CARTA PÚBLICA A LA CIUDADANA LCDA. STELLA LUGO DE MONTILLA, GOBERNADORA DEL ESTADO FALCÓN

(En defensa del patrimonio histórico escrito falconiano)

 

 

Coro, 29 de noviembre de 2012

 

 

Ciudadana:

Lcda. Stella Lugo de Montilla

Gobernadora del estado Falcón

 

De nuestra consideración:

 

            Reciba un cordial saludo, en ocasión de augurarle éxitos en sus responsabilidades y formularle los planteamientos que a continuación resumimos:

 

            Primero: El V Gran Objetivo Histórico (O.N.5.3), del Plan de Gobierno del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, aprobado por mayoría del pueblo venezolano el 07 de Octubre del presente año, precisa: “Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestro americano”.

 

            Segundo: Según la UNESCO-ONU, la memoria histórica escrita (documentos de valor histórico), es parte inseparable del patrimonio cultural de la humanidad y por tanto objeto que debe ser organizado, preservado y protegido por todos los estados para que su información sea un bien común que esté al alcance de toda la población del planeta.

 

Tercero: Sin embargo, ciudadana Gobernadora, provoca profunda pena a los venezolanos que la protección del acervo documental de nuestro país (en regiones y localidades), nunca haya formado parte de los planes y programas de gobierno de los sectores políticos que han tenido la responsabilidad de conducir los destinos de esta patria, surgida de las luchas heroicas que a principios del siglo XIX emprendió el pueblo venezolano contra el imperio español y bajo la genial conducción de Simón Bolívar (Como lo demuestran las fuentes  documentales).

 

Cuarto: La realidad anterior, ha oficializado entre nosotros una política  MEMORICIDA de Estado (crimen contra la memoria cultural venezolana), la cual ha sido responsable de la destrucción sistemática de miles de piezas documentales de inestimable valor histórico y cultural y mantiene a muchas otras en peligro de correr la misma suerte. Por tanto, aceptar la continuación de esa  inicua y vergonzosa problemática que atenta contra nuestra identidad venezolana, latinoamericana y caribeña, es sencillamente perverso y criminal, pues, allí se resume un comportamiento incongruente, impropio y discordante por parte de quienes aseguran ser soldados al servicio de la revolución socialista y de sus objetivos estratégicos de independencia y soberanía nacional, pero que a su vez permiten desaparezcan los elementos que forman las trabazones que por la historia y la cultura unen, identifican y avivan la hermandad entre nuestros pueblos.

 

Quinto: Por tanto, si de verdad queremos diferenciarnos y enterrar definitivamente tan nefasto y acusador expediente que como lastre arrastramos del sistema del Capital,  es preciso derribar la concepción de la clase burguesa según la cual los centros de información y documentación son espacios sólo para uso de letrados consagrados y no para el pueblo y los trabajadores. Es a partir de esta trampa ideológica que se le hace creer a estos últimos que no necesitan estudiar las fuentes documentales históricas para comprender los procesos políticos y económico-sociales del país desde su propia concepción clasista, sino desde la de sus explotadores (falsa conciencia) y los convierte en seres indiferentes frente a cualquier circunstancia que provoque la destrucción de la documentación de valor histórica y cultural de su país.

 

Sexto: Desde el año 1999, los venezolanos preocupados por superar la nefasta y excluyente situación líneas arriba esbozada, experimentamos el renacer de una esperanza. Esto ocurrió a partir del momento en que asumió el poder político del viejo Estado el actual Presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías y se produjo la posterior aprobación del nuevo texto constitucional, en cuyo artículo 99 se estableció una norma precisa para la protección de la memoria histórica nacional. Sin embargo, la situación en el estado Falcón no ha cambiado y en muchos casos se ha profundizado la crisis descrita.

