gobierno nacional en general, con las comunidades indígenas.

En letra muerta quedan los derechos que se le consagran a los indios en la Constitución y las leyes, si no se les puede garantizar la vida. De nada sirven las misiones, las políticas sociales, la inclusión en los planes de desarrollo, si a nuestros indios los siguen matando los blancos para robarle el oro, igual que en los tiempos de la colonia. La revolución bolivariana y el gobierno todo, en su conjunto, no tiene ninguna excusa moral, ética ni política para que esto siga ocurriendo en territorio venezolano.

Es urgente, como ya lo han exigido algunos sectores, que el Ministerio Público realice las investigaciones pertinentes, establezca las responsabilidades correspondientes y penalice a quienes hayan cometido este crimen. Además, ello debe incluir también a quienes, sin duda, tienen responsabilidades por omisión. Este crimen no debe sumarse a la larga lista de crímenes impunes contra los pueblos indios.

Pero es igualmente urgente, poner en práctica una política de fronteras, de resguardo del territorio, una política de soberanía que garantice la seguridad de la República, principalmente de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que en ella habitamos.

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