10 de noviembre de 2009.-Los 12 trabajadores que mantienen desde hace 8 meses la toma de la fábrica de empaques plásticos denominada Polímeros Ocaña, en la población de La Piedra, estado Yaracuy, solicitan al Presidente Chávez que tome la decisión de poner bajo control obrero esta fábrica, como hizo con la Industria Nacional de Artículos de Ferretería (INAF) el pasado domingo, cuando anunció el inicio del proceso de expropiación de dicha fábrica.

“Durante estos ocho largos meses hemos mantenido la toma de la empresa, resistiendo las agresiones del patrono y preparándonos para asumir el control de la producción y convertir esta empresa, que durante tantos años nos ha explotado a nosotros y mucha gente de este pueblo, en una empresa de propiedad social que nos permita vivir de nuestro trabajo y convertir el excedente en beneficios para nuestras familias y nuestra comunidad”.

Agregaron los trabajadores que para el momento del cierre por parte de los propietarios, contaba con 27 trabajadores, todos vecinos de la comunidad y la empresa procesaba más de 40 toneladas de polímeros de alta y baja densidad para la fabricación de empaques, que eran comercializados en su totalidad con una cartera de más de 50 clientes, que abarcaban la zona centro occidental del país e incluso Zulia y los estados andinos.

Hay 3 selladoras y 17 extrusoras en capacidad de producir, y una recuperadora para reciclaje de plástico cuya instalación no se ha terminado. Recientemente los propietarios habían adquirido nuevas maquinarias (2 flexográficas) para la impresión de rotulados y termoencogibles como parte de un plan de expansión.

El conflicto con el patrono empezó en mayo del año 2008, cuando un grupo de trabajadores inició los trámites para crear un sindicato y poder exigir mejoras laborales. Los patronos comenzaron un conjunto de acciones para evitar el registro del sindicato, lo que lograron, pero el núcleo de trabajadores que había asumido la iniciativa decidió crear una coalición de trabajadores para introducir ante la Inspectoría del Trabajo un pliego de peticiones que permitiera mejorar sus condiciones laborales, lo que hicieron a finales del año 2008.

Vale destacar que entre mayo y diciembre la empresa despidió a la mitad de la nómina, compuesta por 27 trabajadores fijos y 27 contratados, prescindiendo de estos últimos.

Para el 17 de diciembre de 2008 los patrones dieron vacaciones colectivas, y para el 19 de enero, cuando correspondía reincorporarse, los abogados del patrono realizaron una asamblea con los trabajadores para notificar que la empresa iba a cerrar sus puertas alegando inseguridad para los dueños, y que iban a proceder a liquidar a los trabajadores, ofreciendo un paquete tipo “cajita feliz” para que renunciaran voluntariamente.

Un grupo de 17 trabajadores acudieron a la Inspectoría del Trabajo para exigir el reenganche, y durante el proceso administrativo los propietarios comenzaron a sacar equipos de la empresa, por lo que los trabajadores decidieron tomar las instalaciones para resguardar los activos que garanticen sus prestaciones, toma que se mantiene desde marzo de este año.

Ante el panorama antes descrito ha habido diversas iniciativas para conseguir una solución al conflicto, desde algunos diputados al Consejo Legislativo, la Alcaldía de Peña y colectivos sindicales de la zona que han apoyado la lucha de los trabajadores. Se han hecho además reuniones conciliatorias en el ministerio del Trabajo, a las que no han acudido los patronos, quienes mantienen una actitud intransigente y descalificatoria de los trabajadores.

Los doce trabajadores y trabajadoras plantean asumir el control de la empresa, bajo la figura de empresa de propiedad social, para lo cual cuentan con el aval de los cinco Consejos Comunales de la zona, que en asamblea celebrada el 17 de mayo aprobaron solicitar al INDEPABIS que se tomara la medida de ocupación temporal de la empresa.

Argumentan que la empresa es una de las pocas que existen en la comunidad, y que su cierre afecta gravemente el bienestar de sus familias y de la propia comunidad, mientras que convertirla en una empresa de propiedad social garantiza la continuidad de la actividad económica que les da sustento y permite hacer a la comunidad partícipe de los beneficios que genere la actividad productiva, más cuando la mayor parte de la producción es parte de la cadena de producción y distribución de alimentos y por ende permite garantizar la soberanía agroalimentaria.

Funcionarios del INDEPABIS y de los ministerios del Trabajo y Comercio han visitado la fábrica, levantando informes y entrevistando a los trabajadores, por lo que el grupo de obreros y obreras considera que “sólo falta que el Presidente Chávez tome la decisión de apoyarnos para seguir construyendo el nuevo modelo de producción socialista que estamos comprometidos a impulsar con él y con nuestro compañeros de clase”.