 

Séptimo: En el estado Falcón, las infraestructuras de bibliotecas y archivos, bajo responsabilidad de la administración nacional, regional o local, están en tan deplorables condiciones físicas que el material en ellas guardado, corre el riesgo de perderse totalmente. Por todo esto, debe adquirirse el compromiso que, ante la destrucción patrimonial falconiana que presenciamos, tanto gráfica como intangible, se establezca de forma definitiva una política de Estado que, mediante una Ley Especial Regional, constituya un sistema de patrimonio documental para garantizar su protección adecuada y uso social, integre a los centros que los custodian y oriente sus adscripciones al o a los organismos nacionales rectores de las políticas de conservación de la memoria escrita del país, se inserte en la plataforma de las tecnologías de difusión y transmisión de información y gestione los espacios y recursos requeridos para albergar, diseñar y ejecutar los planes estratégicos previstos para el cuidado y desarrollo de los programas de formación del funcionariado encargado de su organización y trato.

 

Octavo: Con el propósito de aportar alternativas que contribuyeran a dar respuestas y ayudaran a superar esta problemática, quienes suscribimos el presente documento público, haciendo uso de la nueva legislación que permite la formación de Leyes por iniciativa popular, elaboramos un anteproyecto denominado “Ley de Patrimonio Documental del Estado Falcón” (LPDEF). A partir de ese momento se dio inicio a un proceso en el cual su texto fue sometido a una amplia y democrática discusión en la que participaron Maestrantes de Historia, estudiantes de Misión Sucre, funcionarios de bibliotecas y archivos y ciudadanos organizados en Consejos Comunales de la región. Posteriormente, esa voluntad colectiva expresada en ese instrumento legal, se consignó por ante el Consejo Legislativo de nuestra entidad el 14 de diciembre del año 2011, se sometió a dos sesiones de discusión reglamentaria y se aprobó con el voto unánime de sus integrantes el día 19 de junio de 2012.

 

Noveno: Sin embargo, ciudadana Gobernadora, inesperada y lastimosamente nos hemos enterado que en oficio suscrito por usted de  fecha 27 de julio del año 2012, su administración tomó la decisión de no firmar el ejecútese del referido instrumento legal, alegando: “En consecuencia del análisis de los artículos transcritos (se refiere a los artículos 2, 6, 9 y 26 de la LPDEF) se desprende que la Ley bajo estudio requiere de recursos presupuestarios y financieros que comprometen a la gobernación del estado Falcón, sin que estos recursos se encuentren previstos en la respectiva Ley de Presupuesto 2012 […] En segundo lugar, se debe destacar que durante el procedimiento de discusión para la aprobación de la ley de patrimonio documental y tomando en consideración que la misma comprometería el presupuesto del estado, se omite la consulta a los órganos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la Constitución Federal del estado Falcón…”. De tal forma que fue a partir del anterior criterio legal glosado con el que usted fundamentó su solicitud al Consejo Legislativo del estado Falcón  para que éste procediese a “levantar la sanción” de la novísima Ley patrimonial referida.

 

