Dos
modelos de Estado, profundamente antagónicos entre si, han entrado en
confrontación final en el siglo XXI y del resultado de esta disputa
dependerá que un modelo de sociedad humanista
se imponga en el planeta para garantizar la supervivencia digna de
nuestra especie. Grandes sucesos globales revelan que el viejo Estado
liberal, ése que prioriza la generación de riqueza material por encima
del bienestar humano, ha entrado en crisis.
La
idea de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos sin
atención a sus diferencias socioeconómicas y la instauración de
regímenes de libre mercado con mínima intervención del poder público
han causado la ruina absoluta de los pueblos. Ha muerto la falsa
creencia de que toda administración privada es más eficiente que la
pública y un rotundo ejemplo de ello es el creciente desastre
financiero e industrial que sufren los estadounidenses a consecuencia
de la explotación, especulación y corrupción de su clase capitalista.
Un
esquema radicalmente distinto nos plantea el Estado social, que
reconoce y garantiza de modo preferencial los derechos de los sectores
sociales vulnerables, puesto que fija mecanismos para igualar
socialmente ante la ley a los sujetos desiguales. Es así como en los
conflictos entre trabajadores y empresarios, este Estado defiende los
derechos vinculados al Hecho Social del Trabajo (acceso al empleo, la
sindicalización, salario, estabilidad e inamovilidad, ambiente laboral
sano, vacaciones, límite de la jornada y la seguridad social) como
bienes jurídicos de valor supremo frente a la libertad de empresa
(facultad del dueño a dirigir como quiera su compañía siempre que no
viole las normas).
De lo anterior se interpreta que el
respeto al trabajo prevalece sobre la libertad que tiene el empresario
de despedir o reprimir los derechos de sus trabajadores. Esto
demuestra que ante el choque de bienes jurídicos entre ricos y pobres,
el Estado social no concede igual trato a todos para que gobierne la
fuerza del más adinerado, sino que aplica una defensa prioritaria del
débil jurídico para impedir la injusticia.
En idéntico sentido, se brinda protección preferencial a la mujer,
visto que ante las diferentes formas de discriminación de género
extendidas por el mundo, urge darle curso a procedimientos que aseguren
a las féminas una total equiparación con los varones en el ejercicio de
sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así
como la efectiva prevención de la violencia intrafamiliar de la que
frecuentemente son víctimas. Con ese objetivo, el Estado social
estipula medidas cautelares de protección a la mujer que denuncia la
agresión de su marido, lo cual, lejos de significar una violación de
formas procesales, constituye más bien un acto expedito de amparo a la
vida de la débil social frente al riesgo inminente de muerte o lesión
grave. Igualmente ocurre con el principio del interés superior del niño y del adolescente, que bajo la tutela del Estado social, hace valer el bienestar de los menores de edad por encima de los intereses adultos.
Defendemos el Estado social porque es el máximo garante de los derechos de los explotados y demás sectores marginados: clase popular, asalariados, obreros, amas de casa, artesanos, estudiantes, clase media y pequeños comerciantes. Sépase que nuestra filosofía no contempla como solución el asistencialismo y la caridad a los necesitados ni la reproducción de nuevas elites privilegiadas, sino que luchamos por formar un Estado de transición gobernado por el pueblo, que promueva la educación y dignificación de los excluidos mediante el trabajo productivo dentro de una economía de justicia social que nos conduzca a la igualdad de clases y a la erradicación total de la pobre