Caracas, 14 Sep. ABN (Julio Pereira).- Con la asistencia de funcionarios de los distintos organismos de financiamiento del Estado, la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop) presentó el Plan Nacional de Fiscalización para este sector de la economía.

El superintendente, Carlos Molina, informó que la meta para el último trimestre del año es fiscalizar, por lo menos, a unas 2 mil 700 cooperativas de las cuales unas 700 fueron conformadas dentro de la Misión Vuelvan Caras.

La presentación del plan se llevó a cabo en las instalaciones del Fondo de Crédito Industrial (Foncrei) y contó con la asistencia del ministro para la Economía Popular, Elías Jaua, quien resaltó la necesidad de que las cooperativas acoplen su funcionamiento a la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas.

Molina destacó la importancia de asegurar la transparencia en la utilización de los recursos invertidos en los distintos proyectos productivos, así como de los contratos que dichas organizaciones han establecido con entes públicos.

Informó que la fiscalización se hará de manera articulada con los organismos públicos relacionados, por lo cual capacitan a los funcionarios designados para esta tarea, la cual se encuentra en una segunda etapa.

Estos empleados recibirán una acreditación que los facultará para fiscalizar a un determinado número de cooperativas, según refirió.

La acción responderá a las necesidades reportadas por cada institución u organismo público que participe en el proceso, aunque Sunacoop tiene un plan determinado para el período inicial de esta actividad.

El Superintendente resaltó que estas acciones impulsarán el desarrollo del nuevo modelo económico basado en el desarrollo endógeno, el cual está previsto en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007.

El citado plan de fiscalización responde a una serie de irregularidades detectadas y denunciadas reiteradamente por la Superintendencia Nacional de Cooperativas.

Entre los señalamientos más destacados está la subcontratación ilegal de trabajadores por parte de este tipo de asociaciones, que se lucran con el trabajo de personas no asociadas.

También se registra la exclusión de asociados de una cooperativa sin respeto a los trámites legales exigidos ni a los estatutos de la organización; la mala administración de los recursos, palpable en la falta de libros contables y de educación, y el desacato a las
providencias administrativas de la Superintendencia.

El órgano rector de esta actividad dispuso un coordinador en cada estado del país para que fiscalice a las cooperativas de forma conjunta con los funcionarios designados por los distintos organismos públicos participantes.

Molina agregó que este proceso permitirá la construcción de una base de datos para el desarrollo de indicadores, a fin de evaluar al movimiento cooperativista y detectar las distintas necesidades de estas unidades productivas.

Para la realización de este plan se desarrolló un mapa estratégico que divide el país en cinco zonas, mientras al estado Zulia se le brindará un tratamiento especial debido a la complejidad de esa región.