Décimo: En atención a lo anterior, y con el debido respeto, consideramos que los criterios esbozados previamente por usted no son razones valederas para que se impidiese la puesta en ejecútese de un instrumento legal que ha sido fruto de una amplia discusión popular y tiene, en su espíritu y propósito, el sentido de detener la destrucción progresiva de la memoria histórica escrita de los venezolanos (concretamente la de los falconianos). Por consiguiente, pensamos que: a) nunca fue cierto que la Ley en comento comprometiera el presupuesto del 2012 del estado Falcón, pues, ella establece, en su artículo 7, la previa designación por parte de su despacho, de “…una Coordinación Técnica-Profesional de cinco (5) integrantes, tres  (3)  de los cuales serán designados por el gobernador o gobernadora del estado Falcón, previa selección por concurso de credenciales, uno (1) nombrado por las organizaciones del Poder Popular y, uno (1) representante del Consejo Legislativo del estado Falcón”, y la cual tendrá como funciones, según el artículo 11 ejusdem “…Elaborar el proyecto de presupuesto anual del sistema regional del patrimonio documental y presentarlo al organismo oficial correspondiente y una vez aprobado, velar por su correcta ejecución”; por tanto, es inexacto y absurdo  pensar que los propiciadores de esta herramienta legislativa (LPDEF) pretendiésemos la asignación de recursos del presupuesto 2012 a dicha Coordinación Técnica, pues, todos sabemos que ello se hubiese traducido en una aspiración ilegal y violatoria de expresas disposiciones que rigen esa materia. Además, como se ha explicado antes, la designación del organismo Coordinador es potestad de tres entidades: Ejecutivo, Legislativo y Poder Popular, y al momento de producirse dicho acto administrativo, muy bien se hubiesen podido fijar los términos relacionados con ese asunto; b) Esta ha sido la única Ley de iniciativa popular que ha tenido la oportunidad de recibir y aprobar el cuerpo legislativo falconiano, superando el viejo criterio de la cuarta república que aún permanece estatuido en el artículo 111 de la Constitución Federal del estado Falcón, y la cual ha acostumbrado al liderazgo regional a que un reducido sector del Estado Constituido, determine el destino del Poder Originario, cuando más bien la iniciativa debe orientarse al cambio total de esa conservadora legislación que sigue siendo expresión patética del Viejo Orden Liberal, todavía vigente y dominante en Falcón y Venezuela. Asimismo, debemos recordar que el artículo 99 de la Constitución vigente, compromete al Estado venezolano, en cualquiera de sus expresiones, a proteger todo lo que representa la memoria histórica de la nación, y en ese sentido expresa: “Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la autonomía de la administración cultural pública en los términos que establezca la ley. El Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la Nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La Ley establecerá las penas y sanciones para los daños causados a estos bienes.”

 

Undécimo: Ciudadana Gobernadora, sobre el patrimonio escrito y las costumbres corianas, ronda hoy, como nunca antes, el fantasma de la desaparición del vínculo memorial y sin él, como bien dice Fernando Báez (2004), es imposible alimentar "...un sentimiento de afirmación y pertenencia [...] y afianzar o estimular la conciencia de identidad de los pueblos en su territorio [...] Un libro se destruye  con ánimo de aniquilar la memoria que encierra, es decir, el patrimonio de ideas de una cultura entera...". En la región falconiana, la amenaza de la desmemoria es evidente y más aún cuando inmutablemente hemos ido aceptando se nos suplanten nuestras costumbres y tradiciones por otras totalmente ajenas a nuestra realidad histórico-social y sin importarnos empezar a carecer de la memoria propia.  

 

Finalmente, ciudadana Gobernadora, queremos expresarle que son éstas y muchas otras las razones que hoy nos impulsan a dirigirnos a usted para solicitarle que, desde el concepto revolucionario de gobernar obedeciendo al pueblo: a) reconsidere su decisión de negar el ejecútese a la Ley de Patrimonio Documental del estado Falcón (LPDEF); y,  b) que se imponga de inmediato un criterio que oriente la solución de esta tragedia en la que se encuentran nuestros acervos memoriales escritos y los cuales deben ser conservados (organizados, automatizados, ubicados en edificaciones adecuadas y garantizar su utilidad social), no como si fuesen una suerte de carga inútil arrimada al presupuesto regional, sino como una obligación derivada del artículo 99 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de una política antiimperialista, soberana y de liberación nacional que debe guiar la acción de quienes nos esforzamos por cimentar el nuevo Estado Socialista que se proyecta para nuestro país y que no podrá jamás nacer y desarrollarse con fortaleza, si lo hace huérfano de la necesaria construcción teórica, ideológica y conceptual que sólo logrará alcanzar con el estudio de las fuentes históricas-culturales que se guardan en esa memoria patrimonial escrita venezolana y americana y la cual se ha formado a partir de las luchas, sacrificios y esfuerzos colectivos que, en tiempos y lugares distintos de nuestra patria, con dignidad y valentía, llevaron adelante nuestros ancestros .

