El gobierno venezolano no ha entendido la jugada norteamericana reciente, cuando Barack Obama colocó su firma en una orden ejecutiva que declara a su país en emergencia nacional por “inusual y extraordinaria amenaza a la Seguridad Nacional y a la política exterior de los Estados Unidos”” como consecuencia de las supuestas acciones ejecutadas por Venezuela.
La categoría legal contenida en el título 50 capítulo 35 dedicada a "PODERES ECONÓMICOS DE EMERGENCIA INTERNACIONAL" activadas en su país, y de manera paralela las sanciones aplicadas a 7 funcionarios nuestros son dos casos diferentes, pero presentados al mismo momento para confundir la atención de los gobernantes venezolanos.
En la amplísima aplicabilidad de la declaración, las sanciones declaradas en la prohibición y confiscación de bienes a los funcionarios cumple la función de desviar la atención en la defensa de las autoridades, dejando en segundo plano lo más importante, el reclamo a la explotación petrolera ilegal autorizada por Guyana a la compañía estadounidense Exxon Móvil en la plataforma continental de un territorio reclamado por dos países inmersos en un conflicto, legalmente manejado en laudo arbitral que, establece una prohibición a la explotación de hidrocarburos y minerales.
Estados Unidos está en emergencia nacional por una amenaza, pero no militar, sino, económica, razón que lo obliga a buscar materia prima fuera de su territorio. Venezuela no es un país potencialmente belicista o con armas nucleares para representar una amenaza, No obstante, considerando el posible reclamo e intervención en defensa de su soberanía podría generar enfrentamientos armados en baja escala.
El gobierno norteamericano al considerar la posibilidad del abordaje de las Fuerzas Armadas Bolivarianas en su recorrido permanentemente al custodiar la plataforma marítima continental atlántica de nuestro país, incluida parte de la zona en reclamación, con orden expresa del gobierno venezolano solicitando la prohibición de plataformas en la zona por ilegales, actúan con previsión a las posibles y justas acciones a desarrollar en protección de la soberanía y resguardo territorial, activando la sección 1701 que otorga poderes especiales al presidente norteamericano dentro de la legalidad de su país, manifestadas en un texto que señala: “cualquier autoridad otorgada al presidente por la sección 1702 de este título puede ser ejercida para enfrentar cualquier amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su fuente totalmente o una parte sustancial, fuera de Estados Unidos, para la seguridad nacional, LA POLÍTICA EXTERIOR, O ECONOMÍA.
Existe un precedente en las islas Malvinas, un espacio geográfico en conflicto donde no se respetó la disputa entre ambas naciones y se instalaron plataformas petroleras del Reino Unido de Gran Bretaña.
Es la economía norteamericana casi en default la que preocupa al gobierno. No son 7 o más funcionarios venezolanos conscientes que ya no deben tener bienes en ese país, los que generan la preocupación. Es la búsqueda afanosa de materias primas para poder sostener un sistema consumidor tambaleante, atrevido e irrespetuoso de las soberanías de otros países. Es la violación de leyes internacionales reconociendo solo las propias. Voy a explotar aquí, quien se oponga le tuerzo el brazo con mi prepotencia o fuerza militar.
Es obligación del estado venezolano nombrar una comisión diplomática de alto nivel que se dirija a Guyana para establecer conversaciones francas y sinceras que acuerden el respeto al laudo arbitral y, de la misma manera convenir reuniones permanentes que busquen la solución definitiva del laudo territorial. Otro punto importante, es convenir con la república Guyanesa la explotación binacional sin la intervención de otros países o potencias extranjeras.
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