Caracas, 25 May. ABN (Xiomara Borges).- El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, dejó en manos de la Asamblea Nacional (AN) la revisión de los convenios operativos petroleros firmados, entre las transnacionales y la nación, entre 1992 y 1997.

Así se pudo concluir tras la respuesta que dio el alto funcionario al parlamento en torno a si el Gobierno está decidido a revocar los contratos firmados en el marco de la apertura petrolera y asumir las operaciones de explotación petrolera que efectúan estas transnacionales.

Para Ramírez, este punto se reduce a cuál organismo le corresponde la competencia de dirimir el asunto. En este sentido, dijo que el Ministerio de Energía y Petróleo actúa dentro de las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Dijo que, por eso, al mencionado ministerio le compete actuar en los temas referidos a los ajustes de las regalías y en los que están vinculados a la conservación de recursos.

Enfatizó que en la firma de los convenios se presentó una desviación expresa de los contratos por parte de las transnacionales petroleras.

"Por eso, nosotros creemos que la Asamblea Nacional debe tomar acción en la determinación de estas desviaciones que aquí sucedieron y que avaló el antiguo Congreso de la República en cámara plena, cuando aprobó el proyecto presentado por las compañías transnacionales", dijo Ramírez.

El ministro dijo que estas compañías acometieron otro proyecto, por lo que no le corresponde a PDVSA determinar cuál es la sanción, si la hubiese, o cuál debería ser el comportamiento de ese conjunto de compañías que se desviaron completamente de lo que el Congreso de la República aprobó en esa oportunidad.

Supone el ministro que la Comisión Especial del parlamento que investiga las firmas de convenios petroleros en los años 90, y por cuya invitación compareció este miércoles para que aportar información sobre la materia, sancionará y hará recomendaciones.
Para Ramírez, lo importante es restablecer la soberanía y majestad del Estado venezolano, pues constitucionalmente es el único responsable de la administración de este vital recurso para el desarrollo nacional.