 

Sin otro particular que exponerle, nos suscribimos de usted expresándole nuestra mayor estima, consideración y respeto.

 

 

Atentamente

Colectivo “En Defensa del Patrimonio Documental del Estado Falcón”

 

Nombres y Apellidos	Cédula	Profesión
Luis Oswaldo Dovale Prado	4.108.263	Historiador / Prof. Maestría en Historia UCLA-UNEFM
Humberto Trómpiz Valles	2.826.644	Historiador/ Prof. Maestría en Historia UCLA-UNEFM
Candelaria M González R.	15.702.740	Lcda. Educación / Maestrante en historia
Secundino Urbina	998.666	Médico / Docente UNEFM
Antonio Concha Toledo	12.489.233	Dr. Educación / Profesor UNA
Cástor Núñez	9.503.106	Abogado Especialista en Derecho Comunal
Raúl Dovale Prado	4.639.583	Abogado / Especialista en Derecho Laboral
Lourdes Ferrer M	12.732.778	Archivóloga UNEFM
Alexis Antequera	7.492.007	Director del Programa “Conservación y Restauración del Bien Cultural Mueble” UNEFM
Rafael Dovale Malaver	18.199.781	Abogado / Profesor UNEFM
Ángel Medina	2.788.660	Abogado / Secretario de Organización del PCV-Falcón
Ramón Chirinos	9.931.401	Docente / Maestrante en historia
Dulce Marrufo	7.496.885	Coordinadora General de la Maestría en Historia UCLA-UNEFM
Ángel Velásquez	4.108.634	Sociólogo / Profesor de la Maestría en Historia UCLA-UNEFM
Wilmara Borges	17.179.633	Docente UNEFM / Maestrante en historia
María Lilo Vidal	9.511.178	Comunicadora Social / Profesora UNEFM
Luis Ángel Acacio	3.361.969	Comunicador Social
María Roque	15.557.082	Docente / Maestrante en historia
Oriana López	18.292.126	Docente / Maestrante en historia
Yazmira Córdoba	11.478.203	Docente IUTAG / Maestrante en historia
Norquis Chirinos	11.479.919	Docente / Maestrante en historia
José Reyes	10.708.442	Docente / Maestrante en historia
Zuly Jiménez	12.178.462	Docente / Maestrante en historia
Debby Sivira	11.477.955	Docente / Maestrante en historia
Alexis Gutiérrez	17.350.403	Lcdo. en educación / Funcionario bibliotecario
Gauni Gutiérrez	11.806.469	Estudiante de “Información y Documentación” Misión Sucre
Johanna Ibañez	16.942.941	Estudiante de “Estudios Jurídicos”-UDEFA
Javier Domínguez	9.521.883	Profesor UNEFM
Liz Calles Ruiz	18.880.549	Lcda. en Desarrollo Empresarial
Rosalba Weffer Noguera	9.504.059	TSU en Información y Documentación
Edwin Sánchez	16.829.923	Docente / Maestrante en historia
Elvis Sánchez	15.460.442	Docente / Maestrante en historia
Douglas Hernández	5.290.373	Artista visual / Estudiante del programa Conservación y Restauración de Bien Cultural Mueble UNEFM
Guillermo Bracho	11.141.595	TSU en Información y Documentación, estudiante del programa Conservación y Restauración de Bien Cultural Mueble UNEFM
Jaivierys Gutiérrez	19.927.803	Lcda. en Conservación y Restauración de Bien Cultural Mueble UNEFM
Irca Mora	16.348.890	Estudiante del programa Conservación y Restauración de Bien Cultural Mueble UNEFM
Jesús Reyes	17.629.148	Estudiante del programa Conservación y Restauración de Bien Cultural Mueble UNEFM
Jaiso Gauna	24.351.181	Estudiante del programa Conservación y Restauración de Bien Cultural Mueble UNEFM
Jair Gauna	20.619.038	Estudiante de Medicina UNEFM
Maholys Ortega	15.460.984	TSU en Información y Documentación
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