Caracas, 31 Mar. ABN.- Con la firma de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de las operadoras petroleras sobre los acuerdos para la migración de los convenios operativos a empresas mixtas, hoy en Miraflores se sepulta públicamente una historia que comenzó hace 13 años con bombos y platillos y que, una década después, demostró ser un pésimo negocio para el país.

La historia oficial de los convenios comienza en 1993. Sin embargo, será en 1997, en las postrimerías del segundo mandato de Rafael Caldera, cuando se hace la firma de convenios más publicitada, en la cual se acuerdan 17 de los 32 existentes hasta el año pasado.

En aquel momento, con un Gobierno que había sufrido una crisis bancaria como jamás la había visto el país (llevó la inflación a 100%), la firma de los convenios en 1997 junto a otro conjunto de medidas hacían ver que Venezuela marchaba por el camino económico correcto.

Sin embargo, el barril de petróleo cayó en diciembre de 1997 producto de la crisis asiática, situación aderezada con el hecho de que Venezuela, junto a otros países, no respetaba sus cuotas de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Lo anterior contribuyó a que Venezuela recibiese por barril menos de 10 dólares, un precio que hacía inviable el presupuesto nacional y que hizo terminar la ilusión del supuesto despertar de la economía nacional.

Posteriormente, ganó las elecciones de 1998 el actual presidente, Hugo Chávez Frías. El triunfo estuvo impulsado por la profunda necesidad de justicia de las grandes mayorías, que llevaba implícita la creación de un nuevo contrato social, tal como una nueva constitución y, por ende, una profunda revisión de todas las instituciones.

Será entonces en este periplo cuando el Ejecutivo se encuentra con esa caja negra que era Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal industria del país.

Entre esas sorpresas guardadas dentro de la caja negra se encontraban los convenios operativos, que fueron puestos al descubierto por el informe correspondiente a los años 1999 y 2000 del Comisario de Pdvsa, Rafael Darío Ramírez Coronado.

Entre las anormalidades que señala este documento destaca lo siguiente: «El costo unitario por barril producido fue de 4,28; 0,43 dólares más que el estimado de 3,85 y 0,09 por debajo del costo de 1998 que fue de 4,37 dólares por barril».

«Al contrastar estos valores con los logrados mediante esfuerzo propio, encontramos que el costo de un barril para la petrolera venezolana fue de 2,62 dólares, lo que equivale a 1,66 dólares menos del logrado en los convenios», continua el informe.

Quiere decir que los barriles producidos por los convenios, y que Pdvsa estaba obligada a comprar, costaban más del doble que los generados por gestión directa de la empresa.

Pero si se incluían los honorarios y demás desembolsos que debían hacerse por producir petróleo, señalan los expertos que un barril proveniente de un Convenio Operativo tiene un costo aproximado de 17 dólares, frente a los 10 dólares que costaba el generado por Pdvsa.

A pesar de que los convenios operativos tenían como principio la reactivación productiva de campos marginales -pozos cuya producción primaria ya ha sido explotada y que requiere de métodos de extracción especiales-, algunos yacimientos entregados a través de estos contratos aún mantenían producción comercial.

A pesar de que lo negativo de estos convenios para el país estuvo tan claro desde 2000, sería después del sabotaje petrolero de 2002 que se podría revertir este proceso.

Ese sabotaje se produjo cuando la autodenominada «meritocracia» de la vieja Pdvsa es forzada a salir de los puestos de mando de la industria petrolera, después de causar un sabotaje que costó más de seis millardos de dólares en pérdidas para la economía venezolana.

Después de estos sucesos, nuevos mandos integraron Pdvsa y se decidió, entre otros asuntos fundamentales, que los convenios operativos migraran a la figura de empresas mixtas.

Esta figura permite que la petrolera estatal tenga el control accionario de los negocios y sea ella, con base en la estrategia de desarrollo de la nación, el organismo que oriente los nuevos negocios.

De esta manera se pone fin a la historia de lo que algunos analistas han considerado un proceso lento y cuidadosamente planificado para que se revirtiera el proceso de nacionalización de la industria petrolera venezolana.