El trato demagógico hacia el pueblo tiene en la historia política suramericana un número incontable de capítulos. Si colocáramos en libros las promesas hechas a la población por candidatos presidenciales, funcionarios ministeriales y cuánto personaje público esté cerca de las instancias del poder, no alcanzaría el espacio de las bibliotecas nacionales para almacenarlas, ni habría sistema de catalogación que pudiera darle orden, sentido y justificación.

En Venezuela, país que en promedio ha sostenido durante los últimos cincuenta años una de las mejores y mayores dimensiones económicas de la región, que arroja números impresionantes incluso dentro del contexto continental, y una de las tradiciones democráticas más estables (ininterrumpida desde 1948), resulta inexplicable e ilícito la aplicación del discurso demagógico y menos aún la presencia de indicadores sociales y económicos negativos.
Sin embargo, la demagogia se tornó costumbre en nuestra política nacional, al punto de alcanzar efectos alarmantes, como el de cegar la voluntad del pueblo por años y producir la atrofia de su conciencia social, hasta convertir al ciudadano venezolano en una especie de máquina robotizada, a la cual se programaba para entender la democracia fundamentada en tres aspectos bastante degradantes de su naturaleza perfectible:

1.- El cíclico ejercicio del voto electoral, impuesto además bajo patrones escasamente alternativos;
2.- La representación política bi-polar, manejada mediante cúpulas directivas, sin real participación de base; y
3.- La sumisión a una doctrina de mercado que imponía las reglas políticas de participación social y de ejercicio gubernamental; es decir, determinaba la relación pueblo-gobierno.
El instrumento o vehículo más eficaz para la programación de la conciencia de participación política de la población era el Partido, institución cuyos mecanismos de desvirtuación ideológica y control social llegaron incluso a penetrar y accionar dentro de los núcleos comunitarios, asociativos y gremiales más representativos para la sociedad venezolana –por lo menos durante las décadas de los 70 y 80-: las asociaciones de vecinos, los sindicatos laborales y el estudiantado.

Dentro de este esquema participaron tanto partidos políticos de derecha como de izquierda, que en Venezuela “desplazaron” sus contenidos doctrinarios hacia una relación centralizada en el ejercicio del poder político al servicio de los intereses del poder económico nacional e internacional.
Para justificar este estado perverso de relación la demagogia emplea mecanismos curiosos pero efectivos, como la desnaturalización de conceptos y de propiedades y la tergiversación de categorías analógicas. Así, tanto derechas como izquierdas, repiten fundamentaciones alejadas de su realidad conceptual y aun práctica, y ocultan con ello la verdadera dimensión y alcance de las cosas, los discursos y las problemáticas nacionales.

Es el caso del cansonamente repetido señalamiento de que la pobreza es el mayor problema de las sociedades latinoamericanas y, por lo tanto, el mal principal a combatir. Con este discurso de alto contenido demagógico, los factores dominantes que actúan alrededor y dentro del poder político buscan colocar la responsabilidad en la víctima para librar de culpa al victimario.
Señalar a la pobreza como problema es sustraerla de su real dimensión, categoría y naturaleza, es demagogizar la posibilidad de solucionar la verdadera causa de su existencia, que no es otra que la concentración de riqueza en pocas manos, es decir, el desequilibrio en la distribución de los recursos y de las oportunidades de hacerlos productivos.

Este señalamiento sobre la pobreza juzga y condena sin derecho a juicio o análisis al ciudadano que está inmerso en ella. Inmersión que se produce sin duda no por gusto o amor, sino por estar ubicado en un contexto donde sociedad política y poder económico se han aliado para engrandecer sus patrimonios particulares, escamoteando al resto de la ciudadanía el derecho a oportunidades ciertas de productividad y crecimiento.
Este es el esquema político que rige a las denominadas democracias representativas, que han aplicado durante décadas el sistema populista de gobierno. ¿Y en qué consiste este sistema? Pues de manera básica en el implemento del sistema de asistencialismo social paternalizado, o lo que es lo mismo, el establecimiento de mecanismos políticos y administrativos de asistencia social bajo esquemas reactivos y circunstanciales y con un pretendido carácter altruista.

El gobierno otorga en nombre del Estado sin esperar ni exigir nada a cambio, por simple y natural responsabilidad ética y social –lo que demagógicamente suele traducir como amor al pueblo-, cuando en realidad la verdadera función del gobierno no es la de otorgar, sino la de administrar los recursos del estado con eficiencia productiva para establecer la plataforma sociopolítica, económica, social y cultural adecuada a las posibilidades de desarrollo y crecimiento de su sociedad.

El gobierno no es, ni debe ser –ética y moralmente- un padre dadivoso o amorosamente dispendioso. No, el gobierno tiene una responsabilidad básica a la que responder: La de administrador eficiente de una heredad comunitaria.
Por supuesto, para garantizarse un retorno igualmente eficiente de la inversión de los recursos que administra para el Estado, el gobierno demanda del Estado y de la sociedad una educación social, ética y moral que responda al interes colectivo y comunitario y que propicie el crecimiento de una consciencia crítica y de una voluntad productiva nacional.

El cooperativismo comunitario y el corporativismo empresarial de las instituciones del Estado, son mecanismos válidos y generalmente eficientes para garantizar la participación democrática de la ciudadanía en los procesos de producción, crecimiento y desarrollo sociopolítico, económico y cultural, y el adecuado control de los factores que inciden en el sano crecimiento estructural de una Nación, frente a las estrategias demagógicas de los gobiernos que se han enquistado en el simple y muy poco republicano ejercicio de la democracia representativa.

Hasta ahora Venezuela parece sostenerse en este camino, que fue emprendido con la llegada al poder en 1999 de un criterio administrativo gubernamental que se fundamenta en una ética social incuestionable: el Estado debe honrar los compromisos y deudas contraidos con la sociedad y sus instituciones a lo largo de décadas de ejercicio demagógico-partidista, sin desconocer que le asiste el derecho a exigir la corresponsabilidad social en la construcción de un nuevo modelo de República, uno que responda además a la dimensión que el sistema democrático de gobierno debe tener en el marco de un escenario mundial globalizado: la multipolaridad política y la participación activa de todos los actores sociales, sin distingo de raza ni condición económica y social.
El gobierno de Venezuela verá ratificada dentro de poco la misma voluntad popular que lo llevó al poder hace ya seis años atrás, y entonces su responsabilidad será mayor –algo más que histórica-. Será una reponsabilidad con la consolidación de un sistema democrático participativo y de real dimensión popular, que está siendo ejemplo para el resto del continente.

Brasilia, 11 de julio de 2006.-

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