José Bodas en asamblea con trabajadores petroleros, en el marco de la lucha por el contrato colectivo Credito: MAH

El pasado viernes la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que considera la propuesta de reforma constitucional hecha por el presidente Chávez, decidió incorporar a la reforma otros 25 artículos más, lo cual ha generado un amplio debate entre distintos sectores políticos y sociales en el país.

A sabiendas de que muchos dirigentes sindicales también tienen posiciones políticas, y de que no se limitan a luchar por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, quisimos conversar sobre este tema con José Bodas, secretario general de Fedepetrol-Anzoátegui, miembro de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma en el sector petrolero, y quien también forma parte del equipo promotor del Movimiento por la Construcción de un Partido de los Trabajadores.

Consultamos telefónicamente a Bodas, mientras atendía reclamos laborales en la sede de PDVSA en Puerto La Cruz.

“A nosotros nos parece que existen por lo menos dos problemas en la propuesta que hace la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional, en primer lugar, una cuestión de método. Ahora ya no son 33 artículos los que se reformarían, sino 58, es decir, que estaríamos en presencia de una reforma del conjunto de la constitución. Nosotros hemos dicho que es urgente reformar la constitución para ponerla a tono con la correlación de fuerzas favorable al pueblo y los trabajadores, para avanzar efectivamente al socialismo, colectivizando los medios de producción, las tierras y el sistema financiero, y que para ello lo más democrático y protagónico era que una Asamblea Nacional de Organizaciones Sindicales, Campesinas y Populares, discutiera la reforma constitucional, ahora, con estos artículos que se incorporan, decimos que con más razón debe convocarse esta instancia.
Dentro la cuestión metodológica, también consideramos que debe informarse inmediatamente a todo el pueblo y sus organizaciones, cuáles son los otros artículos que se reformarían aparte del 266 y el 337, que son los únicos que hasta ahora se han mencionado, para que se abra el debate, el cual debe dirimirse en una asamblea nacional con delegados elegidos democráticamente entre las organizaciones populares, campesinas y obreras. Esto no puede ser un misterio sólo conocido por los diputados y la Comisión Mixta.”

¿Hablaste de dos problemas, cuál sería el otro aspecto a dilucidar?

“El otro problema al que me refería, que considero sumamente grave, es lo referido al artículo 337 que trata del estado excepción. Primero que nada es bueno dejar en claro que seguimos viviendo en un país capitalista, con estructuras institucionales burguesas. Donde la oligarquía, los terratenientes y el imperialismo siguen teniendo propiedades, extraen plusvalía mediante la explotación de los trabajadores, y controlan diversas instituciones de la sociedad y el Estado. De tal forma que cualquier restricción de los derechos democráticos en un Estado burgués, por más que el gobierno hable de socialismo, es una espada de Damocles que penderá sobre las cabezas de los trabajadores y el pueblo. Restringir el derecho al debido proceso y la libertad de información en el marco del estado de excepción es un arma de doble filo que hoy se presenta como un resguardo frente a los golpistas pero que mañana puede ser usado contra los trabajadores o cualquier sector del pueblo que luche por sus derechos. Mañana puede llegar al poder un gobierno reaccionario de derecha que puede usar estas restricciones para reprimir al pueblo, incluso, con el actual gobierno, también podría existir la tentación en determinadas circunstancias de utilizar estas medidas contra los trabajadores y el pueblo. Por ejemplo, recientemente los trabajadores petroleros dieron una tenaz lucha en defensa del derecho a la contratación colectiva y a un salario digno, si este movimiento se hubiera desarrollado aún más, poniendo a la hora del día una eventual huelga en la industria petrolera, lo cual es un derecho histórico de la clase obrera mundial, ganado con muchas luchas y sacrificios, el gobierno podría haber decretado el estado de excepción, y una medida que supuestamente se establecería para enfrentar al golpismo, se podría haber devuelto en contra de una lucha justa de los trabajadores en defensa de sus derechos. Esto no es descabellado pensarlo, ya que durante esta lucha, los petroleros fuimos estigmatizados como contrarrevolucionarios, locheros y desestabilizadores por muchos funcionarios gubernamentales y de PDVSA. De allí que mientras exista el Estado burgués capitalista, los revolucionarios nos opondremos tenazmente a cualquier restricción de las libertades democráticas.”

¿Qué opinión te merecen las declaraciones de Cilia Flores sobre este tema?

“La diputada Cilia Flores ha dicho que la reforma al artículo 337 se haría en protección al pueblo. Nosotros le decimos que con amigos así no necesitamos enemigos, y que el pueblo no necesita que los diputados lo protejan, ya que el pueblo sabe defenderse así mismo, tal como lo hizo en el golpe y en el paro petrolero. A la diputada Cilia Flores le decimos que la mejor protección para el pueblo no es restringiéndole las libertades democráticas sino expropiando a la burguesía y pasando a control de los trabajadores las empresas, bancos y tierras, cosa que debió hacerse en Sanitarios Maracay, o en la planta procesadora de desechos sólidos en Mérida, actualmente bajo control de sus obreros. Pero dijo otra barbaridad, que el que defienda las garantías en un estado de excepción es porque está pensando en desestabilizar. Este método es como la doctrina preventiva del gobierno de Bush en Estados Unidos: te voy a matar o a poner preso porque presumo que en un futuro me vas a atacar. Aquí se aplicaría de la siguiente forma: si defiendo las garantías constitucionales es porque estas pensando en desestabilizar o dar un golpe, entonces te restrinjo los derechos antes de que me ataques. Pero nosotros nos preguntamos: ¿Qué es desestabilizar? ¿Quién lo establece? ¿Quién decide qué acto es desestabilizador o no? ¿Que los trabajadores petroleros o de algún otro sector se movilicen y lleguen a utilizar el recurso de la huelga en defensa de sus derechos, sería entonces un acto desestabilizador?”