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En declaraciones a ABN, el presidente de la Subcomisión de Energía Eléctrica de la Asamblea Nacional, diputado Hugo Márquez, recordó que la Ley vigente está totalmente desactualizada, ya que fue aprobaba en el año 2001 y dejó abierta la posibilidad de que el sistema eléctrico nacional pudiera ser privatizado, básicamente en los sectores de transmisión y distribución.
“El sector eléctrico debe estar en manos del Estado, por eso es pertinente la reforma de esta Ley. Uno de los objetivos es adecuarla a la nueva situación del país, tomando en cuenta que sectores que antes estaban en manos privadas hoy día fueron nacionalizados, tal es el caso de la Electricidad de Caracas”, expresó.
La idea es establecer como principio fundamental que el servicio eléctrico sea un derecho social y humano, al cual deben tener acceso todos los venezolanos, sin distinción de clase.
“Las empresas eléctricas deben tener una gerencia que les permita autosostenerse económicamente, ya que actualmente las pérdidas del sistema eléctrico son cuantiosas”, apuntó.
Explicó que no todos aquellos que se sirven del sistema eléctrico pagan su consumo; Otros tantos poseen medidores, pero éstos son fraudulentamente manipulados para pagar, incluso, hasta la mitad de lo que consumen.
“Si logramos la implementación de esta Ley, podremos establecer tarifas sociales para los sectores económicamente más desposeídos, sin vulnerar la salud financiera de la empresa, ya que se incluirían nuevas políticas de cobranzas efectivas y eficientes”, subrayó Márquez.
Esta propuesta será llevada a parlamentarismo social, especialmente a las mesas de energía y a las empresas venezolanas, las cuales podrían efectuar aportes importantes que blinden los planes privatizadores y garanticen el uso eficiente y racional de la electricidad.
“El informe lo estamos redactando en la subcomisión, aspiramos a finales de febrero tenerlo listo y discutirlo en la comisión permanente, para luego llevarlo a consulta pública y después a la plenaria de la Asamblea”, concluyó.