El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, anunció la decisión del Ejecutivo nacional de revisar la contabilidad de las empresas petroleras venezolanas y transnacionales que participaron en los 32 convenios operativos suscritos con Pdvsa a partir de la apertura petrolera de 1992.

Ramírez dijo que sólo en 2004 se contabilizaron pérdidas por 260 millones de dólares, pero cuando se concluya la contabilidad de todos los pagos "vamos a encontrar un volumen de pérdidas extraordinario".

El problema fue identificado en 1999 y entre ese año y 2002 Pdvsa obvió las instrucciones del Ministerio de Energía y Minas, lo cual se dilucidó a partir del momento en que el Estado obtuvo el control total de la industria.

“El origen de todos los convenios está viciado”, comentó. La perspectiva, expresó, es ir en base a la Ley de Hidrocarburos, ir a una “asociación mixta” con 51% de participación para Pdvsa, tener derechos establecidos en la ley y proseguir a una extensión de las actividades por un lapso de 25 a 30 años, tal como lo establece la legislación actual.

Los convenios

Los acuerdos fueron firmados en tres rondas. Tres en la primera, cuyas contratistas recibieron dos pagos, uno por costos operativos y otro por amortización de capital invertido.

Cifra que en 2004 significó 3.000 millones de dólares para Pdvsa en costos.

En la segunda ronda se firmaron 11 convenios por los cuales, además de los mecanismos de indexación de los costos por el precio del petróleo y el volumen de crudo producido, las contratistas reciben incentivos para producción.

Hay convenios operativos en los que cada tres días Pdvsa debe darles un bono de un millón de dólares para que sigan produciendo crudo.

"En 10 de los 11 convenios los pagos a las contratistas en 2004 (...) causaron cuantiosas pérdidas a Pdvsa por 249 millones".

Los de la tercera ronda fueron 13 acuerdos por los cuales las contratistas reciben un pago que cubre los costos de producción base de entre 30% y 100% del valor de esa producción.

En estos convenios, las pérdidas para Pdvsa sumaron 5 millones de dólares cifra que, sumada a las pérdidas directas para Pdvsa por todos los convenios operativos en 2004, totalizan 260 millones de dólares.

Insostenibles

De los 32, “hay 16 (con una situación) inviable e insostenible. Es una cuestión de emergencia, por lo tanto nuestra discusión la vamos a priorizar con ellos”, expresó.

Ramírez aclaró que en caso de que algunas compañías deseen ir al arbitraje por no compartir la revisión de los contratos "se cumplirá el arbitraje".

Asimismo, esclareció que el asunto hay que ponerlo en términos comerciales porque son dos empresas que tienen una diferencia de lo que era el propósito inicial y no se puede seguir tolerando esa situación porque “es insostenible frente al país (...) Es insostenible mantener una relación contractual que produce pérdidas (a Pdvsa) y ninguna empresa lo haría, pues de ésas que operan en el país he visto que toman sus decisiones para mejorar sus números y nosotros estamos en el derecho a hacerlo también”.

Evasión

Ramírez significó que en el presupuesto de Pdvsa se destinaron 12 millardos en 2004 para la producción petrolera de 3.1 millones de barriles diarios y para producir 500.000 de los convenios operativos "se consumieron 3 millardos", lo que ubica "el costo de operación de los convenios en 14 dólares por barril contra cuatro dólares de Pdvsa".

Igualmente, adelantó que el Seniat evalúa los convenios y se ha encontrado que la mayoría de ellos no han pagado impuesto sobre la renta desde el inicio de sus operaciones, y con los actuales precios del petróleo esas compañías declaran pérdidas permanentes. Eso se traduce en una evasión fiscal con pérdidas netas para la nación.

Decisiones

Ante esa situación, el Ministerio de Energía y Petróleo instruyó a Pdvsa no pagar a las contratistas una suma superior a 66,67% del valor de los hidrocarburos producidos porque es inaceptable que la Casa Matríz tenga pérdidas en lo que son simples contratos de servicios, por lo que la industria tiene el derecho de exigir los ajustes contractuales o implementarlos unilateralmente.

Del mismo modo, Pdvsa y el ministerio apoyarán al Seniat en su investigación, y a la vez que el ministerio tomará medidas en todas las licencias futuras que garantizarán el pago efectivo del Islr. Dicha medida consiste en introducir el equivalente de una regalía adicional.

Esa política ya se está implementando en las nuevas licencias de gas natural del Proyecto Rafael Urdaneta que prevé regalía de un dozavo efectivo a los 18 meses de iniciarse la producción comercial.

El ministro destacó la existencia de condiciones para iniciar un proceso de discuciones y superar hechos ilegales que van contra el espíritu de la ley vigente para el momento en que se suscribieron los convenios. La discusión y sinceración de los convenios permitirá cumplir el objetivo de lograr la migración de todos los convenios al marco de la Ley de Hidrocarburos vigente.

EMPRESAS

Petrobras Energía

Shell de Venezuela

EniDación B.V

Chevron-Texaco

Tecpetrol

Coparex

Total Oil & Gas

Brittish Petroleum

Repsol-YPF Venezuela

BP Venezuela Holding

China National P.

Compañía General de Combustible

Harvest-Vinccler

Ampolex

Preussaug

Perenco Venezuela

Teikoku Oil

Open

Cartera de Inversiones Petroleras

Nimir Petroleum C.

Ehcopek

Petróleo y Gas

West Falcon Samson Hydrocarbons

Suelo Petrol

Inelectra

Inversiones Polar

DATOS

La figura de convenios operativos, se inicia en 1992, el Programa de Reactivación de Campos Petroleros, para licitar entre inversionistas privados campos abandonados por baja rentabilidad, con el propósito de reiniciar la producción de crudos en estas áreas.

Hasta el presente han sido asignadas 14 áreas inactivas en dos rondas licitatorias. En 1997 se llevó a cabo una tercera ronda, en la que se adjudicaron 17 de los 20 pozos petroleros por dos mil millones de dólares. Este tipo de convenio dura 20 años.

ANTECEDENTES
La figura de convenios operativos se inició en 1992 para licitar, con la participación de inversionistas privados campos abandonados por baja rentabilidad con el propósito de reiniciar la producción de crudos en estas áreas. Con la nueva Ley de Hidrocarburos, se prevé una participación del Estado de 51%.