América Latina y la lógica infernal del capital




Los Estados capitalistas dependientes que, en América Latina, tienen gobiernos llamados “progresistas” que se rehúsan a aplicar las políticas impuestas por el Consenso de Washington, están atrapados en un engranaje que devora continuamente los esfuerzos en pro de un cambio económico y social y reproduce y agrava el pasado, afirmando de paso las políticas neoliberales que esos gobiernos declaran rechazar.

Sus economías viven cada vez más de la exportación de commodities, sobre la base del cultivo de unos pocos productos exportables; además, necesitan inversiones extranjeras para impulsar una industrialización de base y la creación de infraestructuras porque el gran capital controla el ahorro nacional y lo exporta y los grandes capitalistas exportan legal o ilegalmente capitales y ganancias por cientos de miles de millones de dólares.

Los bancos, las grandes industrias exportadoras o productoras de alimentos y bienes de consumo, incluso buena parte de la tierra están en efecto en manos extranjeras y su producción y exportaciones son, en realidad, un comercio interno entre la matriz y diversas filiales de empresas transnacionales.

Los autos “argentinos”, por ejemplo, son FIAT, FORD, GM, o de otras marcas similares, el acero “argentino” es de la transnacional Techint, los granos exportados de Cargill, Bunge y Dreyfus, grandes transnacionales del sector y la propiedad del gas, del petróleo, de la electricidad sigue estando en manos de empresas extranjeras pues la cacareada “renacionalización” de YPF se limitó meramente al control por parte del Estado del 51 por ciento de las acciones del ex socio mayoritario –REPSOL- que continúa formando parte de la empresa, la cual es una empresa mixta, no estatal, mientras el 68 por ciento de los yacimientos que existen en el país son explotados por otras empresas igualmente privadas y en su inmensa mayoría extranjeras. PETROBRAS, por su parte, no es brasileña sino que es una empresa mixta y lo mismo sucede con la gran mayoría de las palancas de la economía boliviana o ecuatoriana.

Esos gobiernos, para mantener el alto nivel de ganancias de los empresarios, deben mantener bajo control los ingresos reales de los trabajadores, lo cual impide un aumento mayor de la construcción de viviendas y del consumo de bienes esenciales y, por consiguiente, mantiene una importante parte de la población económica activa en el sector llamado “informal” (de desocupación disfrazada), en el desempleo estructural y en la pobreza. Los cuantiosos subsidios estatales en realidad no tienen como principal motivación aliviar la pobreza y asegurar un mínimo de consumo sino, sobre todo, abaratar la mano de obra al reducir el precio de los servicios, en particular el transporte, y de algunos “bienes salario”. Son subsidios al sector patronal porque el Estado contiene así las demandas salariales y asegura una mano de obra barata pero con alta productividad.

Esa política de sostén estatal a las ganancias patronales en los tiempos de crisis, como el actual, es insostenible y no puede impedir ni los despidos ni un nuevo aumento de la pobreza y el número de desempleados; ni siquiera traba la desindustrialización relativa porque, cuando la especulación se concentra sobre el sector de granos forrajeros o alimenticios (soya, maíz, trigo) es mucho más lucrativo poner los capitales en ese comercio que invertir a largo plazo en mercados asfixiados por la escasa capacidad de consumo de una gran masa de su población.

Como, por otra parte, los intentos de unificar esfuerzos, por ejemplo, en el marco del MERCOSUR, son fructíferos sólo a mediano o largo plazo pues, por importantes que sean, no arrojan resultados inmediatos y no hay aún una estrecha cooperación financiera entre los países miembros ni una moneda común y como dichos esfuerzos deben vencer los intereses particulares de cada país, la coordinación y una posible unificación aparecen más como una meta que como una solución inmediata.

Eso lleva a recurrir desesperadamente a una nueva panacea: el desarrollo de la minería, para extraer oro y metales y tierras raras, cualquiera sea el precio social, ambiental y político. También conduce a la reducción al máximo de los márgenes democráticos, para callar las protestas de la sociedad y para adoptar decisiones repentinas, desde arriba e inconsultas, chocando así con la base social de esos gobiernos y pisoteando leyes e instituciones.

De este modo, gobiernos que fueron el resultado directo o indirecto de movilizaciones por la democracia y por un cambio social restringen ahora los márgenes de la democracia y reproducen el viejo orden social, debilitándose.

No se sale de los males del capitalismo con más capitalismo. La solución a ese nudo gordiano nuevamente es la de Alejandro: cortarlo. Ahora bien, es imposible la autarquía y no es posible comerse la soya y prescindir del comercio exterior. Pero el mismo podría ser monopolizado por el Estado, que vendería la producción en el exterior pagando en pesos a los productores. Es posible igualmente dar prioridad al futuro, a las próximas generaciones, preservando el agua y el ambiente en vez de regalárselos a las mineras extranjeras, y es factible comenzar a planificar la producción y los consumos y a reconstruir el territorio, considerando en conjunto, con los países vecinos, los recursos, los medios, las necesidades.

Precisamente porque la crisis es profunda y duradera y, contrariamente a muchas fanfarronadas dichas hasta hace poco, nuestros países no están blindados contra ella, la alternativa es clara: seguir en este juego y hundirnos aún más o tomar medidas radicales que puedan ayudar a una transición fuera realmente de la lógica infernal del capital contando con el apoyo y la movilización de los trabajadores y las poblaciones. Eso requiere dejar de lado la arrogancia de los ignorantes. No es tiempo para decisiones de gabinetes de tecnócratas sino de discusión pública y democrática de lo que se debe hacer ante los grandes problemas.

Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso.

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